Cómo impactó en el Gobierno tucumano el caso del presunto desfalco bandeño

Cómo impactó en el Gobierno tucumano el caso del presunto desfalco bandeño

La denuncia involucra a Darío Monteros y a su hijo, Gonzalo, que lo sucedió como intendente de Banda del Río Salí.

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Gonzalo Monteros, Osvaldo Jaldo y Darío Monteros. Gonzalo Monteros, Osvaldo Jaldo y Darío Monteros.

La noticia causó un verdadero terremoto en la Casa de Gobierno y sus alrededores. Un presunto caso de desfalco, por unos $ 45.000 millones, envuelve al jaldismo en una situación inesperada, a cinco días de que el gobernador Osvaldo Jaldo brinde su mensaje anual de apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura. Será el segundo discurso desde que asumió el poder, el 29 de octubre de 2023.

La denuncia involucra directamente al actual ministro del Interior, Darío Monteros, y, por efecto de la sucesión, a su hijo, Gonzalo Monteros, que lo sucedió como intendente de Banda del Río Salí. Tomando como referencia la ley antilavado, Banco Macro reportó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que, entre enero de 2023 y junio de 2024, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, de las arcas municipales se extrajeron más de $ 17.000 millones (y que podría llegar hasta los $ 45.000 millones) sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades de la entidad financiera, en la que el municipio tiene sus cuentas, según publicó el sitio de “La Nación”. Cuando trascendió la novedad, el mandatario emprendía el regreso a esta ciudad desde Tafí del Valle, donde este fin de semana participó de la tradicional Fiesta del Queso. Jaldo aprovechó el descanso para darle las puntadas finales al mensaje que dará el sábado ante los legisladores.

“Hay que esperar”, indican en el Palacio de Gobierno respecto de la evolución de esta denuncia, que involucra a más municipios tucumanos (aún no trascendieron cuáles), de Salta y de Catamarca. Jaldo instruyó a que se mantenga la cautela y el silencio hasta tanto se sepan los pormenores del expediente. Si  bien a la mayoría del gabinete la información sorprendió, no pasó lo mismo en las cercanías del titular del Poder Ejecutivo. Hubo comunicaciones de algunos funcionarios con el banco. También análisis de cuáles serían los caminos jurídicos a seguir en caso de que la investigación se profundice y llegue a tribunales. Y también hubo repercusiones de tinte político-electoral. Entre estas últimas se conjeturó que resulta curioso que las intendencias de tres distritos dialoguistas se envuelvan en un escándalo financiero durante un año electoral. Jaldo, Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) son cercanos institucionalmente al presidente Javier Milei. Otra hipótesis que el oficialismo maneja es que la denuncia habría sido motorizada desde el ala más dura del peronismo, como una manera de mellar el poder de Jaldo. La tercera alternativa apunta a una pelea de poder dentro de Banda del Río Salí, de la oposición, para minar a los Monteros.

De una u otra forma, Banda del Río Salí y las otras municipalidades involucradas tendrán que dar las explicaciones del caso. Se esperan definiciones de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la fiscalía especializada que tiene a su cargo la investigación de las observaciones que hacen los bancos. Ese organismo contaría con el monto total de los retiros y los nombres de quiénes retiraron el dinero que, según los investigadores, formaría parte del financiamiento de la campaña de 2023. Desde la intendencia del este provincial se amparan en la cuenta de inversión, que fue avalada por el Concejo Deliberante bandeño, según se indicó a nuestro diario.

De acuerdo con las disposiciones del Banco Central, el cobro de cheques por ventanilla tiene un límite: el monto debe ser inferior a $ 50.000. Claro que el régimen vigente admite algunas excepciones, como por ejemplo que ese documento sea de una misma cuenta, que corresponda al pago de sueldos y otras retribuciones por importes que comprendan la nómina salarial en forma global (en este caso, se señala que se abonó a jornalizados y a subsidiados), que se trate de un cheque cancelatorio o que sean valores a favor de los beneficiarios incluidos en la Ley 24.557, de riesgo de trabajo.  En este caso, el empleador hace una certificación que quedará archivada en la entidad, se precisa en las disposiciones del Banco Central.

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