El cambio de paradigma en la obra pública

El ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, se expresó en duros términos durante un seminario con dirigentes radicales liberales, al describir que “el régimen legal arma una estructura para chorear” (SIC), con lo cual justificó la eliminación por decreto de normativas vinculadas a la inscripción y registro de empresas y consultores para contrataciones con el Estado. El impacto de estas palabras se vuelve intenso precisamente por haber sido dichas por un alto funcionario, precisamente el encargado, en teoría, de desarmar la estructura burocrática estatal. En lo que va de la gestión del nuevo Gobierno se ha avanzado en este sentido, con el cierre o con cambios en el funcionamiento de varias entidades públicas, pero no se ha avanzado con claridad para definir cuál es el rol que debe tener el Estado y cómo se han de llevar a cabo las obras que necesita una comunidad y de las cuales no se hace cargo el sector privado.

Hasta ahora, como se ha visto en Tucumán, las provincias se ocupan de las tareas que la Nación está abandonando en el cambio de paradigma. Ya sea por convenios y acuerdos con la Nación obtenidos al cabo de complejas negociaciones, o por decisión de asumir con fondos propios el desafío, los Estados provinciales tratan de avanzar. Así se está viendo en los anuncios recientes: la remodelación del aeropuerto; la penitenciaría de Benjamín Paz; las mejoras en la ruta 307; la doble terna de El Bracho a Villa Quinteros; el prometido nuevo acueducto de Vipos y la reparación de las fisuras en la presa N° 3 de El Cadillal, más obras menores como la pavimentación, construcción de rotonda y un puente nuevo en Santa Rosa de Leales, destacadas ayer con la visita del Gobernador a esa zona. Allí el mandatario enfatizó que “gracias a las obras que se vienen realizando con la canalización de los ríos muchas localidades no se inundaron”, y que “aun cuando se dice que no hay plata, en Tucumán lo poco o mucho que hay, lo administramos responsablemente y es por eso que alcanza para mejorar las escuelas, la seguridad, para hacer rutas provinciales y caminos secundarios nuevos”. Las provincias, y específicamente Tucumán, asumen la obra pública como motor del desarrollo.

En ese marco, las declaraciones del ministro Sturzenegger introducen un sesgo conflictivo, porque el funcionario parece expresar que el sistema mismo ha sido corrompido. “Lo que ocurre muchas veces en Argentina es que el choreo es legal. O sea, el régimen legal arma una estructura para chorear”, dijo. A través del Decreto 105/2025 que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial, la Nación busca que se simplifique el sistema de contrataciones con el Estado y que se evite la superposición de marcos normativos.

El planteo del funcionario debería llevar a una profunda reflexión sobre el rol del Estado y sobre la forma de llevar a cabo sus tareas, así como de controlar eso. En eso se incluye el debate sobre las nuevas medidas, para saber si se está en el camino correcto para logra más eficiencia y transparencia, o no. La sociedad política debe asumir esa reflexión y ese debate.