18 Marzo 2025
La principal apuesta política del Gobierno nacional en el ámbito de la Justicia enfrenta horas cruciales y un dilema de imprevisibles consecuencias. El próximo jueves, el Senado de la Nación puede resolver la situación y con el impulso de la oposición caerían las postulaciones del jurista Manuel García - Mansilla y del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.
En un contexto cargado de especulaciones que indican que la gestión libertaria podría mantener su postura y culpar a la oposición o retirar los pliegos para evitar una derrota política de imprevisibles consecuencias, García - Mansilla ya juró y empezó a ejercer como juez de la Corte nombrado por el presidente Javier Milei en comisión, al igual que Lijo, quien no siguió sus pasos porque los magistrados del alto tribunal le exigieron que antes renuncie a su cargo.
Sea cual sea la decisión que adopte el oficialismo, deberá someterse a una votación en el recinto del Cuerpo presidido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Para retirar uno o los dos pliegos, la bancada de La Libertad Avanza requerirá de una votación porque así lo establecen las normas de funcionamiento del Senado. Para retirar una propuesta enviada por el Ejecutivo, los legisladores, con mayoría, deben aprobarlo.
Así, el kirchnerismo sigue teniendo la llave para juntar 37 de 72 bancas, como así también los 25 para no habilitar los dos tercios que se requieren para la aprobación con dos tercios. Ante esto resulta evidente que el Gobierno necesita negociar con la oposición.
El rol de Villarruel
En este contexto reflota con fuerza la figura de la vicepresidente porque ella tiene un margen pequeño, pero decisivo, para demorar o apurar los tiempos. Aunque en Casa Rosada dan por hecho que la titular de la Cámara alta va a resistir la ofensiva kirchnerista, saben también que esa dilación no puede ser infinita y que están obligados a buscar alternativas.
En un intento claro de ganar tiempo y bloquear el eventual rechazo de los pliegos de los candidatos propuestos para la Corte Suprema, el Gobierno le ordenó a la bancada libertaria del Senado que pidiera una sesión especial para tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia, el jueves 20 de marzo. En el marco de esa sesión también se buscaría aprobar la ayuda de emergencia a Bahía Blanca.
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