26 Febrero 2025
Se presentó una acción judicial contra el decreto de Javier Milei por las designaciones de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema nacional. Se trata de una medida cautelar interina solicitada por la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). Además, en el mismo planteó se reclamó que se suspenda el juramento.
La acción judicial es la primera contra el decreto del presidente, Javier Milei, para cubrir las dos vacantes en el alto tribunal. La acción pide la nulidad y la declaración de inconstitucionalidad del decreto.
También incluye la solicitud de una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto y, por ende, no se les tome juramento a ninguno de los dos jueces. El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal con competencia civil y comercial N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo.
"El decreto es inconstitucional"
“El dictado del decreto 137/2025 -plantearon desde el Cepis-, demuestra la vulneración de principio de no concentración de poder, carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera, lo cual evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”, se agregó.
El planteo judicial tiene 104 páginas y destaca que la decisión impugnada lesiona con arbitrariedad manifiesta la garantía de independencia prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Estas disposiciones establecen los contenidos mínimos para que el sistema de administración de justicia sea independiente de los demás poderes del Estado y para que los jueces, fiscales y defensores puedan desempeñar con libertad la delicada misión que les ha sido asignada, sin interferencias políticas, y protegidos de cualquier presión, ataque o persecución”, resaltó la asociación civil, cuyo titular es Mariano Lovelli.
Según los demandantes, el decreto de Milei “es inconstitucional”.
Temas
Buenos Aires
NOTICIAS RELACIONADAS
Informate de verdad
Aprovechá esta oferta especial
$11.990
$3.590/mes
Suscribite ahoraPodés cancelar cuando quieras
Lo más popular
