

La Fiscalía Ambiental de San Miguel de Tucumán se prepara para empezar a funcionar. La nueva oficina se encargará de controlar el cuidado medioambiental en el municipio y de efectuar multas en caso de ser necesario. Los delitos más comunes en el área corresponden al arrojamiento de residuos en la vía pública y la destrucción de espacios verdes.
“Cada persona que contamine o tire algún residuo en la vía pública va a ser multado: se acabaron las acciones que contaminen al medio ambiente. Vamos a tener responsabilidad y ser muy exigentes, no vamos a tener tolerancia con esto porque, como sabemos, cuidar nuestro medio ambiente significa cuidar la salud”, había advertido la intendenta, Rossana Chahla, acerca del funcionamiento de la Fiscalía que comenzará a trabajar desde febrero.
El seleccionado para desempeñarse como fiscal Ambiental es el abogado Roberto Chustek. La propuesta será notificada al Concejo Deliberante, y a partir de entonces, la repartición emprenderá sus tareas en alguna oficina del edificio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en 9 de Julio y Lavalle.
La Fiscalía Ambiental será un órgano independiente de la Fiscalía Municipal ya existente. Por lo tanto, operarán por separado y tendrán distintos ejes. Mientras que la conocida oficina emplea multas a nivel general, la nueva se encargará de las faltas meramente ambientales. Su líder podrá actuar “de oficio o por denuncia de un particular, en toda cuestión en la que se vea o pueda llegar a verse afectado el medio ambiente”, según reza la ordenanza aprobada en noviembre del año pasado por el cuerpo parlamentario.
La norma resalta que “no resulta necesaria para su intervención la existencia de una afectación real y concreta del mismo, sino que basta con la potencialidad de su existencia para que el fiscal ambiental se encuentre legitimado para intervenir en defensa de esos intereses ambientales”. Para acompañar a la tarea de control normativo ambiental que realizará el abogado a cargo, la Municipalidad cuenta con canales de comunicación vía Whatsapp donde los vecinos podrán notificar sobre perjuicios por contaminación, acumulación de basura, destrucción de espacios verdes, entre otros. Además, la ciudad ya cuenta con un Centro de Monitoreo Ambiental y una Brigada Ambiental Municipal (BAM) que colaborarán con el estricto seguimiento de los delitos medioambientales efectuados por empresas, entidades o ciudadanos. A su vez, se hará un trabajo de concientización de cada individuo para mantener el cuidado del medio ambiente.
San Miguel de Tucumán posee un Código Ambiental propio, y en él se incluye que se utilizará la compensación ambiental al municipio como mecanismo de mitigación indirecta de aquellas instalaciones o actividades que produzcan daños, cuando estos tengan efectos moderados y tolerables sobre el medio ambiente y su instalación o actividad significase un beneficio económico y social para la ciudad. Se trata de un aporte de elementos u otras para el mejoramiento ambiental de la ciudad. De acuerdo a la nueva ordenanza, el fiscal Ambiental deberá expedirse antes de la aprobación de dichas compensaciones sobre la conveniencia o no de la misma, siendo su opinión no vinculante para el Departamento Ejecutivo.
A nivel nacional, hay una unidad fiscal abocada a esos delitos
En Argentina, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) es el organismo principal encargado de abordar delitos ambientales a nivel nacional. Con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ufima también cuenta con puntos de enlace en diversas regiones. Además de Tucumán, se menciona Paraná, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. Además, en septiembre del año pasado se estableció la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), una iniciativa que reúne a los Ministerios Públicos Fiscales de diversas provincias para coordinar esfuerzos en la investigación y persecución de delitos ambientales en todo el país.