

Las reformas tributarias que impulsa el Poder Ejecutivo (PE) se avizoran como el tema más candente de la sesión de mañana. La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría y de minoría de la comisión de Hacienda y Presupuesto, pero también con críticas de la oposición y de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, entre otros.
El proyecto para reformar el Código Tributario provincial (5.121) y la Ley Impositiva (8.467) ingresó en diciembre de 2024. Los cambios alcanzan temas vinculados con la figura del responsable sustituto, la verificación de saldos prescriptos y ajustes en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos, entre otros.
El presidente del comité, Carlos Gallia (bloque Justicialista), declaró que el objetivo de los cambios es minimizar las tareas burocráticas y los costos administrativos de las pymes, así como mejorar la base de recaudación fiscal. “Creamos la figura del responsable sustituto. Actualmente, existe la figura del responsable solidario: tanto el actor principal que debe el impuesto como el solidario son responsables de manera mancomunada. En cambio, con el responsable sustituto, el deudor principal es reemplazado directamente por otra persona, cuya designación corresponderá a las autoridades fiscales”, dijo.
El ex intendente de Lules explicó que el dictamen establece también que todos aquellos que se presenten en un litigio ante el Tribunal Fiscal de la Provincia deberán abonar un 4% sobre los montos litigados.
Espada in eternum
Uno de los artículos más controversiales del dictamen es el que habilita a la Dirección General de Rentas (DGR) a “verificar los saldos favorables impositivos correspondientes a años prescriptos cuando incidan en determinaciones exigibles”. Al respecto, Gallia declaró que la verificación se realizará únicamente para comprobar la veracidad del saldo a favor reclamado por el contribuyente. “No implica, en ningún caso, la realización de una nueva inspección sobre un año prescripto, el cual no se modifica. Se trata exclusivamente de analizar cómo se formaron dichos saldos, determinar su veracidad y evitar que el fisco devuelva montos sin la debida verificación”, señaló.
El legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán) se expresó especialmente preocupado por el último punto. “Avanza sobre una cuestión fundamental del derecho tributario: la prescripción. Con la modificación que propone el PE, se vulnera de manera flagrante este principio al permitir a la DGR verificar períodos ya prescriptos cuando estos determinen saldos a favor del contribuyente”, reprochó.
El parlamentario firmó un dictamen en rechazo de la modificación, a la que calificó de temeraria. “Ni siquiera altera la cantidad de años actuales de la prescripción impositiva, sino que, lo que es peor, habla de una facultad de verificación hacia atrás sin límite, lo que podría tornarse en una espada de Damocles pendiendo in eternum sobre la cabeza de los contribuyentes”, criticó.
“La misma pecera”
Los radicales Silvia Elías de Pérez y José Seleme (Valores para Tucumán) señalaron que habrá una suba de impuestos y que se afectará la seguridad jurídica de los contribuyentes. Marcaron que habrá una suba en: impuestos a la venta de inmuebles; de sellos a los contratos; y el mínimo mensual de impuestos, golpeando a los contribuyentes más pequeños. “Este proyecto de reforma no busca mejorar la economía de la provincia, sino quitarle hasta el último peso a los que producen”, reprochó Seleme.
Elías de Pérez, en tanto, dijo que se busca sumar un nuevo elemento de tortura económica: la exprimidora. “Tucumán necesita un sistema tributario justo, que impulse el desarrollo en lugar de ahogar a quienes generan empleo”, lanzó. Además, había enviado una nota a Gallia solicitando que cite a pymes, contadores y otros actores relevantes para consultar su opinión, pero la propuesta no habría sido considerada.
Manuel Courel (Cambia Tucumán) criticó las modificaciones, subrayó que van a contramano de las políticas nacionales de simplificación tributaria, de desregulación y de baja de impuestos, y dijo que la revisión es inconstitucional. “Lo único que busca es seguir pescando en la misma pecera, de modo más agresivo cada vez. Pretenden exprimirlos al máximo, en vez de facilitar que haya más personas que tributen”, cuestionó.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, Julio Heredia, advirtió que las medidas tendrían un impacto negativo en la actividad económica provincial. “Nuestro sector es uno de los principales motores de la economía provincial. Necesitamos incentivos para producir y crecer, no más impuestos que nos empujen al abismo”, criticó.
Fomento para la minería: la comisión busca avanzar con el dictamen
La comisión de Economía y Producción buscará dictaminar en el corto plazo el proyecto que envió el Ejecutivo para modificar la ley de fomento minero. El director de Minería de Tucumán, Andrés Renolfi, concurrió ayer para participar de la reunión del comité que encabeza Leopoldo Rodríguez. El legislador dijo que no se le dio dictamen al proyecto, sino que se pasó a un cuarto intermedio. “La idea es que la semana que viene se reúna nuevamente la comisión y analizar si se da el dictamen favorable. Seguramente así va a ser porque entendemos que es una herramienta necesaria”, expresó Rodríguez.
Entidades deportivas: crearán una nueva ley de emergencia social
La comisión de Deportes dio dictamen al proyecto de ley que deroga la ley N° 8.898 y establece una nueva ley de emergencia económica y social de entidades deportivas y sociales sin fines de lucro. Mediante esta norma, se declaran “inembargables los aportes oficiales (nacionales, provinciales, municipales o privados) entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro mediante subsidio o bajo cualquier otra figura, cuando tengan como destino el cumplimiento de su objeto social”. Además, se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2025 las ejecuciones que persigan la subasta de bienes inmuebles.