¿Será El Mollar el punto de partida del reordenamiento territorial en los centros turísticos tucumanos? Esa es la pregunta que se hacen muchos tucumanos. Quizás ese sea el desafío más importante que afronta el Gobierno en estos días. “Nunca pasa nada” o “ya vamos a arreglar” son frases que durante décadas alimentaron la incredulidad de gran parte de la sociedad.
La localidad más grande del valle de Tafí es el escenario de una lucha que no tendría antecedentes. La Provincia busca recuperar terrenos de la Reserva Natural La Angostura que fueron comercializados en el proyecto inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Los compradores de esas parcelas no tuvieron problemas en mostrar documentos que les entregaron en oficinas públicas para probar que la comercialización era legal. Aparecen mencionados, por ahora, cinco organismos y una comuna rural. Esa es la razón por la que este caso se diferencia de otros.
Las reparticiones y la participación que habrían tenido cada una de ellas son:
- Dirección de Flora y Fauna: habría cedido al titular del proyecto Juan Pablo Castro una parte de esas tierras para que pastaran sus animales. No se sabe quién firmó la autorización, en qué fecha y hasta cuándo se extendía esta autorización.
- Dirección General de Catastro: dos profesionales recomendaron a las autoridades enviar el expediente a otra repartición para que se cambie la titularidad del bien, pese a que esas parcelas ya habrían estado a nombre del Superior Gobierno de la Provincia.
- Secretaría de Municipios y Comunas: desde esta oficina, según los compradores, se habría firmado la autorización del proyecto el 20 de diciembre de 2020. Eso es lo que figura en el plano que les entregaron los vendedores y en lo que se habría basado el delegado comunal de El Mollar Jorge Cruz para sostener que el loteo era legal.
- Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat: un profesional firmó en febrero de 2023 una constancia de que Castro estaba gestionando la escrituración del terreno. Una versión totalmente diferente a la opinión de los especialistas de Catastro.
- Dirección General de Rentas: Castro consiguió en enero de 2023 que se le emita una boleta del pago anual del impuesto Inmobiliario de ese período, cuando aún él no contaba con la escritura que demostrara su titularidad, según la opinión de un abogado de un organismo estatal.
- Comuna de El Mollar: el delegado Cruz no sólo avaló el proyecto inmobiliario en tierras que formaban parte de una reserva natural, sino que firmó notas para que el lugar tuviera suministro de agua potable.
Enojo
“Lo que más nos molesta es que somos considerados como usurpadores por las autoridades de la provincia. Somos compradores de buena fe. Ellos no dicen que fue el mismo Estado el que permitió todo esto. Tenemos todos los papeles para demostrarlo”, aseguró Alberto Cativa, uno de los que invirtió entre U$S15.000 y U$S20.000 para adquirir un terreno en ese loteo. Los compradores mantuvieron el silencio durante dos meses y ahora decidieron hacer pública esta situación. Ya lo habían hecho de manera oficial cuando en una reunión con la fiscal de Estado Gilda Pedicone le entregaron los documentos que les entregaron. No sólo habría descubierto algunas irregularidades, sino que confirmó que el titular no habría contado con ningún título de esas propiedades.
Este columnista les pidió a tres abogados penalistas que analizaran los papeles que los vendedores entregaron a las personas que adquirieron los lotes. Los profesionales coincidieron en señalar que, en principio, ninguno de ellos serviría para demostrar que son titulares de las tierras. Consideraron que esos papeles son indicios de que hubo todo un ardid con el que podrían haber sido engañados, por lo que el responsable del emprendimiento, funcionarios y empleados estatales deberían ser investigados por su accionar. Aclararon además que esta era una mera opinión y que todo el conflicto debería resolverse en la Justicia.
Se sabe que El Mollar podría ser considerada como la “capital provincial” del descontrol. El “Loteo Gaucho Castro” justifica esa calificación. Para ser aprobados por Catastro, los titulares de un proyecto inmobiliario deben presentar informes de factibilidad, es decir, documentos firmados por especialistas para que informen, entre otras cosas, si la edificación no generará un impacto ambiental y si los habitantes de ese lugar tendrán acceso al servicio de agua potable y energía.
Nada de ello habría ocurrido en este caso. En primer lugar, es al menos extraño (por ahora) que la aprobación del proyecto haya sido firmada por funcionarios de la Secretaría de Municipios y Comunas y no por Catastro. Es insólito porque, por cuestiones ambientales, jamás se debería haber aprobado el emprendimiento, ya que los terrenos donde se construiría forman parte de una reserva natural. También es casi burdo que en agosto de 2023, tres años después de su aprobación, el delegado Cruz haya firmado la factibilidad del uso del servicio de agua.
La reacción
El Estado reaccionó con una serie de medidas. Consiguió que una jueza dictara una medida cautelar para que no se siguieran ocupando tierras y construyera en la reserva. Avisó a las empresas que no debían habilitar el servicio (agua, luz y gas) si es que sus peticionarios no contaban con la documentación que acredite la titularidad del inmueble. También advirtió a los colegios de profesionales y a los escribanos que se abstuvieran a realizar cualquier tipo de trámite en tierras fiscales. Por último, envió a la Policía para sacar todos los cercados y destruir con topadoras las construcciones que habían realizado para que el mensaje terminara de llegar.
El caso no se cerró. La Provincia denunció ayer penalmente a Castro por usurpación. El señalado es un hombre de 85 años, que no tiene celular y que probablemente no tenga idea que su nombre está escrito en documentos oficiales. Pero también deberían responder funcionarios. La situación del delegado comunal Cruz es complicada, al igual que la del titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat, Fernando Chaler.
Cuando termine la feria, se debería resolver la situación de un comercio de venta de artesanías con bar que funciona en la entrada del valle; el del prestador de servicios de pesca y paseos en el lago La Angostura; y la de un club de fútbol de esa localidad. Los compradores de las tierras sostienen que ellos están en las mismas condiciones y el Estado no los persigue como a ellos.
Las autoridades reconocen que el caso de El Mollar se repite en otros centros turísticos. Ya iniciaron acciones para recuperar tierras fiscales en San Javier y en El Cadillal. Pero aún queda analizar lo que ocurre en Tafí del Valle y Raco, por sólo citar algunas localidades. La batalla judicial para resolver estos conflictos será dura, pero mucho más difícil será concretar acciones concretas para recuperar la credibilidad de una parte de la sociedad.