Por Gustavo Rodríguez
19 Marzo 2025
La mujer que habría actuado de interlocutora para que Miguel “Miguelón” Figueroa enviara las amenazas contra el gobernador Osvaldo Jaldo y cuatro funcionarios judiciales, finalmente pudo ser detenida luego de que realizaran varios operativos en el Gran San Miguel de Tucumán. Pero por el momento está acusada por atentado y resistencia a la autoridad.
Según el informe policial, la sospechosa de 42 años, caminaba junto a sus hijos por el barrio San Javier, de Villa Carmela cuando fue detenida por los uniformados. Al requerirles su identificación, los sospechosos habrían intentado agredir a los efectivos. Los tres fueron trasladados a la comisaría de esa localidad. Los menores, por orden de la Justicia fueron dejados en libertad, mientras que la mujer quedó demorada.
Los pesquisas creen que ella podría haber grabado el mensaje con el que “Miguelón” amenazó al gobernador, al juez de Ejecución Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo por no haberle permitido ser trasladado del penal bonaerense de Marcos Paz a nuestra provincia para despedir a su hijo que falleció el domingo. Hasta el cierre de esta edición no se definió cuál era su situación procesal.
Revuelo
El martes por la noche, luego de que se conocieran los mensajes intimidatorios, decenas de policías coparon varios barrios de Villa 9 de Julio en busca de las personas que podrían estar vinculadas al hecho. Fueron detenidas unas 100 personas, la mayoría de ellas por contravenciones policiales y atentado a la resistencia a la autoridad.
Los procedimientos coincidieron con la realización del velorio del hijo de “Miguelón” realizado ayer por la tarde en ese sector de la ciudad. Justamente, por lo ocurrido en ese lugar, LA GACETA pudo registrar las primeras quejas de los vecinos. “Vinieron haciéndose los malevos y se llevaron a todos los chicos que estaban en la vereda. Fue tremendo cómo los llevaban a los golpes”, se quejó Mario Jiménez. Fernanda Heredia contó otra historia completamente diferente: “lo que no dicen ellos es que cuando llevaban el cajón comenzaron a hacer tiros a lo loco. Es fácil quejarse cuando viene la Policía y los guarda porque ellos se mandan una macana”.
“Pero la noche fue peor. Ahí sí que el que andaba en la calle terminaba preso. No sabíamos qué estaba pasando, pero cuando nos enteramos entendimos muchas cosas. No está bien que amenacen al gobernador y a los jueces, pero tampoco es bueno que ‘encanen’ a cualquiera”, explicó Federico Soria.
Son contados con los dedos los entrevistados por LA GACETA que quisieron aportar datos sobre “Miguelón”. “Acá todos le tienen miedo. Él puede estar adentro, pero nadie duda que sigue manejando todo. Sus parientes lo hacen. Está bien que los lleven presos a todos sus laderos, pero el problema es que los policías se pasaron”, finalizó Juana del Valle Ramírez.
Varios abogados comunicaron que en las próximas horas realizarán planteos ante las autoridades por lo sucedido el martes por la noche. Según explicaron, las medidas se desarrollaron sin autorización judicial. “Se pasaron los ‘milicos’. Le metieron palos a todos sin importar quién era. Tienen que parar”, comentó José Luis Ibáñez.
“Hay que limpiar al barrio de estas porquerías. Pero no por eso, ellos van a guardar a todos. Es cierto que hubo incidentes, pero para que haya tanto lío”, indicó Fernando Rodríguez.
Reconocimiento
“Ingresamos al barrio donde él reside y detuvimos a familiares, allegados y conocidos de este delincuente. Todos van a terminar presos”, admitió el jefe de Policía Joaquín Girveau durante la conferencia de prensa. “Este es un mensaje que queremos dar. Basta de amenazar a fiscales, jueces y gobernadores. Ya se lo dijimos: van a terminar presos”, añadió.
El titular de la fuerza indicó además que con el operativo se cumplió lo que se buscaba. “Hemos conseguido los datos necesarios para investigar este y otros delitos. Oportunamente vamos a presentar los informes a la Justicia para que los analice y defina qué hacer con ellos”, destacó Girveau.
Hasta el cierre de esta edición el Ministerio Público no había recibido ningún tipo de denuncia sobre los mensajes intimidatorios. Al parecer, el ministerio de Seguridad reunirá todas las pruebas que considere prudente para recién denunciar el hecho. En principio, el caso deberá ser investigado por el fiscal Mariano Fernández, si no hay un cambio de planes de último momento.
El legislador Vargas Aignasse pide que se aplique la Ley Antimafia en este caso
“La Justicia tiene elementos suficientes para imputar al sospechoso. El acusado tiene vínculos con el tráfico de drogas y delitos violentos. Sin lugar a dudas estamos ante una organización criminal, tal cual lo tipifica la llamada Ley Antimafias, promulgada en marzo pasado y que contempla el agravamiento de penas para sus autores”, aseguró el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. El parlamentario oficialista explicó que están trabajando en el proyecto de adhesión provincial a esta norma, adecuando parte de sus disposiciones al código procesal penal de la provincia. “Sin perjuicio de ello es plenamente aplicable y debería la Justicia utilizarla en este caso, si lo considera procedente”, sentenció.
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