Por Gustavo Rodríguez
12 Abril 2025
La Provincia dio un sorpresivo paso para tratar de frenar las usurpaciones de tierras fiscales. Desde ayer, los comisionados rurales tienen la misión de emitir resoluciones para detener edificaciones en curso, revisar las ya iniciadas y evitar el inicio de nuevas obras sin la debida autorización.
El Gobierno, a través de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, dependiente de la Fiscalía de Estado, instó formalmente a las comunas rurales a ejercer su poder de policía en materia dominial y ambiental. La medida responde a la detección de ocupaciones irregulares, urbanizaciones no autorizadas, remociones de suelo y alteraciones del ecosistema en distintos puntos del territorio provincial.
“Esta es una medida que nos matará a todos porque muchos compramos terrenos sin saber cuál era su origen. Busqué por varias villas turísticas y había muy pocos terrenos escriturados. Costaban el doble de los otros que estaban tramitando su escrituración”, señaló Guido Ramírez, que espera ansioso poder terminar su casa en El Mollar.
Mediante la Resolución N° 11, se advierte que muchas de estas acciones ilegales afectan áreas de alto valor patrimonial y ambiental, por lo que se requiere una intervención articulada y responsable por parte de las autoridades comunales, otorgada por el artículo 18, inciso 9, de la Ley N° 7350.
La resolución prohíbe expresamente la construcción de viviendas, apertura de calles, loteos y cualquier otra intervención que comprometa la propiedad del Estado o de particulares, así como el entorno natural. También se restringe la tala de vegetación nativa y la introducción de especies que alteren el ecosistema.
En ese marco, se les ordena la creación de una Comisión Comunal de Verificación Dominial y de Obras, que estará integrada por un representante de la comuna, un técnico idóneo con conocimientos legales y urbanísticos, y un abogado encargado del control del control documental.
Situación dominial
Esta comisión deberá verificar la situación dominial de toda obra nueva o en ejecución, y tendrá facultades para paralizar o clausurar construcciones en situación irregular.
La resolución se tomó luego de que dos comisionados comenzaron a ser investigados por sus vínculos con la venta de tierras fiscales. El comisionado de El Mollar Jorge Cruz aparece como el más comprometido, ya que podría recibir una grave acusación por su participación en el “Loteo Gaucho Castro”. El titular de la comuna de El Cadillal Dante Delgado también quedó en la mira de los investigadores. Con el correr de los días surgen más detalles por el trabajo que realizó en el plan de regularización dominial en esa villa turística.
Según se desprende de la resolución dada a conocer ayer por la tarde, para autorizar la continuidad de los trabajos, será obligatorio contar con informes técnicos emitidos por la Dirección General de Catastro, el Ente de Turismo y la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia.
La medida apunta principalmente a lo que ocurre en las villas turísticas de la provincia. Por ejemplo, la Fiscalía de Estado tomó intervención en El Mollar, San Javier y El Cadillal, pero también recibió denuncias de que se estarían produciendo lo mismo en El Siambón, Raco y Río Nío.
El anuncio ha generado una importante polémica. Las opiniones sobre los resultados que puede generar esta medida están divididas. “No sé qué quiere el Gobierno. Estamos angustiados por lo que está pasando en El Cadillal. No sé si algún día vendrán y me dirán que me tengo que ir. Ahora ni siquiera nos dejan seguir construyendo”, indicó Fernando Lazarte.
Los funcionarios aclararon que esta decisión política no impedirá que se continúe con el plan que se viene desarrollando. La Justicia continúa avanzando en la investigación del “Loteo Gaucho Castro” y sumó nuevas e importantes pruebas en contra de los siete implicados. Sólo queda que el fiscal Miguel Varela le formule los cargos.
Lo mismo ocurrirá con El Cadillal. La denuncia que realizaron las autoridades de la Catastro ya está siendo analizada en el Ministerio Público. Hasta aquí fueron denunciados cinco empleados de la subsecretaría de Regularización Dominial, pero no se descarta que haya más personas involucradas.
Mientras tanto, un grupo de vecinos de El Cadillal presentó una nota en Casa de Gobierno, el Ente Tucumán Turismo y la Legislatura. “Ninguno de nosotros hemos adquirido nuestro lote y construido una vivienda por la fuerza o de alguna forma oscura o violenta. Somos compradores de buena fe que, en el peor de los casos, hemos sido estafados”, sostuvieron en el escrito que fue firmado por más de 300 personas. “Es nuestro interés, al igual que el del Gobierno poder resolver de forma pacífica y cuanto ante esta situación para tener alivio ante esta situación que nos genera muchos inconvenientes”, finalizaron.
“Además, es muy poco creíble que los comisionados hagan un buen control. Si en esta villa todo se hizo mal porque ellos los encubrieron”, añadió. “Siempre digo lo mismo, si no tenés nada raro, no hay qué temer. Pero si hacés las cosas por izquierda, seguro que terminás mal. No me parece mal que pongan un poco de orden para evitar que sigan avanzando por otro lado”, opinó María del Carmen Ramírez.
Informate de verdad
Aprovechá esta oferta especial
$11.990
$999/mes
Suscribite ahoraPodés cancelar cuando quieras
Lo más popular
