

El abogado Gustavo Morales continuará detenido otros 45 días en el penal de Villa Urquiza. La Justicia aceptó la prórroga de prisión preventiva por 45 días solicitada por el MPF con el apoyo de la querella y rechazó el pedido que el profesional cumpla la medida con la modalidad de arresto domiciliario por problemas de salud. Está acusado de haber instigado la sedición policial que fue desarticulada en febrero pasado. “Lo único que pretendo es recuperar la libertad para cubrir las necesidades de mis dos hijas. Lo único que hice fue haber brindado asistencia legal”, dijo el abogado antes de escuchar el fallo en su contra.
Morales fue acusado el año pasado de haber instigado a los efectivos para que hicieran una huelga policial y hasta, según las pruebas que presentó la fiscala Mariana Rivadeneira, habría incitado a que los sediciosos tomaran la Casa de Gobierno. Al profesional se le dictó la prisión preventiva por haber incumplido la orden que había dispuesto el juez Gonzalo Ortega que le impedía realizar manifestaciones en contra de los funcionarios que estaban investigando el caso y otros funcionarios.
Al vencerse ayer los plazos, la representante del Ministerio Público, secundada por la auxiliar Brenda Deroy decidieron pedir que se prorrogara la medida. “Han surgido nuevos elementos que nos permiten sostener que no sólo no han cesado los riegos procesales, sino que se empeoraron”, explicó Rivadeneira basándose en sus dichos por dos razones. La primera es que hubo un testigo que aportó datos claves en cómo se habría planificado la huelga, pero que sentía mucho temor de sufrir represalias. También leyó mensajes enviados por una sindicalista que cumple funciones en el MPF que le pasó información sobre su situación procesal.
“No estamos pensando que el acusado tenga pensado fugarse, pero sí creemos que puede entorpecer la investigación. Es más, está detenido porque recurrió a una campaña de desprestigio para intentar amedrentar a los que llevamos adelante el caso”, añadió Deroy. José María Molina, representante de la Fiscalía de Estado que tiene el rol de querellante en la causa, adhirió al pedido y destacó además que la causa está llegando a su instancia final, por lo que sería de extrema gravedad no garantizar el proceso.
"Caso insólito"
Carlos Garmendia y Piedrabuena pidieron rechazar el planteo. “Estamos ante un caso realmente insólito. Es el único de los acusados en este supuesto intento de sedición policial que se encuentra detenido. La fiscalía nos quiere hacer creer que lideró la intentona, pero en realidad se ofreció a brindar asistencia legal”, indicó. “Él está preso porque habló de más. Tiene un problema de verborragia, pero eso no es justificativo para que siga preso”, añadió.
Por su parte, Garmendia pidió que en caso de que se le prorrogue la prisión preventiva, se le permita cumplir con la modalidad de arresto domiciliario. “Él no está bien, hemos presentado informes médicos que confirman los problemas que tiene y que el encierro lo ha empeorado”, indicó. Las representantes del Ministerio Público informaron cuál es el tratamiento que estaba recibiendo y qué ya se había aceptado su traslado del penal de Benjamín Paz a Villa Urquiza para que ante cualquier urgencia sea atendido en el hospital Avellaneda. “¿Sabe señor juez cuántos detenidos hay con los mismos problemas de salud que el colega? No lo sé, pero sí puedo decir que ninguno de ellos tiene la atención médica que él está recibiendo”, aseguró Molina.
El juez Guillermo Di Lella, después de seis horas de audiencia, resolvió prorrogar la prisión preventiva de 45 días y dispuso además que siga recibiendo la atención médica correspondiente. Decidió no fallar sobre el arresto domiciliario, ya que ese planteo debe ser resuelto por impugnación. Los defensores apelaron esta resolución.