

Las novedades del narcotráfico vuelven a ser el centro de atención en materia de seguridad. La más grave es que se percibe una especie de naturalización en las cuestiones vinculadas con este ilícito. Los informes de que año tras año se incrementa la cantidad de estupefacientes secuestrados se volvieron habituales. Esta tendencia pareciera no sorprender a casi nadie, especialmente a las autoridades de la Nación que son las responsables de luchar contra el tráfico a gran escala de sustancias, ya que las provincias sólo pueden colaborar luchando contra el narcomenudeo o detectando algún cargamento. El mileísmo, como sucedió con todos los gobiernos democráticos, sigue sin encontrar la manera de ponerle un freno al tráfico de sustancias.
Duro presente
Los anuncios y operativos lanzados por la Nación no estarían dando los resultados esperados y lo que es peor aún, no hay un reconocimiento de su fracaso. Por ejemplo, en diciembre del año pasado se lanzó el operativo del llamado Plan Güemes, estrategia que buscaba incrementar el secuestro de drogas en toda la región a partir de un mayor control en la localidad salteña de Orán, considerada como una especie de shopping de sustancias prohibidas.
Sin embargo, según los registros a los que tuvo acceso LA GACETA, en lo que va del año se decomisaron en la región 1.287 kilos de estupefacientes, menos del 50% de los 2.869 kilos secuestrados en el mismo período de 2024. De este programa sólo quedó en el recuerdo la colocación de un alambrado de 200 metros en tierra oranense. La disminución de los decomisos no tendría que ver con la efectividad de los controles, sino con que los narcos ya encontraron la manera de burlarse de ese operativo.
Otra de las apuestas que realizó el Gobierno fue la de blindar el cielo para evitar el tráfico aéreo de drogas. Colocó radares en Santa Fe para tener un mayor control en el NOA y en el NEA para detectar a las naves que trasladaban las sustancias. Los especialistas habían advertido que las intenciones eran buenas, pero que no serían efectivas. Destacaron que los vuelos narcos sólo serían detectados en el sur de Santiago del Estero. Desde que se implementó este sistema, las autoridades descubrieron dos vuelos narcos, pero porque los pilotos tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia porque se habían quedado sin combustible y fueron denunciados por el dueño o vecinos de campos que alertaron sobre la presencia de extraños en las zonas rurales.
La violencia
La provincia fue escenario de un insólito episodio que también dejó al descubierto la naturalización de las cuestiones narcos. Miguel “Miguelón” Figueroa, que está sospechado de estar vinculado al narcotráfico y que fue condenado por tres homicidios, habría sido el autor de mensajes intimidatorios contra el gobernador Osvaldo Jaldo, el juez de Ejecución Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. El caso generó polémica. Una parte de la sociedad no analizó la gravedad del asunto, sino que se preocupó más en definir si la versión era cierta o no. Para colmo, los tres poderes del Estado no tuvieron una respuesta acorde. Es más, el repudio más fuerte llegó desde las universidades y de las distintas entidades que representan al sector privado.
“Tucumán no será Rosario”, bramó Jaldo en una conferencia de prensa y prometió que en la provincia está garantizada la paz social porque habrá una lucha sin cuartel contra estos delincuentes. Por ese motivo se realizaron fuertes operativos en los que se detuvieron a más de 450 tucumanos, cuando en realidad se sospecha que menos de cinco personas podrían haber tenido participación en el caso. Los vecinos se quejaron de los procedimientos porque señalaron que se cometieron excesos. Ante este panorama se impone una pregunta: ¿se puede poner orden violando normas?
En la última sesión, los legisladores no trataron el tema de las amenazas, a pesar de que había tres proyectos para repudiar el mensaje intimidatorio. No hubo una reacción institucional, sólo expresiones de los parlamentarios en redes sociales y declaraciones periodísticas. El Poder Judicial también se mantuvo al margen. La Corte Suprema de Justicia y los ministerios Público Fiscal tampoco fijaron postura ante las amenazas que recibieron sus hombres. El caso de los fiscales, es mucho más grave porque es el segundo en poco más de un año. Los investigadores del MPF quedaron sorprendidos por la falta de apoyo, más aún si se tiene en cuenta que ellos son los que deben perseguir y procesar a los “Miguelones” de Tucumán.
Más malas noticias
El panorama es desalentador para Tucumán. Todos los informes y estadísticas revelan que sufrirá las consecuencias de la permeabilidad de las fronteras y de la inacción de las fuerzas federales y de las policías de otras provincias. Que en el NOA se esté produciendo marihuana ya no es ninguna novedad, sí que la provincia es un punto neurálgico de esta sustancia. En toda la región, en lo que va del año, se secuestraron 327 kilos de cannabis, un 50% por ciento más que los 251 kilos decomisados en idéntica cantidad de tiempo que en 2024.
En este primer trimestre, en nuestra provincia hallaron 218 kilos de marihuana; mientras que en los primeros 90 días del año pasado, apenas 19 kilos. Hasta el sábado, en estas tierras, las autoridades habían encontrado 1.343 plantas de marihuana, suficientes para producir al menos tres toneladas de flores, que es el producto más buscado y costoso de este vegetal. El número de ejemplares arrancados en todo 2024 fue de 2.716.
El secuestro de cocaína en Tucumán también tuvo un fuerte incremento. En el primer trimestre de 2024, se decomisaron 63 kilos, mientras que en el mismo período de este año ya fueron incautados 212, tres veces más. Esta droga no se produce en la provincia, o al menos no hay registro de que ello ocurra, por lo que este aumento estaría vinculada a la permeabilidad de la frontera y la facilidad que tienen los narcos para transportar la droga por el NOA, ya sea por tierra o por cielo.
El gobernador Jaldo anticipó que la Provincia busca redoblar el control del Operativo Lapacho. No dio muchos detalles, pero su idea sería la de incluir a las fuerzas especializadas en la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. Para cumplir con ese objetivo necesita dotar de mayores recursos humanos y tecnológicos a la Dirección General de Drogas Peligrosas. Pero también necesitará del apoyo de los otros poderes del Estado.