En Diputados y en la Legislatura se coló la denuncia de la Procelac

La investigación que realiza la Justifica Federal ante la denuncia que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra municipios tucumanos se coló en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura provincial. En la mira están las administraciones de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros, por operaciones bancarias sospechosas por unos $37.000 millones entre 2023 y 2024.

En su exposición en el recinto de la Cámara Baja, el radical Roberto Sánchez planteó que en Tucumán los recursos no alcanzan porque “se van a donde no hace falta”. “Esto se conecta con la investigación que ha salido a luz hace muy poquito, en la que un banco informó de los movimientos sospechosos que existán en municipios oficialistas. Se extraía dinero mediante cheques por ventanilla y por eso se informó a la UIF y a la Procelac. Sólo en Banda del Río Salí se emitieron $ 17.000 millones en cheques, que a valores de hoy serían unos $ 75.000 millones. Ese dinero alcanzaría para que la ciudad completa tuviera gas natural, cloacas y que no tuviera problemas con el agua potable”, expuso el opositor. Y reclamó: “esperemos que se investigue y se llegue a la verdad para que sepamos realmente dónde van a parar los dineros de los contribuyentes de todos los tucumanos”.

Ayer, en la Legislatura provincial, Ricardo Bussi también sacó el asunto. “Tucumán tiene un despilfarro increíble. Está la investigación de la Procelac que compromete $ 40.000 millones. Uno de los municipios investigados es Banda del Río Salí con $ 17.000 millones. No se dijo ni una palabra, ni el ministro del Interior ni su hijo”, planteó el titular de Fuerza Republicana, en alusión a Darío Monteros (ex intendente) y a Gonzalo Monteros (actual jefe municipal).

Ni un solo recibo

“No han mostrado ni un solo recibo”, amplió el ex senador. “De sólo recorrer esas cuatro municipalidades, queda claro que la plata que se llevaron del banco no fue para volcarla en escuelas, hospitales ni comisarías. En esas ciudades abundan las carencias de infraestructuras y hay cinturones de pobreza y marginalidad cada vez más críticos. Los vecinos viven amenazados por la inseguridad y por el tráfico de drogas. ¿Adónde fue a parar todo ese dineral?”, se preguntó Bussi. “Esa plata no fue para asistencialismo y para ayudar a los más necesitados, está directamente vinculado con los comicios de 2023”, concluyó.

Luego relacionó esta operatoria con una partida entregada al Ministerio de Gobierno, que conduce Regino Amado. “En marzo hemos detectado un decreto publicado en el Boletín Oficial donde se distraen la suma de $7.500 millones, pero esta vez para ser entregado al ministro Amado. Parece que las municipalidades se negaron a inscribirse y recibir dineros. Tucumán es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Brilla por su ausencia la transparencia”, cuestionó Bussi.