Usurpaciones: Villa del Lago, símbolo de las irregularidades en El Cadillal

“El Gobierno va a salir con los tapones de punta hacia El Cadillal porque aquí hay numerosos juicios que ustedes tienen”, se apuró en aclarar en una reunión Rafael Trujillo, el empleado de la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat que está siendo investigado por la venta ilegal de tierras fiscales en El Mollar. Ahora, según denunciaron varios compradores, les habría solicitado dinero para hacer lo mismo en la villa turística que quedó en el centro de la polémica por un informe en el que se detalló que había más de 300 hectáreas de tierras fiscales ocupadas ilegalmente, unas 3.000 casas construidas de manera irregular y que sólo dos de los 18 barrios que hay en lugar fueron habilitados.

La periodista Marisa Suárez publicó en sus redes sociales un video filmado en enero de 2023 en una casa del barrio Villa del Lago y en el que también aparece Dante Delgado cuando estaba en plena campaña para ser electo comisionado rural de El Cadillal. En ese encuentro, Trujillo no sólo da consejos sobre cuáles eran los trámites para que puedan acceder al servicio de energía eléctrica, sino que les daba el primer asesoramiento para regularizar la situación dominial de los terrenos que habían comprado. “¿Lo del Perilago? A ver… Con conocimiento de causa les puedo decir que se queden tranquilos porque no los van a sacar”, les aseguró con tono firme a los asistentes del encuentro.

“Ese señor es el que nos reunió a todos los vecinos y nos dijo que él realizaría los trámites necesarios para que podamos regularizar los terrenos que compramos de buena fe. Personalmente no le pagué, pero hubo muchos que lo hicieron y hasta el momento no consiguieron nada”, explicó Luciana Albornoz, una de las habitantes de Villa del Lago. “Pido la intervención del gobernador (Osvaldo) Jaldo porque somos compradores de buena fe. Nos engañaron y por eso invertimos fortunas para construir nuestras casas ”, agregó.

Un ejemplo

Villa del Lago puede considerarse como el ícono de las irregularidades que se registraron en El Cadillal. Sin que se conociera aún la fecha exacta, Daniel Olivera habría recibido del Ente Tucumán Turismo tierras para que instalara un camping al que bautizó 27 de Agosto. Desde antes de 2006 ya se comenzaron a edificar casas, pese a que ese no había sido el fin de las mismas.

Uno de los primeros en construir su vivienda allí fue Alberto Kaleñuk, el ya fallecido ex secretario privado del ex gobernador José Alperovich. La terminó destruyendo después de que fuera mencionada en la causa por la desaparición y el posterior crimen de Paulina Lebbos. Según la línea conocida como la de los “hijos del poder”, la estudiante murió en una fiesta que podría haberse desarrollado en ese lugar, pero esa versión fue desmentida con el correr de los años. Pese a esa situación, Sergio Kaleñuk está imputado por femicidio de la joven, al igual que César Soto, ex pareja de la víctima.

Olivera declaró como testigo en dos de los tres juicios que se realizaron por el caso Lebbos. En el primero quedó detenido por falso testimonio al haber caído en contradicciones por el destino final de la casa de Kaleñuk. En el debate contra el ex fiscal Carlos Albaca dijo que él había usurpado las tierras y que allí había construido unas 20 cabañas de gente que le enviaba la comuna. Los compradores creen que las recibió como donación cuando Alperovich era gobernador de la provincia.

A esas versiones se las confirma con otra declaración realizada en el primer debate oral por la muerte de la estudiante. En 2002, la entonces Secretaría de Turismo denunció la usurpación de terrenos fiscales en El Cadillal. Las causas llegaron dos años después a manos de la Fiscalía de Estado, que se encargaría de las inspecciones para identificar a los que ocupaban y edificaban en la comuna.

El ex empleado de la Fiscalía de Estado Alberto Reynaldo Soria declaró que esa tarea derivó en alrededor de 60 actas oficiales y confirmó que varios funcionarios y personal del Gobierno se habían instalado en esa zona, entre ellos Kaleñuk, pero no aportó más nombres.

Un loteo

La Provincia nunca accionó en contra de esos ocupantes, pese a que era una situación irregular que llevaba más de 20 años. Ante la inacción del Estado, la persona que ocupó ilegalmente las tierras decidió comercializarlas. En ese momento le puso nombre: Loteo Olivera. En total se emplazaron unas 100 viviendas en un lugar al que se conoce como Villa del Lago. Hasta se construyó un salón de fiesta cuyo propietario es por ahora desconocido, sí se sabe que allí ATSA realizó varias reuniones multitudinarias.

Pese a que están instalados hace más de dos décadas, los residentes (temporales y permanentes) todavía no pueden acceder a los servicios de suministro de agua y de energía eléctrica. La razón es lógica: al tratarse de un loteo ilegal, no tenían los informes de factibilidad para que los habitantes del barrio pudieran contar con ellos.

Trujillo y el comisionado Delgado, que estaba en plena campaña, realizaron el encuentro con los vecinos para conseguir la documentación necesaria para poder iniciar las gestiones con las que podrían contar al menos con el servicio de energía eléctrica. El empleado involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar, según se observa en el video viralizado aprovechó la oportunidad para ofrecer su ayuda y asesoramiento con el fin de que los compradores puedan acceder al plan de regularización dominial que habían lanzado el Estado a través de la ley 9.179 y que estaba a punto de ponerse en vigencia.

Delgado no sólo apoyó esa reunión, sino que además, dos meses después, convocó a los compradores de tierras a presentar la documentación exigida para acceder a la posibilidad de ingresar al plan ofrecido por la Provincia. En una plaza de El Cadillal, empleados de Regularización Dominial recibieron los papeles exigidos.

¿Denuncia en puerta?

Los habitantes de este y otros barrios comenzaron a movilizarse para definir cuáles serían los pasos a seguir. Reconocen que creyeron en Trujillo y le habrían pagado a un tal Maximiliano (sería Maximiliano Barreiro, que también estaría involucrado en la causa del “Loteo Gaucho Castro”) para que realizaran los trámites correspondientes para solucionar el problema dominial de los bienes. Todos ellos sólo cuentan con boletos de compraventa, documento que no tiene valor legal para demostrar la titularidad de las tierras.

“Las autoridades tienen que entender que hicimos lo que nos pidieron funcionarios del Gobierno, no eran cualquier persona. Tienen que ayudarnos y estamos dispuestos a presentar toda la documentación para demostrar que no mentimos”, indicó.