La oscura trama de las usurpaciones en Tucumán

¿Hasta dónde pretende llegar la Provincia con el reordenamiento territorial? “Hasta el final”, responden los funcionarios en la Casa de Gobierno. El problema es el tiempo. Por los años de descontrol, muchas de las tierras fiscales usurpadas no podrán ser recuperadas. También se necesitarán varios más para resolver cuestiones de posesión en los tribunales. Tantos, que algunos sostienen que la mayoría de los desalojos no podrá concretarse durante esta gestión.

La Fiscalía de Estado ya intervino en casos detectados en El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier, las Ruinas de Ibatín y Yerba Buena. Pudo recuperar el patrimonio de los tucumanos y, en otros, está realizando los trámites para hacerlo. Pero también tiene una larga lista de denuncias para investigar desde que se creó por decreto una Unidad Ejecutora. Hasta ahora no informaron cuántas fueron las demandas que recibieron, sí saben que además de usurpaciones en terrenos públicos y privados, hubo presentacion por talas indiscriminadas y contaminación.

Varias fuentes confirmaron que la Provincia usaría una estrategia similar a la que recurrió para liberar casi en su totalidad la reserva natural La Angostura. Desalojaron los terrenos que estaban siendo loteados y frenaron las ventas de parcelas y las obras en las casas que estaban construyéndose. El Cadillal, localidad en la que se detectó la ocupación de unas 306 hectáreas de tierras fiscales y más de 3.000 viviendas construidas de manera irregular, pareciera ser el próximo territorio a intervenir. La razón es simple: vecinos y veraneantes denunciaron que el tráfico de camiones con materiales fue incesante en estos últimos días, a pesar de que se confirmó que no hay ninguna autorización para avanzar con edificaciones.

Razones

¿Por qué se llegó a esta situación? Hasta aquí serían al menos ocho las razones por las que se concretaron estas usurpaciones.

1- Descontrol: en los últimos 30 años, el Estado no realizó los controles suficientes para evitar la toma de tierras. Por ejemplo, sobran los dedos de las manos para contar la cantidad de especialistas que tiene la Dirección de Flora y Fauna para velar por la protección de los bosques nativos de toda la provincia. El Ente Tucumán Turismo concesionó decenas de hectáreas a terceros para que explotaran algún emprendimiento o desarrollaran ciertas actividades, pero nunca vigiló que se cumpliera con lo pactado. Algunos cambiaron sobre la marcha el emprendimiento, otros directamente comercializaron parcelas.

2- Descoordinación: la incomunicación de las diferentes reparticiones del Estado al descubrir una ocupación ilegal y no avisar a quien corresponda para evitar la toma. “No somos autoridad de aplicación”, es la muletilla que más se escucha en las reparticiones para justificar la inaccion ante las usurpaciones.

3- Incumplimiento: los intendentes y, fundamentalmente, los comisionados rurales no cumplen con su rol de denunciar las usurpaciones de tierras fiscales. Es muy probable que un funcionario de la capital tucumana no sepa lo que ocurre en un lugar alejado, pero a la autoridad de esa zona no se le puede escapar que algo extraño está sucediendo. También se sospecha que estos funcionarios estarían involucrados en la cesión de tierras fiscales. En el caso de las comunas, hay cuatro comisionados sospechados de haber permitido la toma de lotes o participado en los emprendimientos que las comercializaban.

4- Corrupción: la Justicia sigue sumando indicios para sospechar que empleados de la subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat (eliminada en enero) habrían elegido tierras fiscales para comercializarlas y luego, con ayuda de agentes de otras reparticiones, podrían haber obtenido documentación falsa que les permitía cubrir los proyectos con supuesto manto legal. Así, con el correr del tiempo, los compradores podrían transformarse en titulares del bien inmueble que, justamente, se expedía en esa repartición.

5- Favores: los vínculos políticos también alimentaron las irregularidades en los últimos años. Un caso testigo se está ventilando en la Justicia Federal en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los actuales dirigentes de la Obra Social de los Empleados de la Industria Azucarera (Ospia) denunciaron a su antecesor José “Pita” Leguizamón de haber recibido un predio en El Cadillal para construir un lugar de esparcimiento y terrenos en Bella Vista para edificar un centro médico. Los demandantes dijeron que el final fue otro: en la villa habría construido una casa de fin de semana y en la ciudad del este tucumano, consultorios que podría estar alquilando de manera particular.

6- Anomia: es la falta de normas o el desorden que impide alcanzar las metas sociales. Sólo así se puede entender que dos vecinos de Yerba Buena hayan decidido ampliar sus propiedades apoderándose de un terreno fiscal destinado a una comisaría.

7- Derechos cuestionados: durante más de una década, integrantes de pueblos originarios tomaron tierras fiscales y privadas basándose en un relevamiento territorial en el que se garantiza sus derechos ancestrales de esos lugares. Pero esas miles de hectáreas nunca fueron titularizadas a favor de las comunidades, por lo que no pueden ser reconocidas como propias. Además, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en un fallo trascendental, declaró inconstitucional al trabajo porque no tuvo en cuenta la palabra y las pruebas que podrían haber presentado la otra parte para demostrar que eran los propietarios.

8- Lentitud: la tardanza de la Justicia en resolver causas de este tipo también influyó en las usurpaciones. Varias de ellas se activaron cuando el Gobierno tomó la decisión política de recuperar la Reserva Natural La Angostura. Expedientes que llevaban entre siete y 13 años tramitándose en los tribunales se cerraron en febrero, ni bien se levantó la feria. Ahora se cree que habrá nuevas sentencias de desalojos, como la que ordena sacar los puestos de venta ubicados en el Parque Los Menhires, en El Mollar.

Y ahora…

La gran pregunta es por qué ahora. “Hay una decisión política de acabar con las usurpaciones para recuperar el patrimonio de los tucumanos”, dijo Alejandro Navarro, titular de la Dirección General de Catastro. El funcionario, que ocupa ese cargo desde hace varios años, es el responsable de analizar los documentos que se firmaron en las oficinas de Regularización Dominial que, según las primeras estimaciones, serían más de 20.000.

Esa es tan sólo una arista de la investigación que se está desarrollando. Otra será la de determinar en qué estado se encuentran las 800 denuncias que realizó Catastro sobre usurpaciones. Sospechan que varias de ellas terminaron con órdenes de desalojos que no se concretaron en 10 años, por lo que el Estado perdió todo derecho a reclamarlas. También creen que muchos de los que construyeron sus casas en tierras fiscales consiguieron escrituras a través de trámites irregulares realizados por la subsecretaría de Regularización Dominial, por lo que tampoco se podrá accionar contra ellos. Por ese motivo, más que un anhelo, la premisa de recuperar el patrimonio de todos los tucumanos debería ser un norte para lograr la regularización en una tierra donde reina el desorden.