Causa YMAD: “Defectos, diferencias, irregularidades y anomalías”, palabras usadas por un perito

Contundente, sin fisuras y respaldado por una enorme cantidad de documentación. Así fue el testimonio que ayer brindó el perito ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del juicio que se le sigue al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán Juan Alberto Cerisola y a los ex funcionarios judiciales Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. El lunes el experto hizo un paneo generalizado del análisis que se le encargó entre 2020 y 2023, y ayer comenzó a desglosar una por una las obras que peritó, en este caso la conocida como 467 o Casa del Estudiante, en calle General Paz al 826. Y no dejó dudas: Guzmán habló de un cúmulo de irregularidades y mostró documentación que probaría que, por ejemplo, fue imposible hacer un control presupuestario por la cantidad de incongruencias que encontró en su trabajo.

Guzmán, para quien se reservaron al menos 20 audiencias ya que debe hablar de todas las obras que se hicieron o no con los fondos que recibía la Universidad de YMAD, comenzó advirtiendo que debió realizar su labor a pesar de un enorme faltante de documentación: “casi no hallamos planos de proyecto, hay faltantes en casi todas las obras y los planos que existen no están firmados por profesionales”, dijo. Y prosiguió: “encontramos defectos formales, no se respetaba la cronología de los documentos analizados. Junto a la documentación, no se entregaron documentos de lo que se debía demoler, o ampliar. No había planos de demolición. No tenían certificado de capacidad para licitar de las empresas oferentes. No se presentaron estudios de suelo, que es un tema no menor. No había seguro de incendios ni otros seguros”. Según dijo ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, “no se podía conocer cuál era el alcance de la obra, sobre todo en la memoria descriptiva de la obra. No había planos de proyectos. No había descripción de equipamiento solicitado. No se informó quién era el encargado de la obra, no se sabe quien iba a estar a cargo como responsable de una obra que, por ser realizada en lugares sísmicos, debía realizarse con muchos cuidados”. Y destacó que, en esa obra puntual, “se otorgó un anticipo financiero de más de un millón de pesos, pero la factura era por poco más de 500.000 pesos (año 2008)”. También rememoró que “a siete días de la entrega de la obra se presentó la solicitud para colocar el aire acondicionado, algo inverosímil ya que conllevaba nuevas obras en toda la estructura. Había facturas repetidas, duplicadas y hasta triplicadas en distintas fojas, sin poder precisarse si se pagaron dos veces. La obra tenía como objeto ampliar la casa del estudiante, y había obras que se repetían”. Ante esto, aseveró, “es imposible hacer un control presupuestario”. Y dejó en claro que no había documentación al respecto de la compra del servicio del aire acondicionado, a pesar del elevado monto que terminó saliendo esa colocación.

Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

Guzmán ejemplificó que “se licitaba para colocar bajo mesadas, sin dar detalles, y se pagaban montos correspondientes, pero en la inspección no se detectó que esas bajomesadas hayan sido colocadas efectivamente”. “Había obras a las que se le sumaba el 50% del presupuesto en adicionales. No se concibe algo así”, dijo el experto a preguntas del fiscal Pablo Camuña. Según expresó: “ha sido otorgado un anticipo financiero de obra, no contemplado en el pliego licitatorio. Su otorgamiento, atenta contra la transparencia y el principio de equidad que debe primar en toda Licitación Pública, ya que modifica las condiciones de contratación impuestas por el pliego licitatorio y por tanto resulta una clara ventaja otorgada a la contratista en desmedro de la equidad entre oferentes que debe imperar en las contrataciones de Obra Pública, alterando con ello las condiciones financieras del contrato”. Y finalmente informó: “se ha estimado el valor de la Obra N° 467 (Casa del Estudiante) en $1.207.561,55. Se ha verificado una diferencia con el monto contractual del 41.94% resultando mayor el monto de contrato ($1.713.965,14) al monto estimado en el presente Informe Pericial. Dicha diferencia en moneda cuasi constante resulta ser equivalente a USD158.251,12 al cambio de 3.20 $/USD correspondiente a mayo 2008”, dando una idea de las diferencias económicas en las cuales se sustenta la acusación.

Guzmán seguirá su declaración hoy.

De qué trata la causa

La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT en concepto de utilidades de la minería. La Universidad es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento de Farallón Negro, rico en manganeso, en oro y en plata. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.