La construcción avanza sin pausa y sin norma en El Cadillal

“Nunca paró la construcción. Es tremendo. Salen como los hongos en los días de lluvia. Es permanente. La gente se vuelca masivamente a construir... hay tanta gente que compra el terreno sin preguntar nada a nadie...”. así relata el vecino Jorge Baisi el caótico desenvolvimiento de la construcción en El Cadillal. El área del embalse en las últimas semanas está en el ojo de la tormenta porque el equipo de la Fiscalía de Estado está examinando las irregularidades en el otorgamiento de terrenos en esa zona después de haber destapado un escándalo similar en la reserva provincial La Angostura en El Mollar.  Se detectó que en los alrededores del dique Celestino Gelsi más de 300 hectáreas han sido usurpadas y que unas 3.000 viviendas fueron construidas de modo irregular.

Años de impunidad

Esto debió haberse detectado hace varios años. En los 90, cuando se otorgaron concesiones a los sindicatos para construir clubes y predios para el descanso de fin de semana a la vera de la ruta 347.

En 2015, cuando el ente de Turismo hizo su “plan maestro” para jerarquizar la zona, que era atractiva pero ”invisitable”: bastaba pasar un domingo por el sector del anfiteatro y junto al murallón para asistir a un festival constante de ruidos molestos y basura. El plan de Turismo lo fue jerarquizando: menos basura, recolección de residuos, nada de ruido y papeles en la zona del anfiteatro; aparecieron comercios como restorán y farmacia y un destacamento policial; volvió a funcionar la aerosilla, aparecieron diversos proyectos como el del hotel que se quiere construir en el morro y se reflotaron las actividades náuticas.

Precisamente las investigaciones que está realizando ahora Fiscalía de Estado advierten que en aquellos tiempos hubo algunas medidas para avanzar contra las ocupaciones irregulares e incluso medidas judiciales, pero el Estado no se movió para hacerlas efectivas.

El escándalo se debió detectar en 2018, cuando Recursos Naturales y Fiscalía de Estado descubrieron que una empresa estaba comercializando terrenos fiscales por todas partes cerca del lago. Denunciaron al dueño de la empresa, Freddy Mariano Leal, que dijo que había comprado “de buena fe” los terrenos.

Después de ese conflicto, que quedó navegando por el mar judicial, se decidió hacer un registro de las ocupaciones de El Cadillal. Cualquiera que visitase los diversos sectores alrededor del embalse podía encontrar extrañas ocupaciones. Visitar la cascada Aguas Chiquitas basta para hallar el camino plagado de portones que dicen “propiedad privada”. “Queremos recuperar todos los terrenos que fueron usurpados y tenemos las pruebas para hacerlo. Vamos a seguir trabajando y solicitaremos el acompañamiento de la Justicia para acabar con este problema”, dijo en 2018 el entonces fuiscal de Estado, Dainel Leiva, hoy presidente de la Corte Suprema.

Un poco tarde

El registro se hizo con el criterio de normalizar las ocupaciones hasta 2018 y a partir de ahí establecer una especie de código de planeamiento urbano para la zona. Pero ya para entonces no sólo estaban ocupadas buena parte de las 300 hectáreas usurpadas, sino también construidas muchísimas de las 3.000 viviendas irregulares. Algunas tienen más de 30 años.

Con ese relevamiento concluido, en 2022 se sancionó la ley 9.179, que autoriza la venta y la regularización dominial de tierras, que apareció después de la ley 8.304, que establece cuáles son las zonas que no se deben ocupar para proteger los bosques nativos. Ambas leyes parecen chocar en ciertos puntos -como señala Gustavo Rodríguez en la nota “Usurpaciones: poner orden en El Cadillal será mucho más difícil de lo esperado”, del 01/04- porque la ley de ventas autoriza comercializar predios que en teoría están protegidos.

Fuera de norma

Precisamente una comisión ad hoc integrada pro arquitectos y urbanistas estudió el relevamiento de tierras y determinó severas irregularidades: no sólo se ocuparon hectáreas sino que se hicieron loteos fuera de norma, con calles angostas. Ya eso se había denunciado hacea ños cuando los vecinos reclamaron por inseguridad y falta de servicios: entonces advertían que había sitios a donde no podían entrar las ambulancias. El estudio reveló, en ese sentido, que se han construido viviendas sobre caminos de dominio público. Además se han permitido constricciones en zonas de alto peligro: o muy cerca del lago, o bajo líneas de alta tensión, o en las partes bajas de las presas 2, 3 y 4. Hay que recordar que la presa 3 es la que tiene las infiltraciones que están siendo reparadas a altísimo costo sin que se sepa cuándo terminarán los trabajos. Precisamente en la parte baja de esa presa, donde no debería haber nada, hay un barrio de casas que se alquilan cada verano.

El estudio, llamado “Lineamientos de ordenamiento territorial El Cadillal” advierte sobre riesgo ambiental y patrimonial, puesto que la zona es un rico yacimiento arqueológico de la cultora candelaria. Se establecen franjas enajenables y con restricciones y zonas no enajenables y de reserva. También se hace propuestas para salvar la villa, que incluyen iniciar trámites para que se recupere lo que se pueda recobrar. Es una tarea difícil porque muchas  ventas fueron autorizadas o consentidas por las mismas oficinas estatales como Turismo y Catastro, dentro de la cual estaba la ex secretaría de Regularización Dominial y Hábitat, cerrada en enero y con sus agentes llevados a la Justicia. A propósito del escándalo del El Mollar, el fiscal Miguel Varela, dijo que había una especie de inmobiliaria que funcionaba dentro del Estado que se encargaba de ubicar tierras fiscales para comercializarlas y les daba un manto legal. Ahí entra el caso de la gente, que, como señala el vecino Baisi, compra sin preguntar.

Además, el estudio propone ensanchar las calles, lograr que en algunos casos los propietarios cedan  partes de los terrenos para que se atenúe el daño al medio ambiente, y finalmente proponer estímulos par el uso de biodigestores para tratamiento de aguas residuales. El principal recurso de agua del Gran Tucumán tiene cada vez más riesgo de contaminación por la enorme ocupación que registra. además de que sus vecinos -vaya paradoja- no tienen agua potable.

“Daños irreparables”

De esto surgen dos problemas. Uno es la convicción de los profesionales que hicieron el trabajo en el sentido de que hay “daños irreparables” tanto al patrimonio arqueológico como al medio ambiente. ¿Se podrá detener? Hay sitios en los que se otorgaron permisos de construcción sin que se hubiese hecho el apto ambiental. Se sugiere pedir auditorías para revisar esos permisos.

Otro son los procesos que están en marcha. ¿En quién confiar con respecto a las autorizaciones, si tanto Turismo como Catastro están en la mira?

El mismo vecino Baisi, que es uno de los residentes del barrio Las Mesadas, ubicado en la parte baja de El Cadillal, cerca del puente del río Loro,  da cuenta de que ese barrio fue loteado y vendido irregularmente sobre un terreno privado. Hace dos años, para zanjar el conflicto, fue expropiado y otorgado a los ocupantes. Según cuenta, el Gobierno acordó un pago de $60 millones a los propietarios -hace tres años pedían $157 millones- y ese dinero se les descontará a los ocupantes en un plan de pago. Muchos de ellos estaban desde hace casi 60 años, cuando se construyó el dique y comenzaron las primeras viviendas en la villa turística. Casi el mismo proceso de ocupación irregular que ahora, solo que entonces no se notaba y en cambio en estos días es un escándalo de proporciones. Mientras, como dice Baisi, la construcción no se detiene.