27 Febrero 2025
Crece la tensión política por la Corte Suprema de Justicia nacional
El decreto del presidente Javier Milei, para designar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal, abre varios frentes de conflicto para lo que resta del año electoral. Planteos por inconstitucionalidad, acciones para frenar el juramento de los nominados y alternativas políticas ante una crisis que involucra a los tres poderes del Estado. Escenarios y opciones que dividen opiniones de políticos y juristas.
1- Los dos nominados pueden no aceptar asumir en comisión
Parece el menos probable de los caminos, pero la opción de que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla no acepten la designación por decreto como miembros de la Corte Suprema de Justicia está latente Apenas se conoció la resolución firmada por el presidente Javier Milei, se viralizó un recorte de la exposición de García Mansilla en el Senado. Allí, el académico aseguró que no está de acuerdo con una nominación en comisión. Lo hizo para referirse a lo que había sucedido durante la gestión de Mauricio Macri con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Daniel Sabsay, contitucionalista, aseguró que “sería una gran desilusión” que García Mansilla acepte la designación en contra de la Constitución. La posibilidad de que Lijo pida licencia al cargo de juez federal, hasta tanto su nominación sea confirmada en el Congreso, también está cuestionada. Ayer, ese permiso le fue concedido por la Cámara Federal con el voto de todos su miembros. Sabsay y varios constitucionalistas advierten que esto es contrario a la Carta Magna y al propio “sentido común”.
2- El Senado podría avanzar con un rechazo inmediato
El Senado de la Nación puede rechazar la designación de los jueces supremos. Esta es la alternativa que mayor fuerza tomó en las últimas horas. El bloque de Unión por la Patria confirmó que irá por ese camino. José Mayans, presidente de esa bancada, sostuvo que el decreto es “inconstitucional”. Voces aliadas del oficialismo adelantaron que no aceptarían el mecanismo elegido por la presidencia. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO- CABA), titular de la comisión de Acuerdos, calificó de “dañina” y “autoritaria” al decreto de Milei. Ayer, el PRO con Mauricio Macri a la cabeza dejó trascender que no estaba de acuerdo con el mecanismo elegido por el presidente. El senador radical Pablo Blanco adelantó que pedirá una sesión especial para rechazar los decretos presidenciales, lo propio hizo la UCR nacional. Solo el bloque de la Libertad Avanza, con seis senadores, avaló públicamente lo resuelto por el primer mandatario. El período ordinario de sesiones comienza el sábado y, desde entonces, los parlamentarios quedarán habilitados para pedir una sesión especial.
3- Una encrucijada para senadores que apoyaron a Lijo
El decreto presidencial que designó a Lijo en la Corte Suprema, pone en una encrucijada a senadores de distintos bloques que ya habían anticipado su apoyo al juez federal. Los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza de Unión por la Patria, junto a Beatriz Avila (PJS) formaban parte de una incipiente mayoría que podría haberle dado los votos para que el pliego pasara por el Senado durante el período extraordinario de sesiones que terminó el viernes pasado. Ahora, el escenario cambió porque la discusión en el recinto no se centrará en el dictamen de la comisión de Acuerdos a favor de Lijo - firmado por Avila- sino en el decreto presidencial que designa al juez federal y a García Mansilla. Allí aparecen los reparos constitucionales y políticos que se realizan desde casi todos los bloques incluyendo a Unión por la Patria y al PRO. El nuevo escenario obligará a revisar posiciones. La situación de García Mansilla, en tanto, parece más compleja porque ni siquiera alcanzó a pasar por el tamiz de la comisión de Acuerdos que preside la macrista Tagliaferri.
4- Todos los caminos conducen al máximo tribunal
La intervención directa de la Corte Suprema de Justicia es otra de las ventanas que podría abrir el decreto presidencial con el que se cubrieron dos vacantes en ese mismo tribunal. Voces políticas y juristas admiten que su presidente Horario Rossatti, podría optar por no tomarle el juramente de práctica a Lijo y a García Mansilla. El argumento que plantea es que tanto el, como su par Rosenkrantz fueron designados por decreto del presidente Macri, pero ambos eligieron no asumir en el cargo hasta no ser confirmados por el Senado. Otra posibilidad es que el máximo tribunal tenga que intervenir ante un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto a las potestades de uno y otro para la cobertura de vacantes judiciales o ante eventuales planteos de inconstitucionalidad. La licencia de Lijo a la cámara federal será otro expediente que, tarde o temprano, quedará a definición de los cortesanos. En cualquier caso, la cabeza del Poder Judicial de la Nación camina a enfrentar a un escenario sin precedentes en materia política e institucional.
5- El riesgo de una medida cautelar que frenaría todo
La paralización de las designaciones de Lijo y García Mansilla por parte de la Justicia Federal es una de las posibilidades más latentes en el convulsionado escenario político nacional. Este miércoles, la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) inició una acción judicial para que se frenen los efectos del decreto y se suspenda el juramento de los dos letrados. Es la primera de lo que podría ser una catarata de presentaciones en el mismo sentido. Este escenario tiene antecedentes. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que suspendió el decreto por el que Macri designó a Rossati y Rosenkrantz en el verano de 2016. Finalmente, el caso se declaró abstracto luego de que ambos jueces fueran aprobados por la Cámara de Senadores en su procedimiento habitual. En su presentación, Cepis argumentó que el dictado del decreto presidencial “demuestra la vulneración del principio de no concentración de poder, carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada”.
6- Constitucionalidad y per saltum en la agenda inmediata
Hasta el momento, ningún constitucionalista salió a respaldar el decreto del presidente Javier Milei. Por el contrario, la mayoría de los especialistas unificaron posturas para advertir que el mecanismo elegido para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia es contrario a la Carta Magna. Carmen Fontán, docente de la UNT, advirtió que los fundamentos de la resolución no pueden sostenerse en las normas vigentes. “El uso de las competencias en la que se ampara el presidente es claramente inconstitucional. Si lo que quiere es tener un tribunal adicto, lo debería decir”, aseguró a LA GACETA PLAY. Roberto Gargarella, catedrático de la UBA, calificó de “horror” a la decisión. “Saben claramente que están mintiendo”, aseveró en un hilo publicado en la red social X. La constitucionalidad o no del decreto será otro asunto que, inevitablemente, terminará llegando a los despachos de la Corte Suprema. Ayer, una asociación que reúne a jueces mujeres de todo el país pidió que el máximo tribunal aplique la figura del “per saltum” para actuar sin demoras.
7- El conflicto político impactará en la cobertura de cargos
El clima de conflicto político e institucional, que abre el decreto de Milei para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, tendrá impacto en otro problema crítico para la Justicia Federal de todo el país. Hasta octubre del año pasado, cuando el Gobierno anunció un plan para acelerar la cobertura de cargos en distintas instancias, estaban vacantes unos 288 despachos sobre un total de 1002 cámaras, juzgados o fiscalías. En la Justicia Federal local el panorama es aún más desolador. El 33% de los cargos en la provincia no tienen titular. El ejemplo más gráfico de la crisis es del Tribunal Oral Federal, que no tiene vocales titulares desde la renuncia de Carlos Jiménez Montilla en abril del año pasado. Con el retorno de la feria judicial, se formalizó la jubilación de Gustavo Gómez quien se desempeñó durante más de dos décadas como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones. Rafael Alberto Vahils Ruiz, actual fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Catamarca, se hizo cargo de su despacho. Este También tomó las funciones de Carlos Brito, fiscal federal que se jubiló en diciembre pasado.
8- Negociación y mujeres, escenario de última instancia
La atención por la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia es tema excluyente en la agenda del Gobierno a horas de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. Aunque no hubo definiciones oficiales, desde Casa Rosada dejaron trascender que el presidente espera que la Corte Suprema tome juramento a Lijo y a García Mansilla. El objetivo original era que ambos estén presentes, ya en funciones, en el acto del sábado en el Congreso de la Nación. Esa posibilidad se diluye por el nivel de tensión que generó el decreto presidencial en las últimas horas, pero el oficialismo espera que la próxima semana el tema ya esté resuelto al menos con el trámite de la asunción. Por ahora, aparece descartada la posibilidad de una negociación. En el Senado, creen que el Gobierno no tiene los votos para ratificar el decreto y que deberá pactar. Esto reaviva una idea que rondó las especulaciones políticas durante el año pasado. Esta implicaría la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema para darle cabida a un candidato de la oposición y a una o dos mujeres, tal como reclamaron distintos sectores.
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