Por Gustavo Rodríguez
19 Marzo 2025
Miguel “Miguelón” Figueroa estuvo prófugo durante casi dos años. Fue atrapado cuando visitaba a su hijo en Salta, provincia donde estaba recibiendo un tratamiento por su adicción a las drogas. El domingo, el joven, que había abandonado el programa, se quitó la vida. El padre, desesperado, pidió autorización para ser trasladado del penal bonaerense de Marcos Paz a Tucumán para poder despedirse. Pero como el trámite se demoraba y todo parecía indicar que sería rechazado, tomó una drástica decisión. El condenado por tres homicidios y sospechado de ser narco, decidió enviar una mensaje intimidatorio al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez de Ejecución Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. La reacción de las autoridades no se hizo esperar: el acusado fue trasladado a un penal de máxima seguridad y la Policía realizó un operativo donde aprehendió a sus allegados.
“Lo único que quería es poder llorar sobre la tumba de su hijo”, dijo un allegado del acusado que se salvó por poco de ser detenido por la Policía. Su defensor, Macario Santamarina (renunció después de haberse conocido el caso de las amenazas), inició los trámites correspondientes ante el fiscal Sale. Pero en el penal de Marcos Paz, donde Figueroa se encuentra alojado desde agosto pasado, el copndenado decidió actuar.
Habló con una allegada y le habría pedido que grabara un mensaje en el que habría realizado veladas amenazas contra el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios judiciales. La interlocutora reenvió ese audio a la periodista Mariana Romero, quien lo presentó ante las autoridades del Ministerio de Seguridad para advertir de la situación.
“Ese changuito era todo para ‘Miguelón’. Lo que es la vida. Comenzó a consumir la porquería que vendía su padre. Creo que por eso él sentía culpa y hacía lo que sea por él. Su muerte lo debe haber puesto como loco”, señaló Estefanía Juárez, una joven madre de Villa 9 de Julio.
Una reunión
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, le transmitió la novedad al gobernador Jaldo, quien dispuso que se hiciera una reunión de emergencia al que invitaron al jefe de Policía, Joaquín Girveau. En ese encuentro decidieron tomar tres caminos. El primero, denunciar lo que había ocurrido a las autoridades de la Nación porque el mensaje había sido enviado desde la cárcel a través de un celular. El segundo, contarles lo que estaba sucediendo a los funcionarios judiciales y, el tercero, ir tras los pasos de la persona que actuó como interlocutora.
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, además de solidarizarse con el gobernador Jaldo, le confirmó a Agüero Gamboa que trasladaría de manera inmediata a Figueroa a otra unidad carcelaria con mayores medidas de seguridad. El acusado pasó la noche en el penal de Ezeiza, lugar donde se encuentran alojados los integrantes de las bandas narcos rosarinas y los traficantes considerados como los más peligrosos. Las condiciones de encierro en esa unidad penitenciaria son las más duras y más cuestionadas por los organismos de derechos humanos.
El segundo fue comunicarse con los funcionarios judiciales para informarles las novedades, brindarles seguridad disponiendo una consigna especial para ellos y sus familias.
El último, realizar un operativo en diferentes barrios de Villa 9 de Julio para dar con las personas que podrían haber colaborado con “Miguelón” en el envío del mensaje. Desde la noche del lunes, hasta ayer por la tarde, continuaba la búsqueda de los sospechosos. Según lo informado por las fuentes de las fuerzas, fueron más de 100 los demorados, entre ellos la mujer que habría actuado como interlocutora.
“Estuvieron pasados los policías. Ninguno que andaba en la calle se salvó. Guardaron a todos sin asco. Por mí, que lo maten al porquería ese de ‘Miguelón’, pero que no se metan con los ‘pibes’ que nada tienen que ver en esta historia”, aseguró Mario Frías, adolescente del barrio El Molino. (Ver más detalles del procedimiento en la página 11)
Esta no sería la primera vez que “Miguelón” recurría a esta estrategia para causar miedo. Fue acusado de amenazar a los fiscales Sale y López Bustos antes de que comenzaran los juicios en su contra. Se inició una causa que nunca prosperó.
Durante los debates, los familiares de las víctimas y testigos en general, denunciaron que habían sido amenazados por los allegados de “Miguelón” para que contaran la verdad. Por esa razón, los jueces ordenaron en varias oportunidades que se les asignarna custodias permanentes.
Los investigadores también habrían establecido por qué el acusado eligió el destinatario de las amenazas. Figueroa siempre responsabilizó a Jaldo por haber dado una orden política para que fuera condenado.
Sale y López Bustos fueron los que llevaron las investigaciones por las que terminó siendo condenado. En tanto que Gallo, al reemplazar al segundo de los fiscales mencionados, quedó al frente de la causa por un crimen. Por último, el juez Ortega es el magistrado que intervino en su traslado al penal de Buenos Aires y que no aceptó que regrese a la provincia, tal como pretendía el penado.
El poder narco: los casos de gobernadores amenazados
Osvaldo Jaldo se transformó en el tercer gobernador argentino en recibir amenazas por parte de personas que están vinculadas al tráfico de drogas. De todos los mensajes intimidatorios, este fue el único que llegó a través de terceros, los otros fueron ataques directos contra los funcionarios.
El más antiguo data de octubre de 2013, cuando cuatro personas atacaron a balazos la casa del por ese entonces gobernador de Santa Fe, Arturo Bonfatti. El ataque se registró luego de la condena que recibiera una organización que se dedicaba a la comercialización en gran escala de drogas en esa provincia, especialmente en Rosario. Emanuel “Pimpi” Sandoval fue el único acusado de este hecho y terminó recibiendo una condena de tres años y medio de prisión por ese y otras causas en diciembre de 2015. Después de haber cumplido la pena con la modalidad de arresto domiciliario, fue asesinado a balazos en octubre de 2019. Por esta causa, también fue condenado el policía rosarino Pablo Espíndola, porque hubo suficientes evidencias para confirmar que él habría suministrado las armas que se utilizaron en el atentado.
El otro caso, también registrado en Santa Fe, fue contra el actual gobernador Maximiliano Pullaro. Ocurrió en diciembre pasado cuando desconocidos le dejaron varios mensajes intimidatorios por haber comenzado a actuar contra los narcos rosarinos. Días después de que se conociera ese caso, otra banda portando armas largas, grabó un video en el que amenazaban a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por haber lanzado en Rosario el Plan Bandera para frenar la violencia narco que cubría de sangre esa ciudad.
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