Usurpaciones en El Mollar: pidieron la restitución y el desalojo de las tierras de la Reserva

Usurpaciones en El Mollar: pidieron la restitución y el desalojo de las tierras de la Reserva

La Fiscalía de Estado y el fiscal Varela, por vía separada, hicieron la solicitud. El juez Velázquez debe resolver. Las consecuencias.

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Usurpaciones en El Mollar: pidieron la restitución y el desalojo de las tierras de la Reserva

El futuro de la Reserva Natural de La Angostura quedó en manos de un juez. Tanto la Fiscalía de Estado como el fiscal Miguel Varela solicitaron la restitución y desalojo del llamado “Loteo Gaucho Castro”. Lo hicieron a través de sendos escritos presentados en las últimas horas con un único propósito: recuperar las tierras fiscales que habrían sido, según los detalles que surgieron de la investigación, usurpadas para desarrollar un proyecto inmobiliario.

El 21 de octubre empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando las tierras que pertenecían al Estado. La Policía desocupó varios de los lotes que estaban siendo alambrados y la fiscala de Estado Gilda Pedicone, decidió actuar en la Justicia. Primero logró que una jueza del fuero contencioso administrativo dictara una medida de no innovar para evitar que se siguieran vendiendo las tierras y después presentó una denuncia penal en contra del titular del emprendimiento inmobiliario Juan Pablo Castro y contra las personas que surgieran de la investigación.

El fiscal Varela, con toda la documentación que recolectó en los últimos días, pudo elaborar una teoría. Un grupo de personas se habría apoderado ilegalmente de tierras de la Reserva y comenzó a comercializarlas. Luego a través de actuaciones al menos irregulares, habrían realizado maniobras con el fin de conseguir documentación que no tendría validez legal con las que habrían convencido a los compradores de que todos los papeles estaban en orden. Por eso les informó que serían investigados por usurpación y estafas reiteradas.

Los señalados fueron Castro y su nieto político Damián Romano; el ex subsecretario de Regularización Dominial Fernando Rogel Chaler y los empleados de ese organismo Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo; y Yanina Mamaní, que es nuera del último empleado estatal mencionado.

Los defensores Gustavo Morales (asiste a Rogel Chaler), Patricio Char (defiende a Barreiro) y Cergio Morfil y Silvia Furque (representan a Castro y a Romano) negaron que estén involucrados en el caso. Hasta el momento no revelaron detalles sobre cuál estrategia eligirán para evitar una acusación formal.

En los últimos 10 días, cuando comenzó a aclararse el panorama, el representante del Ministerio Público comenzó a sumar nuevas evidencias que no sólo le permitieron comenzar a investigar a otras personas, sino que además agravar la acusación porque piensa que podría estar frente a una asociación ilícita. Por ese motivo, por el momento no solicitará la audiencia para acusar formalmente a los que aparecen mencionados en la causa. Esa demora frustraba tiraba por tierra la meta que se había fijado la Fiscal de Estado por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo: recuperar las tierras de la Reserva cuanto antes.

UNA DURA TAREA. Los investigadores deberán analizar toda la documentación que se secuestró en los allanamientos de los últimos días.

Una reunión

Al haber asumido como querellante en la causa, la Provincia tiene derecho a solicitar medidas al fiscal. El miércoles, el abogado de la Fiscalía de Estado José María Molina, con instrucción de Pedicone, habría mantenido una reunión con Varela., Según adelantaron fuentes judiciales, le podría haber adelantado que la Provincia había decidido acelerar los plazos y presentó un escrito para solicitar la restitución de las tierras de la Reserva.

Entre otros argumentos, según pudo establecer LA GACETA, sostuvo que el Gobierno tendría  derecho a hacerlo sin necesidad de recurrir a una audiencia formal porque el Estado tiene la obligación de velar por sus bienes que, en definitiva, son de todos los habitantes de la provincia y más aún si se trataba de una Reserva, es decir un lugar donde se debe proteger el medio ambiente.

En la presentación firmada por Molina, se plantea claramente que la restitución de manera provisoria, es decir, hasta que se defina la cuestión de fondo. Procesalmente, los que se sientan afectados por la resolución judicial, podrán impugnar y hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia para revertirla si es que consideran prudente hacerlo. Pero no es suspensiva, es decir, que debe ejecutarse sin esperar el resultado de algún planteo impugnativo.

El representante del Estado habría que la tenencia provisoria quedará en manos de la Fiscalía de Estado o el organismo que Pedicone resuelva. En ese sentido, trascendió que esa tarea sería responsabilidad de la Dirección de Flora y Fauna.

El fiscal Varela no sólo habría aceptado el pedido, sino que hizo uno propio agregándole algunos condimentos especiales. Según confiaron fuentes judiciales, habría apoyado la restitución de los terrenos y además habría solicitado el desalojo de los actuales ocupantes. Según confiaron fuentes judiciales, habría compartido el criterio de la urgente restitución de las tierras para asegurar la protección del medio ambiente, pero puso particular énfasis en que si no se daba ese paso, se corría el serio peligro de que la situación tienda a agravarse.

Podría haber resaltado que de la investigación surge que existiría una organización que, a través de este tipo de maniobras, estarían realizando actividades inmobiliarias con tierras fiscales. En su escrito, indicó además que no se debería dejar de tener en cuenta que varios de los mencionados en la pesquisa trabajan o serían funcionarios del Estado. Vale la pena aclarar que está investigando al ex titular de Regularización Dominial (organismo que desde el lunes dejó de existir), dos empleados de la repartición y también aparece mencionado en varias oportunidades el comisionado rural de El Mollar Jorge Cruz. Para el representante del Ministerio Público, esta situación no afectaría la investigación, sino que podría generar nuevos casos.

El final

Las dos presentaciones pasaron a manos del juez Mario Velázquez que deberá tomar una decisión que puede ser impugnable. Las presentaciones se realizaron en reserva con el único propósito de no alterar el curso del expediente que, a partir del lunes, quedará en manos de la fiscal Mónica García. El ministro fiscal Edmundo Giménez es el único que puede resolver que la causa continúe siendo investigada por Varela.

Varios especialistas consultados coincidieron que el fallo Velázquez puede marcar un antes y un después en los litigios de usurpaciones de tierras fiscales y privadas. Se tratará de un precedente que servirá como herramienta para recuperar otros inmuebles.


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