Luego de un tenso debate, el Senado rechazó ayer los pliegos de los jueces Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia nacional. La candidatura de García-Mansilla fue la más rechazada: recibió 51 votos en contra y 20 a favor. En el caso de Lijo, obtuvo 43 votos negativos, 27 afirmativos y una abstención, sin alcanzar el respaldo requerido por el reglamento del cuerpo.
La votación se dio en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno libertario y el Congreso. A pesar del rechazo, García-Mansilla ya había sido designado por decreto presidencial “en comisión” y juró el cargo sin la aprobación del Senado, lo que generó cuestionamientos por parte de legisladores de distintos bloques.
¿Cómo votaron los senadores por Tucumán?
Tucumán tiene tres senadores nacionales: Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), y Juan Luis Manzur y Sandra Mendoza (ambos de Unión por la Patria). El comportamientos de los tres fue distinto al momento de la votación sobre el pliego de García-Mansilla.
A favor del pliego de García-Mansilla
Beatriz Ávila
En contra de García- Mansilla
Juan Luis Manzur
Sandra Mendoza
En cambio, al momento de la votación por el pliego del juez Ariel Lijo se produjo un cambio significativo porque los tres votaron a favor.
Un pedido de la Legislatura de Tucumán
Ambos jueces necesitaban dos tercios del recinto, es decir 47 votos, por lo que la estrategia libertaria fracasó en toda la línea.
Cabe recordar que la Legislatura de Tucumán se metió en la discusión por la designación de los jueces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los legisladores provinciales habían sancionado un proyecto de resolución para exhortar a los senadores por Tucumán a rechazar el decreto firmado por el presidente, Javier Milei.
A partir del proyecto elevado por Walter Berarducci y Claudio Viña (Compromiso Tucumán), los miembros del Poder Legislativo provincial enviaron las respectivas notas a Juan Manzur y Sandra Mendoza (Unión por la Patria) y Beatriz Ávila (PJS) para instarlos a votar de forma negativa el DNU del jefe de Estado, bajo el argumento de que los nombramientos “afectan la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado, en una clara intencionalidad de cooptación política e institucional del Poder Judicial”.