Por Martín Soto
14 Marzo 2025
La construcción de Manantial Sur se puso en marcha a mediados de 2013. Los trabajos del megabarrio de 2.500 viviendas, el segundo más grande de Tucumán después de Lomas de Tafí, comenzaron durante la gestión de José Alperovich. Se desarrolló con fondos nacionales (Programa “Techo Digno”), a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) que entonces era gestionado por Gustavo Durán. Pasaron 12 años, distintos gobiernos, polémicas, usurpaciones, vandalizaciones y millones de pesos, pero la obra nunca se concluyó. Todavía restan entregar 120 casas que el gobernador Osvaldo Jaldo se comprometió restaurar para darle un cierre definitivo a un proyecto controversial.
Durante su discurso el 1 de marzo en la Legislatura, el mandatario anunció que la Provincia destinará fondos propios “para finalizar definitivamente” el emprendimiento. “Viviendas que habían sido abandonadas, saqueadas, vandalizadas y que la Provincia hoy viene a terminar de una vez por todas para que más familias tucumanas cumplan con el sueño de tener una casa propia”, expresó. Remarcó que el Gobierno “sabe perfectamente del déficit habitacional que tiene Tucumán”.
Semanas atrás, Jaldo firmó las actas de reinicio del programa Reconstruir del IPV, ahora a cargo de Hugo Cabral. El interventor precisó a LA GACETA que son 120 las casas a reparar para ser entregadas, divididas en cuatro sectores de Manantial Sur. Son cuatro las firmas que tienen a cargo los trabajos, con una inversión de $752 millones: Mateo, Gecompe, Codesa y Panamericana. Las primeras tres ya están en obra y tendrán un plazo de cuatro meses para la entrega. Mientras que la última, que tiene a cargo casi 50 casas, aún no comenzó y tendría un plazo de unos siete meses para la ejecución de las obras.
Una mora de ocho años
En videos oficiales de 2016 que están disponibles en YouTube, puede escucharse a autoridades provinciales diciendo que hasta julio de 2017 estarían entregadas el 100% de las 2.500 de los adjudicatarios. Pero los tiempos se alargaron por incidentes de infraestructura y la aplicación de nuevas reglas de control de los preadjudicatarios de parte de la Nación. A pesar de estar terminadas, cerca de la mitad de las casas sufrieron la desidia, el vandalismo y quedaron arruinadas.
A fines de 2019, durante la gestión de Juan Manzur, la Provincia inyectó a través de DNU $246 millones (unos U$S4 millones al cambio oficial de la época), pero la pandemia frenó los trabajos de recuperación. Durante la cuarentena estricta el salvajismo volvió a atacar por falta de custodia y más de 1.000 casas quedaron en un estado deplorable, sin aberturas, sanitarios y hasta sin techos.
A fines de 2021, la Legislatura sancionó una ley para rescindir los acuerdos suscriptos con las empresas contratistas que incumplieron con las restauraciones autorizadas en 2019 y tomar los pagos recibidos como anticipos. De ese modo se autorizó al IPV a hacer nuevas contrataciones dentro del marco del programa “Reconstruir”, con fondos no reintegrables de la Nación (se estimaron desembolsos por unos $400 millones), para estar finalizadas en 2022. Y si bien se avanzó y se entregaron cientos de casas a sus adjudicatarios, con la campaña electoral de 2023 y el cambio de signo político en la Nación, todo se enfrió. Ahora la Provincia destinará recursos propios para reactivar y concluir los trabajos.
Recursos provinciales
En la firma de los convenios, Jaldo remarcó que históricamente en la provincia la obra pública se financió con fondos nacionales pero que ahora la Casa Rosada tomó otra postura y que por eso tomó la determinación de fortalecer el IPV. “Toda obra pública es importante. Por los servicios que prestará cuando se termine, pero por la mano de obra que se genera y porque dinamiza la economía”, declaró.
El mandatario resaltó también que “con recursos netamente provinciales” y del IPV se podrán reconstruir las casas para poder entregarlas a los adjudicatarios.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo, le pido a los empresarios que nos acompañen. El IPV tiene que funcionar como debe funcionar. Construir casas para los tucumanos que no tienen”, expuso.
Trascendió que la gran mayoría de las viviendas cuentan con adjudicatarios de acuerdos que realizó la Provincia hace más de una década con gremios y otras entidades de Tucumán.
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