Causa YMAD: un testigo declarará durante unas 20 audiencias

Juan Alberto Cerisola, el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, y el resto de los imputados en la causa en la que se investiga el destino de los fondos por las regalías mineras, se volverán a sentar desde hoy en la sala del Tribunal Oral Federal de Tucumán en el reinicio de las audiencias del juicio que se lleva en su contra.

El debate comenzó en mayo del año pasado y está en manos de los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca. Además de Cerisola, que es representado por Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, están siendo juzgados los ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, defendido por Víctor Taleb, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, por Alfredo Falú, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-, asistido legalmente por el defensor oficial Mariano Galleta. La acusación es llevada adelante por los miembros del Ministerio Público Fiscal Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa. El querellante es Patricio Esperguín.

La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el entonces juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT en concepto de utilidades de la minería. La Universidad es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio, rico en manganeso, en oro y en plata. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad. En 2010 el arquitecto Ramón Eudal (fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

Las últimas medidas llevadas a cabo en el debate fueron tres inspecciones oculares que se hicieron en la Casa del Estudiante, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Odontología.

Aspectos técnicos de la causa

Desde hoy comenzará a declarar uno de los testigos considerados más importantes por la acusación. Se trata del ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, quien tuvo en sus manos el análisis de todos los aspectos técnicos de la causa, sobre todo relacionados con las obras que se realizaron, o no, con el dinero que llegaba desde YMAD. Según se especula, su testimonio tomaría al menos 20 audiencias. De hecho está resuelto que hoy, mañana y el miércoles sea el único en sentarse frente al Tribunal. Para después están previstos los testimonios de otros dos peritos, el oficial contador público Daniel Antonio Fontana y la perita por parte del Ministerio Público Fiscal, Natalia Zárate.

Si bien más de la mitad de los testigos que estaban previstos en un principio (180) ya declararon o fueron desistidos por las partes, se prevé que las audiencias llegarán al menos hasta mediados de año.