Inquietud ante las amenazas a las autoridades

El mensaje intimidatorio enviado al Gobernador Osvaldo Jaldo, a un juez de Ejecución y a tres fiscales generó fuerte impresión y amplios repudios en nuestra comunidad, y dio lugar a mensajes de solidaridad del arco político de la provincia y de figuras del país. La persona que habría enviado los mensajes, un preso condenado por homicidio que se encontraba alojado en el penal bonaerense de Marcos Paz, fue inmediatamente enviado a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, al tiempo que en Tucumán se realizaron operativos en Villa 9 de Julio, que tuvieron un saldo de más de 100 personas aprehendidas, aparentemente vinculadas al sospechoso, para evitar la posibilidad de que alguien tratase de hacer efectivas las amenazas.

Por detrás del impacto que ha generado esta situación, que ha dado lugar a una importante reacción de las autoridades, expresada en la conferencia de ayer del mandatario y su gabinete, conviene reflexionar sobre las diferentes aristas que tiene este asunto.

Ha sido importante, ciertamente, la reacción social condenando estos mensajes y la contundente afirmación de las autoridades de que no se amedrentarán ante estos hechos y que continuarán con su política de seguridad.

Por otra parte, resulta inquietante que un condenado a  cadena perpetua por homicidio tenga posibilidades de utilizar teléfonos celulares para enviar mensajes intimidatorios o planificar actividades ilegales, como se ha denunciado en varias ocasiones en las cárceles bonaerenses. Como se sabe, en el régimen penitenciario las personas privadas de su libertad están limitadas para utilizar teléfonos y lo hacen bajo control, a fin de que tengan contacto con sus familiares según supervisión de las autoridades judiciales y penales responsables de que purguen su pena con el objeto de resocializarse. Es cierto que al comienzo de la pandemia se flexibilizó esta norma por cuestiones humanitarias en medio del aislamiento social, pero al normalizarse la situación en muchos casos las cosas quedaron alteradas. Como sea, se sabe que hay lugares como Mendoza donde está estrictamente prohibido el uso de celular en el penal y en otros casos se limita a los presos de alta seguridad. Ante este problema, corresponde analizar cuánta incidencia tienen en el proceso de resocialización estas licencias, si de ellas pueden surgir hechos delictivos y e intentos de amedrentamiento de alto nivel, como es el caso que nos ocupa.

Finalmente, debería generar inquietud el hecho de que este mismo preso es quien había enviado hace tiempo amenazas a fiscales y jueves y eso motivó que fuera trasladado a Buenos Aires. Según se sabe, por ello se abrió una causa pero todo quedó en la nada, acaso porque se pensó que era suficiente que hubiese recibido dos condenas a perpetua por homicidio, como para proseguir una causa por amenazas. Esto deja la idea de que no se calibró la importancia de seguir estas causas que parecen pequeñas pero que, al quedar sin investigar, pueden dar lugar a males mayores.