

Emprendedores, autoridades, investigadores y hasta las propias víctimas hablan del “efecto El Mollar”. Después de que se desalojara un emprendimiento privado en el que resultaron engañadas más de una treintena de personas, funcionarios de la capital tucumana, Tafí Viejo y Yerba Buena denunciaron la venta de tierras de manera irregular. Por ese motivo, solicitaron a la Fiscalía de Estado su pronta intervención.
En octubre pasado, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban usurpando las tierras de la Reserva Natural La Angostura. Las autoridades descubrieron que en un sector se estaba registrando venta de tierras en un proyecto conocido como “Loteo Gaucho Castro”.
La fiscal de Estado Gilda Pedicone denunció el caso en la Justicia y el fiscal Miguel Varela descubrió la existencia de una organización que había ocupado ilegalmente un predio y, después de haber realizado varias maniobras irregulares, comenzó a vender lotes. Los compradores, que argumentaron que habían adquirido los terrenos con buena fe, terminaron siendo desalojados en menos de cinco meses por orden judicial.
Por ese caso, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió eliminar la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat y crear una Unidad Ejecutora que, bajo el control de la Fiscalía de Estado, se encargará de atender los casos de usurpación de tierras fiscales. “Se han recibido numerosas denuncias que están siendo investigadas. Sí debemos reconocer que varios de los planteos son cuestiones privadas o ambientales. Por esa razón, decidimos darles asesoramiento a las personas que aportan pruebas y derivar a las reparticiones correspondientes para que las atiendan”, señaló Pedicone. “Creemos que serán muchos más”, añadió.
Otros casos
En los últimos días, funcionarios de las ciudades de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena denunciaron una serie de irregularidades en la venta de propiedades. Explicaron que la mayoría de ellas se publicitan en las redes sociales y que, lamentablemente, terminan captando la atención de compradores.
“Hemos descubierto que muchos de esos terrenos se están comercializando en pleno corazón de la yunga. No es una actividad prohibida, pero no cumplen con el código de planeamiento urbano que indica que cada lote debe tener el tamaño de una hectárea”, explicó el fiscal municipal taficeño Víctor Shedan. “Los que se están comercializando tienen medida de 200 o 450 metros cuadrados, que no es ni la mitad de lo autorizado”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario indicó que la intendenta Alejandra Rodríguez ha fijado como política la preservación del medio ambiente. “Si bien es cierto que esas tierras pueden ser de particulares, nuestra misión es proteger las yungas y prevenir a los ciudadanos de maniobras engañosas que pueden generarles problemas. Lo que pasó en El Mollar es un claro ejemplo”, explicó el fiscal. “Estamos actuando. Investigamos cada uno de los ofrecimientos y tratamos de establecer las irregularidades”, indicó.
El año pasado, en la ciudad taficeña se aprobó una ordenanza en la que se prohíbe la publicidad de comercialización de terrenos cuyos loteos no fueron autorizados por la Dirección de Catastro Municipal. “Con esta norma buscamos que la gente no caiga en engaños. Los emprendedores dicen muchas veces que tienen todos los papeles en regla, pero cuando van a inscribir los dominios surgen los problemas”, destacó Schedán.
Una situación similar se descubrió en Yerba Buena. “Hemos tomado conocimiento a través de publicaciones en redes sociales y de vecinos que se acercaron a Catastro sobre la venta de lotes de 10 por 25 metros y de 8 por 20 metros, con promesas de que tienen ‘papeles al día’. Sin embargo, advertimos que esto puede ser una estafa, ya que la normativa vigente establece que en la zona de El Corte la medida mínima permitida es de 600 metros cuadrados”, explicó Eduardo Cárdenas, titular de Catastro de Yerba Buena.
“Celebro que los municipios nos acompañen a combatir las usurpaciones y evitar que gente sea engañada con las ventas de tierras irregulares. Estamos dispuestos a colaborar para lograr la regularización de las tierras en la provincia”, explicó Pedicone.
Las maniobras
Los funcionarios municipales explicaron que las personas que estén por comprar tierras, antes de hacerlo, siempre deben averiguar si los municipios o las comunas han autorizado la realización de los loteos. “Para vender lotes deben tener aprobados varios informes, como la factibilidad de contar con servicios de agua y luz; si fueron autorizados a realizar calles internas y si cuentan con los títulos de propiedad”, destacó Cárdenas.
“El único documento que habilita la venta es la escritura, porque demuestra fehacientemente quién es el titular del bien. Pero los adquirentes deben también averiguar si los lotes respetan las medidas que establecen los códigos”, finalizó Schedan.
Tarea: cerca de la demolición
La Provincia continúa avanzando con la recuperación de tierras de la Reserva Natural La Angostura. Los propietarios de la confitería y del comercio dedicado a la venta de artesanías, al igual que el titular del emprendimiento de pesca y servicios de paseos en lancha, sacaron todos los objetos de valor de las construcciones que hicieron en los últimos años. Las autoridades permitieron que realicen esta tarea para culminar con el plan que idearon: la demolición total de las dos edificaciones. No trascendió qué sucederá con el club El Sauce, instalado en tierras que fueron cedidas por la Provincia a un gremio nacional. Dependerá si la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar apela el fallo de desalojo.
Para tener cuidado
- Los interesados deben constatar si los loteos fueron autorizados por las autoridades municipales o comunales.
- Averiguar en las reparticiones públicas qué dicen los códigos urbanos del lugar dónde se encuentran los terrenos que tiene pensado adquirir.
- Siempre trate de realizar compras con inmobiliarios o emprendedores reconocidos. Desconfíe de las ofertas que se publican en redes sociales.
- La escritura es el único documento que sirve para demostrar la titularidad de un bien.
- Los especialistas sostienen que las personas deben sospechar cuando el precio del terreno es menor a los precios del mercado.