
En medio de un complejo escenario judicial, la expresidenta Cristina Kirchner enfrenta una nueva revisión de sus declaraciones patrimoniales. La Justicia ordenó un peritaje para examinar posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas entre los años 2009 y 2015, en el marco de una causa residual por enriquecimiento ilícito. Este proceso, que había sido archivado, fue reactivado recientemente por la Cámara Federal tras una apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El foco de la investigación está puesto en la transferencia de bienes y el empalme patrimonial luego del fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010. Bajo la lupa se encuentran inmuebles en Santa Cruz, como un terreno de 87 mil metros cuadrados en El Calafate compartido con el empresario Lázaro Báez, y otro lote en Río Gallegos. Además, se revisan plazos fijos y depósitos en dólares, cuyas cifras habrían presentado diferencias en las declaraciones sucesivas.
El peritaje está a cargo de un perito oficial del Centro de Información Judicial y tres expertos del Ministerio Público Fiscal. También participa un contador designado por Cristina Kirchner. La fiscalía de Gerardo Pollicita, que solicitó la reapertura de la causa, sostiene que algunas inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales ya habían sido justificadas como errores materiales sin intencionalidad delictiva. Sin embargo, la Cámara Federal considera que persisten dudas que ameritan una evaluación más exhaustiva.
El expediente cobra relevancia en un contexto donde Cristina Kirchner enfrenta otras causas judiciales. La expresidenta fue condenada en la causa Vialidad por direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez y también está implicada en el caso Hotesur-Los Sauces, que investiga presunto lavado de activos mediante alquileres de hoteles. Para el juez Mariano Llorens, uno de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, existe una "lógica conexión" entre estos casos, lo que justificaría una indagatoria.
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, argumenta que la apelación de la UIF carece de fundamentos sólidos y que la reapertura del expediente responde a una persecución judicial sin sustento. Mientras tanto, la Justicia avanza con el peritaje, cuyo resultado podría ser determinante para definir el futuro de la expresidenta en los tribunales.