11 Abril 2005
BUENOS AIRES.- Los proveedores de Internet deberán almacenar por diez años toda la información sobre sus clientes, de acuerdo con una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional y que ya despertó un fuerte rechazo desde diversos sectores.
La norma entraría en vigencia desde el 31 de julio y ordena que se almacenen los sitios que visitan los clientes, los correos electrónicos que envíen y reciban y el contenido de los chats en los que participen.
El objetivo de la ley, que ya despertó polémica, es guardar esos datos frente a la posibilidad de que puedan ser requeridos por la Justicia.
Según se conoció ayer a través de un matutino porteño, la ley fue sancionada sin ser previamente discutida en ninguna comisión y sin debate en el recinto. Y ya despertó polémica desde diversos sectores.
El diputado socialista Jorge Rivas recordó que cuando la ley fue sancionada por el Senado, pidió su derogación porque "viola la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos".
El legislador señaló, a través de un comunicado, que la intervención de cualquier tipo de comunicaciones sólo puede realizarse "en el momento en que se entabla, siempre y cuando se cuente con la autorización fundada de un juez federal en lo penal con jurisdicción".
"En consecuencia, la interceptación sólo es técnicamente posible desde el momento en que se obtiene esa autorización judicial y hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado", enfatizó.Según Rivas, la ley "sometería los actos privadísimos de los hombres a la acción de los magistrados, como si los argentinos viviésemos en una monarquía absoluta del pasado".Por su parte, la presidente de Unión por Todos, Patricia Bullrich, expresó su "enérgico rechazo" a esa iniciativa, por entender que "arrasa con los derechos y garantías constitucionales de los ocho millones de argentinos que usamos Internet".
"Esta ley pone a Argentina al tope de los países más inseguros jurídicamente del mundo, donde el individuo ya casi no vale nada", enfatizó la dirigente.
En tanto, el abogado de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea, Ariel Kaplán, puntualizó que esa entidad presentó un recurso de amparo "ante la inconstitucionalidad manifiesta de esta ley".
"Esta medida constituye una interferencia a la privacidad de cada argentino. Es una verdadera exageración, porque la Constitución dice claramente que los actos privados de los ciudadanos están fuera de la posibilidad de ser reglamentados legalmente", consiideró Kaplán, en declaraciones a radio 10.El abogado denunció que la norma "trata de imponer la figura de la 'policía del pensamiento', algo así como la policía que tiene que estar informada sobre lo que piensa cada uno". (NA)
La norma entraría en vigencia desde el 31 de julio y ordena que se almacenen los sitios que visitan los clientes, los correos electrónicos que envíen y reciban y el contenido de los chats en los que participen.
El objetivo de la ley, que ya despertó polémica, es guardar esos datos frente a la posibilidad de que puedan ser requeridos por la Justicia.
Según se conoció ayer a través de un matutino porteño, la ley fue sancionada sin ser previamente discutida en ninguna comisión y sin debate en el recinto. Y ya despertó polémica desde diversos sectores.
El diputado socialista Jorge Rivas recordó que cuando la ley fue sancionada por el Senado, pidió su derogación porque "viola la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos".
El legislador señaló, a través de un comunicado, que la intervención de cualquier tipo de comunicaciones sólo puede realizarse "en el momento en que se entabla, siempre y cuando se cuente con la autorización fundada de un juez federal en lo penal con jurisdicción".
"En consecuencia, la interceptación sólo es técnicamente posible desde el momento en que se obtiene esa autorización judicial y hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado", enfatizó.Según Rivas, la ley "sometería los actos privadísimos de los hombres a la acción de los magistrados, como si los argentinos viviésemos en una monarquía absoluta del pasado".Por su parte, la presidente de Unión por Todos, Patricia Bullrich, expresó su "enérgico rechazo" a esa iniciativa, por entender que "arrasa con los derechos y garantías constitucionales de los ocho millones de argentinos que usamos Internet".
"Esta ley pone a Argentina al tope de los países más inseguros jurídicamente del mundo, donde el individuo ya casi no vale nada", enfatizó la dirigente.
En tanto, el abogado de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea, Ariel Kaplán, puntualizó que esa entidad presentó un recurso de amparo "ante la inconstitucionalidad manifiesta de esta ley".
"Esta medida constituye una interferencia a la privacidad de cada argentino. Es una verdadera exageración, porque la Constitución dice claramente que los actos privados de los ciudadanos están fuera de la posibilidad de ser reglamentados legalmente", consiideró Kaplán, en declaraciones a radio 10.El abogado denunció que la norma "trata de imponer la figura de la 'policía del pensamiento', algo así como la policía que tiene que estar informada sobre lo que piensa cada uno". (NA)
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