Estancia Riarte: piden penas de entre seis y 10 años de prisión

El debate oral en el que se está juzgando a nueve miembros de la comunidad Indio Colalao, acusados por haber usurpado la Estancia Riarte -ubicada en Trancas, al límite del río Tala-, por robo agravado y por tentativa de homicidio entró en su recta final. Tras los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa, la próxima semana se conocerá la sentencia de los jueces Guillermo Puig, Patricio Prado y Stella Maris Arce. La acusación del Ministerio Público Fiscal, representado por Estela Giffoniello, plantea que el 17 de junio de 2012 los imputados, Alberto Dionisio Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, Juan Carlos Toledo, Carlos Omar López (senador salteño), Ciro Fernando López, María Lilia Delgado, Benito Toledo y Felipe Santiago Cruz, aprovecharon la ausencia de Alfredo Moreno, uno de sus propietarios, e ingresaron ilegalmente al inmueble rompiendo el candado del portón de acceso. Una vez que Moreno llegó en compañía de su hijo a la Estancia fueron duramente golpeados por los acusados, quienes también les sustrajeron sus pertenencias.

Fiscalía

La fiscala Giffoniello pidió penas de hasta seis años de prisión para los imputados por tentativa de homicidio, usurpación y robo agravado en perjuicio de Freddy y Sebastián Moreno. “Los hechos están demostrados con fotografías, testimonios y peritajes. No estaban haciendo un ritual, estaban tirando piedras y bloqueando el acceso”, afirmó. Añadió que que ninguno de los imputados pudo acreditar la propiedad del terreno y que la cacique Delgado permitió el ingreso a una propiedad usurpada. “Dicen que son indios. Algunos vivían en Salta o en Buenos Aires y dicen que son ancestrales. Se autoperciben Indio Colalao”, cuestionó. Además, aclaró que la Ley 26.160 no autoriza la ocupación de terrenos privados.

Querella

Los querellantes Camilo Atim y Florencia Abdala, por su parte solicitaron que Omar López, Benito Toledo, Pastrana y Delgado sean condenados a 10 años de prisión y que Mercado, Humano, Carlos Toledo, Ciro López y Cruz reciban seis años de prisión.

Aclararon que a lo largo del juicio no se discutió el reconocimiento de las comunidades indígenas ni sus derechos. “Esto no tiene que generar confusión. El hecho de pertenecer a una comunidad indígena no otorga el derecho a cometer un delito”, manifestó Atim. “Se ha acreditado claramente la intromisión clandestina a la propiedad, que han tomado el portón, que rompieron el candado ejerciendo fuerza sobre las cosas y se ha acreditado la violencia sobre Freddy Moreno y su hijo”, dijo. Atim hizo un repaso sobre las pruebas producidas en el debate y dijo que incluso los propios imputados en sus declaraciones “implícitamente admitieron la comisión de los delitos”.

Abdala, por su parte, se refirió a la golpiza que sufrieron Moreno y su hijo luego de que la policía realizara la inspección ocular en la finca y apuntó contra Pastrana al decir que este ayudó al resto de los comuneros para no ser vistos. “Este hecho no empezó el 17 de junio de 2012. Se ha comprobado que hubo una organización previa, que hubo reuniones previas y que hubo inteligencia para asegurarse que la policía no esté cuando vayan a tomar el portón y atrincherarse”, afirmó.

También habló de la protesta a la que aludieron los imputados en sus declaraciones. “Eran ocho personas golpeando a una de 68 años, 40 personas atrincheradas, la existencia de bombas molotov, de trampas, machetes, palos, armas y piedras. ¿Todo eso se necesita para una manifestación pacífica y pedir que abran el portón? Acá la intención era matar y no lo hicieron por ‘gracia de Dios’”, argumentó.

Defensa

El defensor Carlos Garmendia calificó a la causa y a la investigación como una obra de realismo fantástico. Según su teoría del caso, todo fue “una gran mentira” realizada por Moreno para “sacarse de encima a los desobedientes”. “Moreno tomó a quienes consideró los más fuertes para que el resto de la población se someta. Quedó acreditado que no se cometió ningún delito, sino que hubo sometimiento y abuso de poder contra personas débiles que intentaron defender lo suyo”, dijo.

Para acompañar su relato, exhibió mapas satelitales que ilustraban la ubicación y los alcances geográficos de la Estancia y habló de los documentos que la familia Prat Gay (los propietarios anteriores) le entregaron a Moreno y a su socio Jorge Posse al adquirir la finca. “Se entrega la posesión del inmueble en el estado en que se encuentra”, citó aludiendo a que al momento de la transacción ya se advertía a los compradores la existencia de familias que vivían allí.

“Moreno podría haber resuelto sus problemas de otra manera; no era necesaria la violencia. Este conflicto no tendría que haber sido analizado en el Fuero Penal, sino en el Civil. Este es uno de los últimos juicios que quedan en la provincia de las comunidades que fueron víctimas de la utilización del Poder Judicial para obligarlas a someterse a quién cree que tiene que mandarles”, manifestó y solicitó que sus defendidos fueran absueltos.

Hoy continuará la jornada de réplicas de las partes y la próxima semana se conocería la resolución del Tribunal. (Producción Periodística: Fiorella Lombardo Ríos).