

Las diferencias de precios entre lo que se había presupuestado y lo que se terminó pagando en algunas de las obras que encaró la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con fondos recibidos por la firma Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) fueron motivo de análisis del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Francisco Pedro Guzmán. Formuló su testimonio en el marco de una nueva audiencia del juicio que se le sigue al ex rector Juan Alberto Cerisola y a los ex funcionarios judiciales Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.
Los miembros del Tribunal Oral Federal de Tucumán, jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, escucharon las conclusiones del experto que realizó su labor a pedido de la Justicia Federal teniendo en cuenta que Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas. A eso se suma el haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.
Guzmán fue el protagonista exclusivo por tercera vez desde que se reiniciaron las audiencias y aún quedan fechas por delante en las que deberá seguir declarando. Si bien en un principio se había informado que su testimonio llevaría al menos 20 audiencias, esto fue acotado por acuerdo de partes.
Durante su testimonio, el perito afirmó otra vez, como lo había hecho el martes, que la información de los pliegos no estaba completa. “Esto es una constante”, dijo. Y luego comenzó a desglosar algunas de las obras. Por ejemplo, advirtió que lo que se conoce como obra 473, en la residencia universitaria de Horco Molle, se presupuestó un monto de 1,8 millones de pesos, pero que se terminó pagando más del doble, es decir 3,8 millones. “Llama la atención la diferencia de montos”, explicó, sin querer entrar en detalles acerca de lo que esto significaba ya que, dijo, ese no era su trabajo. Y luego enumeró lo que él llamó “irregularidades e inconsistencias” en la realización de la obra. “Se hizo el llamado de licitación sin la previa autorización del Rectorado, no hay estudios de suelo, ni proyectos de instalación eléctrica, de agua ni de gas, no se hallaron planos conforme a obras, se inició la obra sin la ART, hay presupuesto oficial incompleto, hay fechas alteradas, se otorgaron anticipos financieros antes de la licitación”, dijo, entre otros puntos.
Facultad de Educación Física
Luego se refirió a la obra 477, realizada en la Facultad de Educación Física, donde también advirtió una diferencia de precios mayor a $ 1,5 millones. Allí, según dijo, “no se hallaron planos de proyecto, ni de estudio de suelos, ni cálculo estructural, ni permiso municipal, ni planos de fundación, ni certificado de fin de obras, ni planos de proyecto aprobados por entes correspondientes, ni cobertura de seguro, ni aprobación de instalaciones sanitarias de gas y eléctricas”, Además, agregó, “se llamó a licitación sin un proyecto completamente definido y sin las instalaciones eléctricas y de gas y agua. No había precios unitarios, solo globales. También se otorgaron anticipos financieros de obra no previstos en el presupuesto”.
Ya en la obra 478, realizada en la facultad de Bioquímica, Guzmán detalló que entre lo presupuestado y lo que se terminó pagando hubo un 54% de diferencia y que le llamó la atención que los oferentes licitaron por montos menores al presupuestado, y terminaron pagando más. “El presupuesto es de 4 millones y las ofertas eran de 3,8 millones”, dijo. Aquí, aseguró, “no se halló plano alguno con las formas correspondientes, ni la aprobación de la inspección de obra, el presupuesto oficial de 4,1 millones es diferente al presupuesto oficial que tuvieron los participantes del acto de ofertas de 3,6 millones. pero se otorgó por más de 4,3 millones, se contrató la obra por 174.000 dólares mayor que la oferta adjudicada y no se hallaron presupuestos desagregados”. Sin embargo, las mayores diferencias se dieron en la obra 480, de la Facultad de Agronomía y Zootecnia donde, según la pericia el prespuesto total debía ser de $ 4,8 millones, pero se terminó pagando más de $ 9 nillones, “casi un 92% más de lo calculado”, concluyó el perito.
Los defensores, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen por Cerisola, Víctor Taleb por Luis Sacca y Alfredo Falú por Cudmani (a Venturino lo asesora el defensor oficial Mariano Galleta) criticaron numerosos pasajes del análisis, advirtiendo que había falencias en los cálculos y que muchas veces no había coincidencias con otro peritaje, realizado por Gendarmería Nacional y que ya fue presentado en el debate. Lo que llama la atención es que en el trabajo de Guzmán también participó como perito de parte por Cudmani el contador público Daniel Fontana, quien en muchos aspectos coincidió con el análisis del propio Guzmán.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 31 de marzo, cuando se espera que siga declarando Guzmán, aunque en este caso ya vía zoom desde Buenos Aires. Luego lo hará el mencionado Fontana y después será el turno de la perita por parte del Ministerio Público Fiscal, Natalia Zárate.