El caso de la muerte del joven en el barrio Victoria generó polémicas entre abogados penalistas. Si bien hubo diferentes opiniones sobre las consecuencias que pueden sufrir los tucumanos que contraten este tipo de servicios, sí coincidieron en un punto: deben recurrir a una empresa que esté debidamente habilitada por las autoridades.
“La gente de los barrios que desea contratar servicios de seguridad debería acudir a empresas que tienen reputación y renombre porque brindan servicios profesionales con personal altamente capacitado. Acudir a rondines pueden traer consecuencias negativas”, sostuvo Patricio Char que representa a los intereses de la familia del joven asesinado el sábado pasado.
Álvaro Zelarayán representó a la familia que sufrió un asalto en diciembre pasado y que también inició un debate sobre el funcionamiento de los servicios de vigilancia en los barrios privados y countries. “En este caso en particular, penalmente no tendrían ningún tipo de problemas. Sin embargo, le podría caber algún tipo de responsabilidad porque en definitiva los guardias tienen una dependencia con quienes los contratan”, destacó. “Indudablemente que es un tema muy complejo. Pero sí es importante tener en cuenta que toda muerte hay que responder con una indemnización elevada, pero sí es violenta, mucho más”, destacó.
Responsabilidad civil
Por su parte, Aníbal Paz coincidió con su colega en el aspecto penal, pero agregó: “puede haber responsabilidad civil, sobre todo si se demuestra que hay un vínculo de tipo laboral o de mandato. En ese caso, el vecino podría llegar a responder económicamente por los daños causados, como ocurre cuando un empleador responde por el daño que causa alguien que trabaja para él”.
“Mi recomendación sería que busque una empresa de seguridad que sea responsable ante cualquier eventualidad, ya sea de índole penal o civil”, destacó. “Siempre si hay algún tipo de duda o sospecha, la culpa recae sobre quien está a cargo de la empresa o agencia que brinda el servicio de rondines y no sobre el propio vecino”, explicó Paz en una entrevista con LA GACETA.
“Me parece que se acaba de abrir una discusión jurídica sobre esta cuestión”, se apuró en aclarar el abogado José del Río. “A mi entender, los vecinos no tienen responsabilidad por la simple razón que los llamados rondines no son dependientes de ellos”, explicó. “En todo caso, el rondín ofrece un servicio y responde personalmente por cualquier tipo de exceso. Lo mejor que pueden hacer los tucumanos es contratar personal de seguridad que se encuentre debidamente registrada”, indicó Del Río.
El también penalista Ernesto García Biagosch brindó otro punto de vista sobre la polémica. “Me parece que además de las cuestiones jurídicas, se debe tener en cuenta un punto importante: los rondines deberían recibir una capacitación para saber cómo deben responder ante situaciones particulares que ameriten la posible comisión de un delito o directamente cuándo debe intervenir los efectivos policiales”, finalizó.