Controles en las rutas: repartir la mercadería de contrabando es todo un problema

La imagen se repite una y otra vez en los cuatro puntos cardinales de la provincia. “Es un problema importante el que tenemos”, reconoció el jefe del Operativo Lapacho, comisario Fabio Ferreyra. Los puestos fronterizos de la provincia están atiborrados de bultos con mercadería, cubiertas, hojas de coca, autos, micros y motos. “Con esa mugre recibe Tucumán a las personas que nos visitan. Es una verdadera lástima”, resumió Juan Carlos Heredia, conductor de un ómnibus de larga distancia.

El endurecimiento de los controles trajo sus consecuencias inmediatas. La Policía, hasta el 22 de marzo, incautó más de 2.300 bultos con mercadería (calzados, prendas de vestir, sábanas, manteles, artículos de bazar, electrodomésticos, productos electrónicos, bicicletas, aires acondicionados, repuestos y herramientas), más de 1.100 cubiertas, 3.600 kilos de hojas coca y unos 27.000 paquetes de cigarrillos al que valuaron en más de unos $2.100 millones, monto que representa más del 50% de todo lo decomisado. Supuestamente, esos elementos deben ser trasladados a los depósitos de la Dirección General de Aduana. Pero la realidad es otra: esos lugares ya no tienen lugar, por lo que el material queda en los puestos fronterizos, inclusive al aire libre.

Los efectivos le contaron a LA GACETA que cada bulto con prendas pesa entre ocho y 10 kilos. Estiman entonces que los bagayeros empaquetan, por ejemplo, entre 50 y 100 pantalones en cada especie de bolsón. “Es una lástima porque muchos de estos productos terminan arruinándose hasta que se define el destino”, aseguró Ferreyra. “También es un problema para nuestros hombres, ya que guardan lo que pueden en los espacios que están destinados a dormir o comer”, añadió. Contó además que en diciembre se inauguró una importante remodelación en el puesto de 7 de Abril, pero ya está atiborrado de productos.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó que hay una base de datos en el que aparece todo lo decomisado en la ruta. “El sistema es muy transparente y se tiene contabilizado todo lo que se secuestra. Eso también es un problema, porque hay efectivos que se deben encargar de desarrollar las auditorías en vez de realizar el control”, comentó.

El problema

Las leyes no impiden el ingreso de mercadería del extranjero, en este caso Bolivia. Para hacerlo hay que abonar aranceles y el que no lo hace, afrontará problemas. Su denominación técnica es aforo y sirve para garantizar que las mercancías que entran o salen de un país sean seguras y cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales. Esto implica la detección y prevención de actividades ilegales, como el contrabando de drogas, armas o productos falsos. Pero también es utilizado para determinar la cantidad de impuestos y aranceles que deben cobrarse sobre las mercancías importadas.

Hay un límite que divide las aguas. Si una persona ingresa productos sin pagar aranceles por menos de $500.000, es un infractor. Pero si supera ese monto le abre una causa en la Justicia Federal por contrabando. El problema de estos días es que la cifra que tiene un valor de un 50% menos que el costo promedio de un bulto de mercadería, que es de $750.000.

Las normas establecen que los infractores deben abonar una multa cuyo costo está compuesto por el valor de lo decomisado más impuestos. Por ejemplo, si a una persona se le decomisa un celular valuado en $300.000, para recuperarlo tendrá que pagar unos $750.000. “Son muy pocos los que hacen el trámite porque no les conviene hacerlo”, explicó un operador. En el caso de mercadería que es considerada como contrabando, es un juez federal el que debe definir el futuro del producto, pero nunca será reintegrada.

“Nadie va a pedirla porque las multas son más caras que el valor de lo secuestrado. Es como si invirtieras comprando acciones o bitcoins. Ponés la plata y esperás que su valor aumente para ganar plata. Aquí comprás mercadería, si te la secuestran, perdiste”, explicó Federico García, que se dedica a la compra y venta de estos productos. “Con el valor de la multa voy a Bolivia y compro exactamente lo mismo. Pero como la tienen tirada en cualquier parte, nadie te la quiere comprar o te dan muy poca plata”, explicó Esteban Reartez, también bagayero.

La solución

Las normas vigentes establecen claramente cuál debe ser el final de la mercadería decomisada por haber sido ingresada ilegalmente al país. La Aduana tiene autoridad para subastar algunos productos, especialmente electrónicos y electrodomésticos. Las hojas de coca, cigarrillos y juguetes (por cuestiones de seguridad) directamente son destruidos. En tanto que considerados como elementos de primera necesidad (prendas de vestir y cubiertas, por ejemplos) se puede solicitar a la Secretaría de Presidencia de la Nación que disponga su destino.

Lo que debería ser un mero trámite, en Tucumán se complicó. Ocurre que, por el monto fijado, la mayoría de los decomisos se terminan judicializando. Si bien es cierto que Aduanas sigue teniendo la potestad para definir el futuro del producto, los trámites se hacen mucho más lentos porque el magistrado debe disponer que los productos no serán utilizados en el proceso judicial. Hasta solucionar todos esos inconvenientes pueden pasar meses y hasta años.

Justicia Federal: un fenómeno que complica aún más a un fuero que está al borde del colapso

El incremento de decomiso de mercadería ingresada ilegalmente a la provincia está generando problemas en la Justicia Federal, que ya venía golpeada estructuralmente por gran cantidad de cargos que debe cubrir. Más del 90% de los procedimientos desarrollados en el marco del Operativo Lapacho terminaron con la apertura de una causa por lo que los despachos terminaron saturándose.

Días atrás, funcionarios de la Agencia Tucumán de la Dirección General de Aduanas y judiciales mantuvieron una reunión para analizar la complicada situación que están atravesando, puesto que ninguno tiene los recursos humanos ni tecnológicos suficientes para tratar de resolver todos los expedientes. Acordaron que buscarán la alternativa para incrementar el monto del aforo de $500.000 que no se actualiza desde 2017. La idea es llevarlo a U$S 29.000 que era la cantidad de dólares que se podían comprar ese año con esa cifra. Para que ello ocurra, los responsables de Aduana deben presentar un escrito formal solicitando el cambio. Luego, el juez José Manuel Díaz Vélez deberá resolver la cuestión. Los especialistas creen que de esta manera, la mayoría de los secuestros serán considerados como infracciones, por lo que los casos no terminarán judicializados.

Los bagayeros se mostraron sorprendidos por la iniciativa. “Esa es una medida que busca solucionar sus problemas, no la actividad. Acá las autoridades nacionales tienen que sentarse de una vez para analizar cuál es el camino que deben tomar”, indicó Mario Reyes. “Normar el bagayerismo sería lo más conveniente, pero como no conocen de qué se trata, no saben qué hacer”, finalizó Juan Ríos.