Pareceres: los juicios perdidos son ejemplos de irresponsabilidad gobernante

Argentina no pega una en los juicios que disputa en otros países. El año pasado hubo malos resultados por la expropiación de acciones de Repsol y por la deuda reestructurada, y la semana pasada en EEUU cuando la Suprema Corte declaró como embargables activos por unos 310 millones de dólares depositados en garantía de títulos Brady (canje de deuda de los 90). Como la deuda venció los activos pueden usarse como colaterales de otros pasivos, y al haber estado expuestos antes no correspondía el argumento de inmunidad soberana.

No es una conspiración internacional sino mala praxis local. Un ejemplo claro es el fallo de 2024 ante una demanda presentada en Londres por incumplimiento en el pago de adicionales por la deuda reestructurada en 2005 y 2010 si la tasa de crecimiento anual del PIB real superaba el 3,3 por ciento. La cláusula se introdujo para que los acreedores aceptaran los nuevos términos en vez de hacer juicios y se la presentó como que el acreedor, así como contribuiría con el esfuerzo de reconstrucción del país al aliviar los pagos de deuda, también compartiría los frutos del esfuerzo. Todo iba bien, abonándose los adicionales, hasta que se cambió el método de cálculo del PIB y para 2013 dio 2,93 por ciento de variación. Por lo tanto, no correspondía pago adicional y un grupo de acreedores hizo un juicio quejándose del uso de la nueva metodología.

El PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un período de tiempo. Pero si los bienes se valúan a precios de mercado la inflación puede confundir. Un PIB mayor podría deberse sólo a precios mayores, no a que se produce más. Entonces, para la evolución de la economía se prefiere el PIB real, que implica valuar las cantidades siempre a los mismos precios, los de un año determinado (año base). Si la cifra del PIB sube, como los precios no lo hicieron entonces es que aumentaron las cantidades.

Pero hay algunos problemas. Uno, que si aparecen bienes que no existían en el año base no hay precios utilizables. Otro, que los precios del año base responden a una cierta estructura de producción de la que surgen los precios relativos entre los bienes. Por lo tanto, si la economía cambia sustancialmente los precios también deberían cambiar, pero el año base no lo refleja.

Por otra parte, sería carísimo averiguar cada transacción de cada bien para multiplicar esas cantidades por su precio base. Entonces se usan encuestas. Se comienza calculando la matriz insumo-producto, un instrumento que relaciona cada sector de actividad con cada uno de los otros. A partir de ella, sabiendo lo que pasa en un sector se infiere qué pasa en los relacionados. Así, se hacen encuestas de los diferentes sectores para inferir qué ocurre en ellos y de ahí se va a otra inferencia cruzando los datos para tener los totales.

Las relaciones intersectoriales surgen de relevamientos como el Censo Económico y la Encuesta de Consumo de Hogares. Con esos datos se especifican las funciones de producción y los precios del año base. Durante el año se van relevando datos, se aplican a las relaciones de la matriz del año base, se los valúa a los precios de dicho año, se compara con los períodos anteriores y se estima qué pasó con el PIB real.

Cuando se lanzaron las reestructuraciones de deuda el año base era 1993. En 2004 y 2005 se realizaron encuestas y un censo económico para redefinir todo, pero sus resultados se aplicaron recién diez años después. De acuerdo a eso, si el cálculo con base 1993 daba para 2013 un crecimiento que activaba la cláusula PIB, con base 2004 ya no. La queja de los acreedores: el gobierno argentino introdujo la nueva estimación de manera arbitraria, justo para que diera que no había que pagar adicionales.

El gobierno adujo que los cambios de año base son la regla porque es prudente actualizar las relaciones entre los sectores para hacer cálculos realistas. La respuesta de los demandantes fue que en 2013 ya había casi diez años de atraso por lo que nada aseguraba que el nuevo cálculo fuera más realista. En cuanto a los ingresos de los acreedores, la base 1993 sólo daba adicionales para 2013 pero no los aseguraba para el futuro; la desactualización podría jugarles en contra más adelante. Su pedido fue que se mantuviera el cálculo por base 1993, con pérdidas probables, en vez de aceptar que Argentina introdujera modificaciones a su aire porque las pérdidas serían seguras. Para el tribunal, dado que Argentina no es un agente económico confiable, nada aseguraba que no hubiera arbitrariedades por oportunismo y aceptó la demanda de los acreedores. Como resultado, se deben pagar los adicionales correspondientes a 2013, unos 1.300 millones de euros más los intereses por la demora.

Haya habido o no mala fe de Argentina, como mínimo hubo ineficiencia por el atraso en la actualización, así como resalta la mala reputación del país, bien ganada por cierto.

Ahora, ¿por qué tribunales del exterior? Para dar confianza a los inversionistas y prestamistas. En los deportes, un árbitro que fuera socio, o peor, dirigente de uno de los clubes que compitiera no sería confiable. Algo así pasa con el desprestigio institucional de Argentina en general y de la Justicia en particular. Ante posibles conflictos mejor que resuelvan tribunales confiables, no los argentinos. Si se quieren jueces favorables se conseguirá menos dinero; si se quiere más dinero habrá que tener mejor conducta porque los jueces serán justos.

Colateral de lo anterior: también hoy existe atraso en las bases de cálculo pues se sigue usando 2004 como referencia. Queda como consuelo que los cálculos alternativos de PIB e IPC, no importa si por ONGs, consultoras o universidades son similares a los que informa el Indec. Pareciera que los errores no serían grandes y además no hay indicios de falseamiento.