Usurpaciones y territorios en El Mollar y en Tafí del Valle

Varias consecuencias se desprenden de las acciones llevadas a cabo en estos días sobre territorios usurpados en El Mollar, una de las cuales se ha materializado ayer con la desocupación del llamado “Loteo Gaucho Castro” y la extracción de los alambrados que aislaban ese sector de la Reserva Provincial La Angostura. Un efecto es la convicción de que se está en el camino de la normalización de la ocupación de los terrenos en el Valle; otro, el descubrimiento de que por falta de controles había en las mismas entidades gubernamentales nichos que permitían irregularidades que llevaban al caos  sobre el que se asentaron las usurpaciones; y un tercer efecto es la falta de definición de lo que sucede con el reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes, que se vinculaban con la ley 26.160, cuyas previsiones nunca se completaron pese a que se iba prorrogando hasta este año, cuando fue declarada concluida.

El camino de normalización está claro. Ha habido fallos de la Justicia que han ordenado la devolución de predios usurpados como el del “Loteo Gaucho Castro” y que han de implicar incluso la demolición de estructuras construidas, como sucedió ya con el boliche Costa de Piedra. Ahora dos sentencias sobre juicios que llevaban más de una década de tramitación han concluido ordenando devolución de predios y pueden marcar un camino en una decena de litigios abiertos por disputas territoriales.

Otra consecuencia de estas acciones es observar que en ciertas áreas del Estado  habían proliferado irregularidades, como ocurrió en la ahora cerrada Subsecretaría de Regulación Dominial en catastro, cuyos responsables han sido acusados por presuntas maniobras. De esa oficina salieron autorizaciones para que cundieran las usurpaciones y se está investigando si eso ocurrió en otras partes de la provincia. Otra área que, al menos en el caso del litigio por el “Servicio de pesca y paseo El Pelao”, dio visto bueno, fue el Ente de Turismo, aparentemente por desconocimiento de lo que sucedía en esas tierras fiscales. No debería darse ese caos en las diferentes zonas de la administración. Urge que haya ordenamiento, coordinación y control.

La tercera consecuencia es el debate inherente tanto a los derechos de las comunidades aborígenes reconocidas desde la reforma constitucional y con la Ley 261.160, como al derecho de propietarios, sobre lo cual hay un pronunciamiento de la Corte Suprema. No se completó ese reconocimiento y se dejó que las cosas se desencadenaran según la ley de la selva, en la que hubo aprovechadores. Eso está dirimiendo la Justicia, pero el Estado debería ocuparse de definir lo que falta, que va a generar con seguridad más conflictos.