08 Abril 2025
La Justicia federal ordenó reabrir una investigación que había sido archivada y que apunta a determinar si el gobierno de Alberto Fernández incurrió en irregularidades durante las negociaciones con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el Covid-19.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, quienes consideraron que aún persisten dudas sobre el proceso de contratación entre el Estado argentino y la farmacéutica. La causa había sido desestimada por el juez Ariel Lijo, pero la apelación presentada por el fiscal Carlos Stornelli prosperó.
Sospechas sobre posibles tratos desiguales
En su resolución, los camaristas señalaron que la investigación no profundizó lo suficiente en los procesos de adquisición de vacunas ni en las negociaciones con otros laboratorios que proveyeron al país durante la emergencia sanitaria. Esa falta de información, indicaron, impide descartar la existencia de posibles tratos preferenciales hacia ciertas empresas en desmedro de otras, como Pfizer.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de diputados opositores -entre ellos Omar de Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y María Carla Piccolomini- quienes cuestionaron la demora del Estado en cerrar un acuerdo con Pfizer. También se sumó una presentación judicial realizada por familiares de cuatro personas fallecidas durante la pandemia.
A cinco años del inicio del aislamiento obligatorio, aún se desconocen los detalles de los contratos firmados entre el Estado argentino y los laboratorios que proveyeron vacunas. La información permanece reservada debido a cláusulas de confidencialidad establecidas en los acuerdos firmados por el Ministerio de Salud -primero bajo la conducción de Ginés González García y luego de Carla Vizzotti-, algunas de las cuales se extenderán hasta 2030.
En 2024, un pedido de acceso a la información pública presentado por TN fue rechazado con el argumento de que la difusión de esos documentos podría comprometer futuras negociaciones. Las autoridades sanitarias se respaldaron en las leyes 27.275 y 27.573, que regulan el acceso a la información pública y el marco legal del plan nacional de vacunación.
Los laboratorios involucrados
Durante la pandemia, el Estado argentino firmó acuerdos con diversas empresas para la provisión de vacunas, entre ellas: Pfizer, Sputnik-V, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, CanSino, y a través del mecanismo COVAX.
Desde el Ministerio de Salud sostienen que la inclusión de cláusulas de confidencialidad responde a prácticas habituales del mercado internacional y fue autorizada por la Ley de Vacunas aprobada por el Congreso en noviembre de 2020.
La causa ahora seguirá su curso con nuevas medidas de prueba y análisis sobre el proceso de contratación. La reapertura judicial vuelve a poner bajo la lupa la gestión de la pandemia y el manejo de los recursos públicos durante una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente.
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