Por Gustavo Rodríguez
24 Marzo 2025
En apenas 25 minutos, la Justicia le dictó el arresto domiciliario por dos meses a la pareja de Miguel “Miguelón” Figueroa, por haber participado en el ataque intimidatorio que sufrieron el gobernador, Osvaldo Jaldo, el juez de Ejecución Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo.
Entre el domingo 16 y el lunes 17, según la acusación formalizada por el fiscal Mariano Fernández, “Miguelón” habló con la acusada Marcela Díaz para que grabara parte de la charla que mantuvieron y en la que quedó registrado el audio donde el condenado por triple homicidio amenazó al titular del Poder Ejecutivo y a cuatro funcionarios judiciales.
El representante del Ministerio Público informó que luego se lo reenvió a la periodista Mariana Romero para que se supiera su contenido. “La trabajadora de prensa se lo envió a un funcionario judicial y éste le transmitió a todos los demás”, explicó Fernández durante la audiencia en la que sólo el gobernador Jaldo, mediante un representante de la Fiscalía de Estado, estuvo representada por el abogado José María Molina en carácter de denunciante del caso. Los funcionarios judiciales, por distintas razones, se excusaron de participar.
“Quedó demostrado que ella, al enviar el mensaje para que se conocieran, tuvo una participación secundaria, por lo que corresponde imputarla”, razonó el fiscal. Según nuestras leyes, podría recibir una pena de entre dos meses y seis años si es que llega a ser encontrada culpable en un hipotético juicio
Fernández solicitó que se le dictara el arresto domiciliario por dos meses y que sea controlado con consigna permanente hasta que se le coloque un dispositivo electrónico. “Si bien es cierto que tenemos probado que la línea del celular en el que se envió el audio está a nombre de la acusada, aún quedan por realizar varias medidas y ella podría entorpecer la investigación”, destacó. “Debemos tener en cuenta que si se atrevió a intimidar al Gobernador y a cuatro funcionarios judiciales, tranquilamente podría hacer lo mismo con testigos que pueden aportar valiosa información para la causa”, añadió.
Por último, el representante del Ministerio Público entendió que Díaz debía cumplir con la medida cautelar entendiendo que la mujer, que se dedica a la venta de ropa deportiva en su hogar, tenía a su cuidado a cinco hijos, tres de ellos menores de edad. El defensor de la mujer Víctor Padilla no se opuso a ninguna de las medidas solicitadas por Fernández. El juez Guillermo di Lella aceptó todos los planteos. Por cómo se desarrolló la audiencia, no se descarta que el expediente se cierre a través de un juicio abreviado.
Reuniendo pruebas
Fernández, por ahora, no tiene pensado realizar una audiencia en contra de “Miguelón”. Estaría reuniendo pruebas para tratar de establecer su participación en el hecho. Pretende, por ejemplo, probar que la llamada salió del celular que “Miguelón” podría haber tenido en el penal de Marcos Paz. Tampoco descarta la participación de otras personas en el hecho.
Justamente, Padilla está analizando esa misma línea. “No discutimos que el audio haya sido enviado desde el celular de mi defendida, pero eso no significa que lo haya hecho ella”, destacó. El profesional agregó: “entendemos que la charla se concretó mientras velaban al hijo de ‘Miguelón’, por lo que podría haber sido cualquier otro”.
Díaz se transformó entonces en la primera procesada en la historia judicial de la provincia por haber participado en una amenaza con tintes narcos en contra de las autoridades. Su pareja, “Miguelón”, fue sospechado de haber cometido este ilícito en dos oportunidades, pero en el primer caso nunca fue acusado y ahora espera si le formularán cargos por el último.
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