14 Marzo 2025
La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, jueza penal, quien tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes ocurridos en el Congreso durante la movilización en apoyo a los jubilados, defendió su resolución. Explicó que no consideró los antecedentes penales de los detenidos, ya que en esa etapa solo era necesario verificar si existía algún pedido de captura vigente.
En diálogo con Urbana Play, Andrade aseguró que: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”.
Asimismo, indicó que la Policía no proporcionó información detallada sobre las detenciones y criticó a la Fiscalía por no haber entregado pruebas ni solicitado medidas dentro del marco de una causa regida por el sistema acusatorio.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, expresó este jueves que más de la mitad de los detenidos tenían graves antecedentes penales. La decisión también fue cuestionada por el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, quien lamentó que la Justicia haya liberado en tiempo récord a la mayoría de las personas.
“Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, fueron las palabras de Francos.
En otro segmento del reportaje, la magistrada manifestó: "Lo que importa en el momento del control de la detención es el pedido de captura. No estaba siendo informada de nada", y subrayó que, según su criterio, las detenciones ocurrieron en el contexto de una movilización, cuya realización está amparada por la Constitución Nacional. "Mi tarea era asegurarme del control de la legalidad y de que se respetaran los derechos constitucionales", agregó.
“Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, afirmó.
Sobre los manifestantes que fueron liberados, la jueza aclaró que los que portaban armas no fueron excarcelados, debido a que esa situación está siendo investigada por aparte y admitió “quizá si lo sabía antes, hubiera pedido más elementos”.
“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", planteó Andrade en los argumentos del fallo.
En cuanto a las acusaciones que la vinculan con el kirchnerismo expresó: “No quiero personalizar, pero cualquiera puede ver mi audiencia pública. Expliqué mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares en los que me ha tocado estar”, afirmó.
El Gobierno Nacional arremetió contra Karina Andrade
Tras el enfrentamiento entre las fuerzas nacionales y manifestantes en Congreso, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade, ordenó la liberación de los 114 detenidos.
Por esto, el gobierno de Javier Milei arremetió contra la magistrada e informó que iniciará una investigación oficial para denunciarla ante el Conejo de la Magistratura de CABA por "posible incumplimiento de sus funciones", consignó el diario Ámbito.
En este contexto, el ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, afirmó: "No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad".
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