Quieren que Ema Gómez rompa el silencio

La cantidad de pruebas que se acumulan en su contra obligarían a Ema Hortencia Gómez, una de las acusadas por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, a modificar la estrategia de su defensa. Hasta el momento, todas sus declaraciones fueron informales, por lo que en el expediente, que ya tiene más de siete cuerpos, hay muy pocas palabras oficiales de la ex agente. Pero, ante la posibilidad cierta -tal como lo reafirmó ayer el fiscal Guillermo Herrera- de que sería enviada a juicio, acusada por homicidio agravado, un delito que tiene como pena la prisión perpetua, estaría analizando seriamente la posibilidad de revelar su verdad.
Tal como lo adelantó ayer en exclusiva LA GACETA, las pericias de ADN que recibió el fiscal Guillermo Herrera ubican a Ema Gómez en la casa del juez en el día de la tragedia, el 26 de noviembre del año pasado, antes de que ella y un grupo de policías de Banda del Río Salí dijeran haber encontrado el cuerpo acribillado a balazos. Según los análisis, uno de los cabellos que tenía Aráoz en la mano eran de Gómez; los restos de piel que tenía ella bajo las uñas eran del magistrado, al igual que una gota de sangre que quedó en la suela de uno de los zapatos de la ex agente. "Ellos mantuvieron una pelea. No se puede decir que no hayan estado juntos ese día", indicó ayer el fiscal Herrera. Tanta seguridad tiene el fiscal en la resolución de la causa, que ya tiene pensado enviar a juicio a Gómez y al oficial Alejandro Darío Pérez, de cuya arma, según un informe de Criminalística, salieron los disparos mortales.

Sin confirmación
El abogado de Gómez, Mario Mirra, se excusó ayer de hacer declaraciones ya que, dijo, aún no había recibido la comunicación oficial de la fiscalía. Sin embargo él, al oponerse a que le extrajeran sangre a su cliente, ya había advertido que lo más probable es que las pericias complicaran la situación de la ex policía. "Ella tocó el cuerpo; lo abrazó cuando lo encontró tirado en el piso. Obviamente, se iba a manchar con la sangre", dijo Mirra antes de que se conocieran los resultados. Pero según el fiscal (fue corroborado con las pericias), el arañazo que tenía el juez en el mentón había sido realizado por Gómez en medio de una violenta pelea, en la que, casi al final, intervino Pérez.
La idea de la Justicia sería llamar a Gómez para comunicarle oficialmente el resultado de las pericias y, en ese acto, invitarla a que declare. Aparentemente, la ex policía, que permanece detenida en la comisaría de la Mujer, tendría miedo. Ella misma confesó, a varias personas, que había sido amenazada, y que por eso prefería mantener el silencio. En la Fiscalía le darían a Gómez todas las garantías de seguridad para ella y para su familia, en caso de ser necesario. Según Herrera, detrás del crimen pasional hay una sórdida trama de sexo, droga y poder que la declaración de Gómez podría develar.

Liberarían a un policía al que acusan por encubrimiento
El policía Juan Roque Romano, detenido e imputado por encubrimiento por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, recuperaría hoy su libertad. El policía se presentó ayer en la Fiscalía junto con el abogado, Alejandro Diéguez.
Romano es dueño de una agencia de remises en la que trabajaba el oficial Alejandro Darío Pérez, imputado por el crimen. Romano dijo que, si hubo comunicaciones telefónicas entre él y Pérez, estas fueron laborales. Quien aún no se presentó es el agente inmobiliario Arturo Roife, que también está acusado por encubrimiento. Roife le habría prestado el teléfono a Gómez el día del crimen, para que ella llamara a Pérez, al 101 (Comando Radioeléctrico) e inclusive a su madre. Si la hipótesis del fiscal Guillermo Herrera es considerada cierta, Gómez habría estado con Roife en San Miguel de Tucumán dos horas después de que mataron al juez. El abogado de Roife, Luis Acosta, presentó un pedido de eximición de prisión, que el juez Juan Francisco Pisa aún no resolvió. "Hasta que eso suceda, él no declarará. No entiendo que pueda quedar detenido por un delito como el encubrimiento, que es excarcelable", dijo el letrado.
Los abogados Alvaro Zelarayán y Cergio Morfil, defensores de los policías Rodolfo Domínguez y Andrés Faversani, hicieron ayer una presentación en la que advierten que la camioneta que se le secuestró al primero de ellos había sido solicitada por el Ministerio de Gobierno (justamente estaba a cargo del abogado Acosta en el momento del pedido) para afectarla a tareas de seguridad. El vehículo estaba secuestrado a disposición de la fiscalía III y, dentro de las facultades que establece el Código Procesal Penal, se lo entregó a la Policía. Lo utilizaba Domínguez, jefe de la comisaría de Banda del Río Salí. Sin embargo, según trascendió, nunca se habría firmado el decreto de traspaso al ministerio, ni tampoco se habrían realizado las pericias que el ministro fiscal Luis de Mitri había solicitado que se hagan. La camioneta, una Ford Ranger, sería melliza y el vehículo original estaría en San Luis. El rodado había sido encontrado en el parque Avellaneda, y luego estuvo en el playón de la Dirección de Investigaciones, donde Domínguez era jefe de Robos y Hurtos. El vehículo habría sido retirado de allí para que lo utilizara el comisario. Se solicitará que se investigue el presunto delito de malversación agravada por los deberes de funcionario público, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión.
Morfil y Zelarayán también indicaron que fue injusto someter a Faversani a la pericia de ADN (en su caso no hubo resultados negativos), ya que ellos insisten en que se trata de una persona totalmente ajena a los hechos, y por lo tanto no podía haber compatibilidad entre las muestras cotejadas.