

Las amenazas alteraron la agenda de la Casa de Gobierno. Desde que se conoció el caso, dirigentes y funcionarios comenzaron a pedir detalles de lo ocurrido y de los avances de la investigación. Luego comenzaron a sonar los celulares para transmitir los mensajes de solidaridad para el gobernador Osvaldo Jaldo y los funcionarios judiciales. Después hubo más escenas de apoyo, entre ellas, la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo que concurrió para transmitir el mensaje de apoyo de la totalidad de los legisladores. Por último, llegó una esperada conferencia de prensa. “Vamos a garantizar la paz social de los tucumanos”, fue uno de los primeros mensajes fuertes que quiso emitir.
El mandatario contó muy pocos detalles del caso. Dijo que dio órdenes para que se investigara todo lo sucedido y que a los responsables se los pondría a disposición de la Justicia. Pero hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público, que debe investigar el caso, no recibió ninguna denuncia formal. Tampoco se conocieron mayores detalles para que iniciara una investigación de oficio.
En la rueda de prensa surgieron otras cuestiones. Jaldo fue el encargado de sospechar cuáles podrían haber sido los motivos que originaron estos mensajes intimidatorios. “Estamos tocando intereses, pateando hormigueros y pisando callos. Los delincuentes están reaccionando porque en Tucumán están perdiendo terreno en lo económico y están desapareciendo”, opinó.
El ministro del Interior, Darío Monteros redobló esa teoría al afirmar en su cuenta de X: “Que les quede claro: NO NOS VAN A AMEDRENTAR (así con mayúsculas). Sabemos que hay muchos nerviosos porque esta gestión está tocando intereses que nadie antes se atrevió a tocar. Pero que escuchen bien: la voluntad política del gobernador Jaldo es inquebrantable”.
Política de seguridad
El caso de las amenazas también puede marcar un rumbo en la política de seguridad del Gobierno. “No permitiremos que Tucumán sea Rosario”, anticipó. “Hemos demostrado que no lo es porque estos delincuentes no estarían encerrados. Las amenazas fueron desde las cárceles porque este Gobierno los detuvo y la Justicia los condenó”, añadió.
Sin dar mayores precisiones, Jaldo anunció la creación de unidades especiales para la lucha contra el narcotráfico. “Vamos a seguir avanzando, no vamos a bajar los brazos”, insistió.
Hasta el momento, el área de Seguridad había reforzado el Operativo Lapacho para frenar el ingreso de drogas a la provincia. Pero desde hace varias semanas que se analiza la posibilidad de jerarquizar la tarea que realiza la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop). La idea es dotarla de mayores recursos humanos y tecnológicos para que tengan una mayor participación en la persecución de grupos narcos en la provincia.
Mensajes: funcionarios nacionales mostraron su apoyo
“Mi solidaridad con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Pedro Gallo, Carlos Sale e Ignacio López Bustos ante las amenazas recibidas. Frente a hechos de tanta gravedad, la política debe dejar de lado las diferencias partidarias y unirse para repudiar la violencia y exigir justicia, con todo el peso de la Ley”, expresó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior en su cuenta de X. En su declaración, el representante del gobierno nacional hizo un llamado a la unidad política para enfrentar estos hechos y remarcó la importancia de una respuesta firme del Estado ante la escalada del crimen organizado en la provincia. “El Estado debe ser inflexible y continuar luchando contra el crimen organizado. No vamos a permitir que el narcotráfico se apodere de Tucumán ni de la Argentina”, agregó Catalán. Ayer por la tarde, la ministra de Seguridad Patricia Patricia Bullrich le pidió a Eugenio Agüero Gamboa para que le transmitiera al dirigente tranqueño y a los funcionarios judiciales su apoyo por lo que había ocurrido.