13 Marzo 2025
El Gobierno nacional introdujo modificaciones en las partidas del Presupuesto vigente a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y el gabinete de ministros, establece una reasignación de recursos en diversas áreas clave, incluyendo seguridad y defensa, además de habilitar avales para que las provincias accedan a financiamiento externo y autorizar el pago de compromisos con organismos internacionales. Una de las áreas más beneficiadas fue la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que verá ampliado su partida hasta los $7.366 millones, de los cuales $1.625 millones será destinados para gastos reservados del organismo.
El DNU, compuesto por dos anexos de 42 y 3 páginas respectivamente, también establece un nuevo mecanismo para saldar deudas con las generadoras eléctricas y permite a la Nación cancelar obligaciones con las provincias mediante la entrega de bienes estatales.
En los fundamentos del decreto, se señala que el país atraviesa una "situación de suma gravedad" en términos administrativos, económicos, financieros y energéticos, lo que ha llevado a la adopción de medidas excepcionales para equilibrar las cuentas públicas. Se advierte que, “dada la emergencia, es necesario que el Gobierno nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones. Que, para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.
En este contexto, la administración de Milei dispuso un refuerzo presupuestario para el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia y la Vicejefatura de Gabinete, esta última con el objetivo de garantizar el operativo electoral de este año. Es así como el incremento de los recursos para la SIDE fueron incluidos en el programa "Información e Inteligencia", en el afán por mejorar los servicios de defensa y seguridad.
En el detalle se puede apreciar que los fondos son tanto para gastos corrientes como para los denominados de capital: $6.344 millones y $1.022 millones. Mientras tanto, en el desglose, se erogarán $4.323 millones en los servicios no personales: energía eléctrica, gas, agua, comunicaciones, alquileres, mantenimiento, limpieza, capacitaciones, pasajes, viáticos y los mencionados gastos reservados.
Asimismo, se asignaron mayores fondos al Ministerio de Salud y se habilitó la distribución automática de recursos educativos a provincias y municipios. Como contrapartida, se efectuaron ajustes en los montos destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
El decreto también establece un esquema para regularizar la deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, permitiendo su cancelación en hasta 72 cuotas mensuales, con un período de gracia de hasta 12 meses y una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Además, se crea un régimen especial de créditos para aquellas distribuidoras que hayan cumplido con sus compromisos financieros, cuya aplicación estará a cargo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
Otro aspecto relevante del DNU es la reactivación del artículo 7 de la Ley 26.075, que garantiza la asignación automática de fondos educativos a las jurisdicciones provinciales y municipales.
Saldar deudas provinciales con inmuebles
En relación con el financiamiento externo, la normativa habilita avales para que las provincias puedan acceder a créditos internacionales. Además, contempla la posibilidad de saldar deudas provinciales mediante la transferencia de bienes inmuebles del Estado nacional. Al respecto, el decreto establece que “los bienes inmuebles que son innecesarios y/o sin destino de propiedad del Estado nacional podrán ser afectados al pago de deudas, lo que permitirá sanear parcialmente las cuentas públicas y aliviar el gasto que conlleva el mantenimiento de aquellos bienes que no aportan un valor fundamental para los fines estatales". Esta medida se implementará dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y contará con la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Por último, el decreto autoriza el pago de cuotas por un total de 439,4 millones de dólares al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los pagos, que se efectuarán en cuotas anuales, serán cubiertos por el Banco Central (BCRA) con recursos del Tesoro Nacional. En concreto, se establecen aportes al FIDA por 2,5 millones de dólares en tres cuotas y al BID por 436,9 millones de dólares en siete pagos.
Principales modificaciones presupuestarias
- Asistencia financiera a empresas públicas (Ministerio de Economía): reducción de $1.378.408 millones.
- Servicios económicos (Obligaciones a cargo del Tesoro): incremento de $1.245.420 millones.
- Asuntos Penitenciarios (Ministerio de Seguridad): aumento de $61.969 millones.
- Gestión sanitaria (Ministerio de Salud): ampliación de $30.000 millones.
- Seguridad Federal (Ministerio de Seguridad): incremento de $16.429 millones.
- Relaciones con las provincias y Desarrollo Regional (Jefatura de Gabinete de Ministros): reducción de $15.000 millones.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez Laborativa (Ministerio de Salud): aumento de $13.507 millones.
- Información de Inteligencia de Estado (Presidencia de la Nación): incremento de $7.366 millones.
- Alistamiento operacional del Ejército (Ministerio de Defensa): aumento de $4.100 millones.
- Actividades centrales (Vicejefatura de Gabinete de Ministros): ampliación de $2.529 millones.
- Otras modificaciones en diversas jurisdicciones: aumento de $4.010 millones.
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