Causa YMAD: “Hubo obras adicionales que superaron el marco de la original, y montos que no están justificados"

Un perito puso ayer un ejemplo que puede llegar a demostrar cómo se hicieron las obras en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con fondos de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y que están siendo analizadas en un juicio que tiene al ex rector Juan Alberto Cerisola y a los ex funcionarios universitarios Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones- como imputados. Ocurre que el ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relató que cuando analizó la obra 481, de la Facultad de Odontología, advirtió que se realizaron tareas para colocar una sala de rayos X como adicionales; es decir que no estaban previstas en la obra original. “Me cuesta creer que no se supiera que algo tan necesario como esa sala no estuviera contemplado”, advirtió el experto que se sentó por cuarta vez ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca para prestar declaración.

Guzmán demoró tres años en hacer un informe, requerido por la Justicia, para analizar cada una de las obras que se llevaron adelante en la UNT con dinero de la minería. En cada una de las sesiones en las que declaró habló de inconsistencias, anomalías, caos e irregularidades, aunque aclaró que a él no le correspondía hacer una valoración jurídica de lo que había descubierto, sino que se trataba de un trabajo pericial. Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

Ante preguntas del fiscal Pablo Camuña y de la auxiliar Lucía Doz Costa, el perito ayer habló sobre la obra 480, realizada en la Facultad de Agronomía y Zootecnia, indicó que el presupuesto de la obra era de $ 4,8 millones, pero se terminó pagando más de $ 9 millones, “casi un 92% más de lo calculado”, advirtió el perito. “Se aprobaron ampliaciones por más de $ 4,7 millones, más del 90% del monto contractual. Hubo adicionales que superaron el marco de la obra original. Hay diferencias del 134% en obras eléctricas, más del doble presupuestado. Hay montos que no están justificados”, dijo. Y agregó: “había obras de reconstrucción de baños o sanitarias que se volvieron a hacer, cuando ya estaban hechas. Es increíble o inverosímil”. Y en el informe detalló: “había irregularidades e inconsistencias: incorporación caótica de documentos contrarios a la cronología de los hechos, no fueron hallados algunos documentos que acrediten el pliego licitatorio, ni documentos contractuales, ni un plano de parte del comitente. No se hallaron presupuestos desagregados ni análisis de precios, hay errores de numeración, errores de fechas, se llamó a licitación sin que el proyecto se encontrara completamente definido, lo que trajo una gran cantidad de imprevistos, se otorgaron anticipos de obra del 30% a una semana del contrato, no se hallaron justificación técnica de ciertos adicionales. No se encontraron planes de trabajo.

Facultad de Odontología

Luego habló de la obra 481, de la Facultad de Odontología, donde también, dijo, hubo un incremento del 75% entre lo presupuestado y lo que finalmente se pagó. “Llama la atención la suma de adicionales que terminan duplicando el monto de la obra”, dijo, y puso el ejemplo de la referenciada obra de sala de rayos X. “Había problemas graves de foliado, no se hallaron planos con firmas de responsables, no se hallaron presupuestos desagregados, no se hallaron proyectos ejecutivos de distintas obras, se presentaron como ampliaciones trabajos que deberían haber estado en la obra original”, remarcó Guzmán.

Posteriormente analizó lo sucedido en la obra 486, de la Facultad de Psicología, donde también encontró diferencias entre lo presupuestado y lo que se gastó, y aseguró que hubo “muchas inconsistencias ya que hay falta de planos del servicio contra incendio, preadjudicaron la obra a una empresa que incumplía con algunos requisitos, no se hallaron autorizaciones para otorgar anticipos financieros, pero se otorgaron igual”. En cuanto a la obra 511 de la Facultad de Educación Física, dijo que “no se hallaron la totalidad de las ofertas. no se encontraron planos aprobados por municipio o provincia y se abonaron anticipos financieros que no estaban previstos”. “Hay un pliego firmado por el futuro contratista, lo cual es irregular y por ejemplo, había una firma de un hombre, y un sello aclaratorio con el nombre de una mujer,

Cuando el experto comenzó a hablar de la obra 519, de Horco Molle, los jueces decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando Guzmán seguirá declarando. Se espera, si no se alargan mucho los tiempos, que pueda terminar con toda la exposición.

Momento de tensión: una extraña planilla de Excel

Un momento de tensión en el debate se dio cuando entre la documentación se advirtió la presencia de una planilla de Excel, perteneciente a una obra realizada en el Instituto Técnico, en la cual se leía: “en la planilla del archivo ‘técnico Adríán .xls’ se muestra como desde el presupuesto oficial de $ 4.890.000 se extrae el 10% mencionando ‘arriba’ (489.000), el 4% mencionando ‘abajo’ ($195.600), el 14% mencionando ‘beneficio con-fer) (N de la R: la empresa adjudicataria), el 2% mencionando ‘beneficio Luis’ ($ 97.800), el 30% de ‘impuestos’, $ 84.000 mencionando ‘cargas sociales’ y un 5% de ‘gastos generales’”. Esto abrió la discusión ya que el perito Francisco Guzmán dijo que no sabía a qué hacían referencia los términos “Arriba” o “Abajo” y que tampoco sabía quién era el Luis al que se mencionaba. Quien más se molestó con esto fue el letrado Víctor Taleb, defensor de Luis Sacca, quien aseguró que era una maniobra para perjudicial a su defendido, aunque Guzmán aclaró que ese archivo podría haber sido modificado y los jueces, que no se trataba de una obra que estuviera siendo analizada en el marco del juicio.