Por Gustavo Rodríguez
14 Abril 2025
La Provincia continúa con el plan de recuperación de tierras de la Reserva Natural de La Angostura, en El Mollar. En esta oportunidad acordó la devolución del predio que le había concesionado a un club para que construyera una sede en el lugar. Con este, ya son nueve los terrenos que volvieron a poder del Estado en seis meses. Aún le queda resolver dos casos, pero uno de ellos llevaría más tiempo.
En octubre, en una inspección de rutina, empleados estatales descubrieron que gran parte del área protegida había sido ocupada. Después de investigar la situación de los ocupantes, decidieron accionar contra ellos. Además, la decisión política de recuperación de la reserva aceleró el cierre de las causas que tenían entre siete y 10 años de tramitación sin ser resueltas. Varios de esos conflictos fueron protagonizados por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem).
La cacique Margarita Mamaní en un primer momento se resistió a los planes de recuperación. “Están quedándose con las tierras que por derechos ancestrales nos pertenecen. Le pedimos que detengan estas medidas”, indicó. Pero sus palabras no fueron escuchadas por las autoridades.
Los casos
En noviembre la Policía recuperó varios lotes, mientras la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, lograba que se dictara una medida de no innovar para que se detengan las ventas de terrenos y se detengan las edificaciones. Luego, con resoluciones judiciales, fue recuperando los predios ocupados. Ellos fueron:
• La confitería y el comercio de ventas de artesanías que está en el ingreso al valle de Tafí y que funcionó durante varios años en tierras que pertenecen al Estado.
• La casa y las habitaciones del emprendimiento conocido como “El Pelao” que ofrecía servicios de pesca y excursiones de lanchas.- El club Tres Cruces: espacio que también fue ocupado ilegalmente por la Cidem y en el que se había instalado un club dedicado al fútbol.
• Los barrios llamados “Juana de Azurduy” y “El Lago” cuyas parcelas fueron destruidas por la Policía y que la Cidem había tomado para los integrantes de la comunidad indígena.
• La feria de artesanos que se estaba instalando en la zona conocida como Ojo de Agua por integrantes de la comunidad.
• Los terrenos que formaron parte del emprendimiento inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Es el caso más mediatizado y el único que originó una causa penal que se está tramitando.
• El bar/boliche conocido como Costa de Piedra que había sido construido y que funcionó durante años en el lugar conocido como La Playita.
• Un club de tiro devolvió el terreno que le cedió la provincia para la práctica de esa disciplina deportiva.
La novedad
En los últimos días, el subsecretario de Desarrollo Productivo Martín Lazarte envió una nota a las autoridades del Tucumán Yacht Club para informarle que daban por terminado el convenio que habían firmado en 2005, por lo que deberían devolver el predio que ocupaban desde hace 20 años.
“Lo informado se fundamenta por el Plan de Ordenamiento Territorial que el Gobierno de Tucumán viene realizando en la localidad de Tafí del Valle y en atención que la entidad no cumplió con las obligaciones asumidas en el convenio mencionado”, se pudo leer en la nota. “Actualmente, el inmueble se encuentra siendo administrado y explotado por una persona ajena al club”, añadieron.
El funcionario invitó a las autoridades a firmar en un plazo de cinco días el acta de rescisión de convenio en la Fiscalía de Estado y, si no lo hicieran, la Provincia iniciaría una demanda judicial. Según trascendió, en el transcurso de esta semana, los dirigentes del club se presentarán para cumplir con lo pactado. También se confirmó que la persona que estaba en el predio explotaba un servicio para pescadores, alquilaba kayaks y realizaba paseos en lanchas ya lo habría desocupado. Se estima que esta semana se concretará el acuerdo y, los dirigentes de la entidad tendrían un plazo de 10 días para devolverlo
Para muchos, esta es una señal de que la Provincia está dispuesta a analizar los convenios que rubricaron Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo para ceder predios a entidades y particulares con el fin de realizar emprendimientos o construir centros de atracción turísticas. Los acuerdos, en la mayoría de los casos, eran por un deteminado tiempo.
Lo que falta
Los profesionales de la Fiscalía de Estado ahora trabajan para lograr otras dos áreas que siguen estando ocupadas. Una de ellas es concretar la escrituración para poner fin al “Loteo Monroy”. La Provincia, en la década de los 80, le concedió al Automóvil Club Argentino una importante superficie para que construyera un establecimiento hotelero. En los 90, la entidad decidió devolverle el predio al Estado porque había desistido de realizar ese proyecto.
Sin embargo, la Provincia nunca legalizó el trámite y las tierras fueron ocupadas por una familia de apellido Monroy (por eso el nombre del emprendimiento) que ya fueron notificados sobre la irregularidad. Esperan el fin del trámite de la escrituración para tomar posesión.
El otro caso es más complejo. Se trata de un barrio privado construido en predio que la Provincia le cedió al Club Náutico y Pesca de Concepción para que construyeran su sede y brindarán servicios de pesca a sus socios y a todos los tucumanos. Sin embargo, varios de sus socios terminaron cercando el predio y edificando casas.
Yerba Buena: liberaron el terreno usurpado que tenía como destino una comisaría
Los funcionarios de la Fiscalía de Estado confirmaron que los vecinos señalados por apropiarse de un terreno fiscal en Yerba Buena dejaron el lugar. La parcela, según el proyecto original, estaba destinada a la construcción de la nueva comisaría de Marti Coll. Habitantes de la zona de Pringles al 500 denunciaron que los propietarios de casas de la zona habían extendido sus dominios anexando ese terreno. Con el tiempo, según consta en el expediente que se inició por el caso, cerraron el lugar con un muro de dos metros de altura y le colocaron un portón eléctrico. Las autoridades confirmaron la versión, notificaron a los ocupantes que tenían 10 días para desocupar el lugar. El viernes los funcionarios se presentaron y confirmaron que los señalados habían cumplido con su palabra de liberar el terreno. La parcela volvió a manos del Estado y el jefe de Policía Joaquín Girvau indicó que podría ser utilizado para construir la base de un cuerpo operativo de la fuerza.
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