Avanzan con la recuperación de tierras en el valle de Tafí

“Estos resultados no son casuales. Hay una decisión política de recuperar las tierras que pertenecen al Estado”, sostuvo la fiscal de Estado Gilda Pedicone después de confirmar que la Provincia recuperó un nuevo predio. En este caso se trata del lugar en la entrada del valle de Tafí donde se había instalado un bar y un local de venta de artesanía. “Después de haber sido notificada de que estábamos haciendo todos los trámites, la emprendedora que se encontraba en este lugar reconoció que había ocupado tierras fiscales y sabe que tiene tres días para abandonar el lugar”, agregó.

La semana que culmina fue corta, pero intensa en lo que se refiere a novedades en la toma de terrenos de la Reserva Natural La Angostura. En tres días hábiles el Estado recuperó las tierras del emprendimiento inmobiliario “Loteo Gaucho Castro”; la sede del emprendimiento que brindaba servicios de pesca y de paseos en lancha “El Pelao”; y el predio que había sido a un gremio para que construyera un hotel y que después de ser ocupado, terminó transformándose en un club de fútbol. En los dos últimos casos, fueron a través de fallos judiciales en litigios que tardaron siete y 13 años en resolverse, respectivamente.

En Casa de Gobierno hubo un clima de euforia por los resultados conseguidos. “Es una prueba de que la prioridad de esta gestión es recuperar las tierras fiscales que son de todos los tucumanos y que forman parte de las áreas protegidas”, señaló Pedicone. El gobernador Osvaldo Jaldo también se refirió al tema: “La Justicia le está dando la razón al Gobierno de la provincia a través de distintos fallos. Si este Gobierno no fijaba la posición que hemos tomado, un poco más y privatizaban el lago”.

Pedicone destacó la trascendencia de las tierras, pero resaltó otro detalle que a su criterio es igual o más importante. “Logramos el bloqueo de inscripciones de terrenos. Todo organismo provincial, colegio de Profesionales y escribanías están impedidos a desarrollar cualquier tipo de trámite de inscripción de lotes en esta área protegida”, detalló.

Presente y futuro

El escándalo estalló a finales de octubre pasado. Empleados estatales descubrieron que personas desconocidas estaban ocupando la reserva. En menos de cinco meses liberaron gran parte de la zona, que además de las órdenes de desalojo dictadas por la Justicia, incluyen la destrucción del boliche Costa de Piedra y la devolución de los predios que la Provincia le había cedido a un club de caza y a Monteros Voley).

El lunes será un día clave en el futuro. Por un lado, se vencerán los plazos que le otorgaron a los ocupantes desalojar las tierras. Ese día también habrá una importante reunión en la Dirección General de Catastro para establecer los pasos a seguir en La Quebradita de Tafí del Valle. Con papeles, mapas satelitales y denuncias en mano, los responsables de diferentes áreas comenzarán a definir cuáles son los terrenos que fueron ocupados ilegalmente en los últimos años. También marcarán cuáles son las áreas protegidas que están siendo ilegalmente usurpadas.

“Estamos avanzando por sectores, pero la intención es avanzar en todo el territorio provincial. Nuestra prioridad es lograr desocupar totalmente el perilago y, mientras tanto, analizar otros casos”, sostuvo Pedicone. “Luego iremos por nuestro mayor desafío: regularizar las tierras en El Cadillal. Es un caso más complejo que requiere una análisis y trabajo más profundo”, adelantó.

Hay tres frentes de conflicto en la Reserva La Angostura. La Fiscalía de Estado está por iniciar acciones judiciales para reclamar la restitución del predio que fue cedido al Club Náutico y Pesca de Concepción. Ese terreno fue otorgado para que el club instalara su cede y fomentara la práctica de esas actividades en el lugar. Pero con el correr del tiempo, se desvirtuó su uso y terminó transformándose en un barrio privado.

La Provincia también inició una investigación para identificar a las personas que recibieron permisos de pastoreo. La mayoría de ellos serían integrantes de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem). Las autorizaciones habrían sido otorgadas irregularmente por la Subsecretaría de Regularización Territorial y de Hábitat, cuando es la Dirección de Flora y Fauna la que debe librar las habilitaciones. Esa repartición fue eliminada por Jaldo, ya que su ex titular y al menos dos empleados están siendo investigados por el polémico “Loteo Gaucho Castro”. El fiscal Miguel Varela cree que de esas oficinas se labraban documentaciones falsas para comercializar los terrenos. La definió como “una inmobiliaria que se dedicaba a la venta irregular de tierras fiscales”.

El último problema a resolver es otra usurpación. A fines de los 70, la Provincia le cedió tierras al Automóvil Club Argentino para que construyera una hostería. Una década después, la entidad decidió devolverla porque desistió de realizar ese proyecto. Después de octubre, los abogados de la Fiscalía de Estado descubrieron que el Gobierno jamás había realizado trámite legal para denunciar la restitución de las tierras. La diligencia está en pleno desarrollo y sólo queda que Catastro le otorgue el número de padrón para que los profesionales puedan desocupar a sus ocupantes. Allí se habría desarrollado otro loteo.

Un caso testigo: redoblan la custodia policial en la base de un emprendimiento de pesca

El desalojo del predio donde funcionaba un emprendimiento que brindaba servicio de pesca y de paseo en lanchas generó polémica en El Mollar. Versiones daban cuenta que sus titulares sólo habían realizado una entrega “simbólica” y que durante el fin de semana realizarían las actividades normalmente. Enterados de esta situación, el Gobierno no sólo decidió reforzar la consigna policial, sino que utilizará la casa que está construida en ese local como base de la Policía Lacustre hasta que se defina su futuro. La historia de ese lugar es un claro ejemplo del descontrol que había en la Reserva Natural La Angostura. Esas tierras fueron usurpadas por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar hace más de 10 años. Su titular Margarita Mamaní se la cedió al comunero Eduardo Monasterio para que la explotara comercialmente. Este, a su vez, se la entregó a su suegro Andrés Miguel que durante más de 10 años realizó la actividad bajo el nombre de “El Pelao”. El único permiso que tenía estaba a nombre de Monasterio y fue otorgado por el Ente Tucumán Turismo. En principio, no habría tributado en la Dirección General de Rentas ni en la Dirección de Flora y Fauna. En la primera semana de febrero un juez ordenó el desalojo y, como no apeló la resolución, la sentencia quedó firme. Versiones dan cuenta que el operador se habría mudado a otro terreno que también fue denunciado por la Provincia como usurpado.