El Estado reconoció que hubo una violación a los derechos humanos al no investigar el atentado al Capitán Viola

En un cambio de rumbo significativo, el gobierno argentino reconoció formalmente que hubo una violación a los derechos humanos por parte del Estado al no investigar adecuadamente el atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el capitán Humberto Antonio Viola en 1974. Este reconocimiento se enmarca en una estrategia del gobierno actual de distanciarse de las políticas implementadas durante la administración kirchnerista.

El atentado, ocurrido en Tucumán, no solo costó la vida del capitán Viola, sino también la de su hija María Cristina, de tan solo tres años. Otra hija, María Fernanda Viola, sobrevivió al ataque y fue una figura clave en la búsqueda de justicia, llevando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según publicó La Nación, el gobierno de Javier Milei presentará ante la CIDH un acuerdo de solución amistosa firmado con María Fernanda Viola. Este acuerdo implica un reconocimiento por parte del Estado argentino de su "responsabilidad internacional por no haber garantizado una investigación penal plena que respetara los derechos a la vida, a la justicia, a la verdad y a la reparación consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

La postura del gobierno actual contrasta fuertemente con la de las administraciones anteriores, que no avanzaron en la investigación del caso. Este giro podría tener implicaciones importantes para otras causas judiciales relacionadas con la violencia política de los años 70, incluyendo el debate sobre la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por organizaciones armadas.

El argumento central que sustenta este reconocimiento, según el abogado de la familia Viola, Javier Vigo Leguizamón, es que "los crímenes cometidos en perjuicio de la familia Viola son de lesa humanidad, por haberse cometido en el marco de una guerra revolucionaria". Esto permitiría aplicar el criterio fijado por la CIDH en el caso del ataque al Regimiento de La Tablada, donde se consideró aplicable el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, que prohíbe la tortura y el asesinato de civiles y prisioneros de guerra en conflictos armados internos.

Para María Fernanda Viola, este reconocimiento representa un paso importante después de décadas de lucha por la justicia y la verdad. En declaraciones citadas por La Nación, Viola denunció el "manto de impunidad" que, según ella, protegió a los miembros de la guerrilla y ocultó la responsabilidad de diversos actores en la tragedia. El gobierno de Milei se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.