05 Enero 2025
Tucumán enfrenta otro año con más dudas que certezas al momento de hacer cuentas sobre los fondos nacionales con los que podrá contar en los próximos meses. Los analistas y parlamentarios consultados por LA GACETA, coinciden en que la falta de sanción del Presupuesto 2025, por parte del Congreso de la Nación, fortalece la veta política en la negociación de partidas. En ese rubro, la administración que encabeza Osvaldo Jaldo parece haber sacado ventajas con relación a otros distritos por sus buenos vínculos con la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la falta de previsibilidad aparece como la contracara en un escenario que se repite por segundo año consecutivo.
Pese a haber sido presentado en tiempo y forma, el Congreso de la Nación no logró aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 enviado por el Gobierno de Milei. A fines del año pasado, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar nuevamente el presupuesto aprobado en 2023 durante el último año de la gestión de Alberto Fernández. Esta medida se formalizó mediante el Decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial.
La prórroga del presupuesto no es un hecho nuevo en la vida institucional argentina, pero es la primera vez que la medida se concreta en forma consecutiva por segundo año. En Argentina, la Constitución otorga al Congreso la atribución de fijar anualmente presupuesto de la administración. Las prórrogas aparecen como recurso excepcional pero su aplicación se ha vuelto frecuente al punto que se registraron cuatro en los últimos 15 años.
Aumento discrecional
Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre el último presupuesto aprobado por el Congreso en 2022 y la actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante Decretos de Necesidad y Urgente y Decisiones Administrativas. Si los aumentos hubieran sido proporcionales a la inflación, asegura esa organización, se habría respetado la distribución original aprobada hace dos años. Sin embargo, al realizarse de forma discrecional, el Poder Ejecutivo determinó las asignaciones según sus propios criterios, sin debate legislativo.
En 2022, la información oficial del Ministerio de Obras Públicas dio cuenta de una inversión $90.857 millones en Tucumán para la ejecución de 314 obras y proyectos. Entonces, la sintonía con la administración nacional tenía a Juan Manzur como vértice desde la Jefatura de Gabinete. La proyección de previsiones financieras para Tucumán se mantuvo en 2023, en el último año de la administración de Alberto Fernández, el Plan Nacional de Inversiones Públicas para el período 2023-2025 incluyó la construcción del Acueducto Vipos con una inversión de $5.600 millones. La llegada de Milei a la Casa Rosada suspendió todos los proyectos de infraestructura. A fines del año pasado, Jaldo firmó convenios con Nación para recuperar parte de esas iniciativas caídas. Antes había gestionado la llegada de partidas para reflotar la construcción de la cárcel de Benjamín Paz. En uno y en otro caso, las remesas se consiguieron en negociaciones mano a mano con funcionarios de la Casa Rosada.
Según consultoras privadas, Tucumán se encuentra entre las diez provincias que han recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el comienzo del gobierno de La Libertad Avanza. Misiones encabeza el listado con $ 13.000 millones, seguida por Entre Ríos con $ 6.800 millones. Tucumán ocupa el tercer lugar con $ 6.500 millones. Jaldo repitió, en varias oportunidades, que esto solo podía explicarse en la buena relación que mantiene con la administración nacional.
Pérdida por inflación
El presupuesto que hoy está vigente es una prorroga del 2023. Dos años después, los montos originalmente aprobados por el parlamento nacional han perdido poder de compra con relación a los precios. Las actualizaciones han implicado modificaciones que elevaron el crédito inicial en más de un 58 %. Según el trabajo realizado por ACIJ, Las partidas aprobadas para el año 2023 equivalen tan solo al 30% del presupuesto vigente al cierre de 2024.
El Gobierno asegura que está dispuesto a llamar a sesiones extraordinarias para debatir el cálculo de ingresos y egresos. El 2025 transitará entre el año electoral, las demandas crecientes de inversión pública por parte de las provincias, el objetivo del déficit cero y la anunciada continuidad de la motosierra a la par de promesas de tener solo buenas noticias. Todo está por verse.
“Complicaciones que ya son costumbre”
Gabriel Slavinsky, consultor político
La falta de aprobación del presupuesto nacional en el Congreso tiene un impacto directo y profundo en las provincias argentinas, particularmente en momentos de fragilidad económica. Si bien esto puede ser leído políticamente como la incapacidad del gobierno nacional de llegar a acuerdos, también le otorga una carta de negociación constante a su favor, porque es el dueño de la “billetera” más grande y podrá repartir fondos discrecionales como le plazca.
Este escenario genera algunos ganadores y otros perdedores, o mejor dicho algunos que podrían beneficiarse y otros ser perjudicados ya que la, la ausencia de un presupuesto aprobado significa que el Gobierno nacional debe operar con una prórroga del presupuesto anterior, lo que limita su capacidad para reasignar recursos y ejecutar obras o programas específicos. Para las provincias, esto implica una mayor incertidumbre en el flujo de fondos coparticipables y en las transferencias discrecionales.
Tucumán, que depende, en gran medida de los recursos nacionales, podría enfrentar complicaciones para financiar obras de infraestructura o programas claves. Y pasará a depender mucho más de la voluntad de articulación y negociación del gobernador con el jefe de gabinete o el mismo ministro de Economía.
Este contexto puede generar tensiones entre las provincias y el gobierno central, pero también entre los propios gobernadores, al competir por los recursos disponibles. Esa imprevisibilidad se transforma en disputa, tensión y complicaciones para los jugadores alrededor de la mesa de las decisiones, algo que, en Argentina, lamentablemente ya es costumbre
“Sin certezas”
Pablo Pero, economista UNT
Las instituciones están hechas para generar certidumbre, para que se respeten los derechos de cada parte. Que no haya presupuesto es perder una institución y es perder certidumbre. Y eso nos dice muchísimo.
El dato interesante para considerar son las diferencias entre Javier Milei y el resto de los líderes políticos. Sin presupuesto, el actual presidente estaría consiguiendo dar más certidumbre de estabilidad y de equilibrio fiscal que cualquier gobierno anterior.
Creo, por otra parte, que se está perdiendo una oportunidad histórica para mejorar la relación fiscal de la nación con las provincias. Con un presidente que no tiene una estructura territorial que cuidar y con provincias que no le deben nada, se da la ocasión especial para un escenario donde cada parte interesada negocie desde otro plano. Pero, lamentablemente, eso no ocurre.
“Habrá más tensión”
Alexandra Morales, politologa
Si se consideran las buenas relaciones del presidente Javier Milei con la gestión de Osvaldo Jaldo, podríamos concluir que Tucumán puede tener alguna ventaja con la no sanción del Presupuesto 2025. Pero no podemos dejar de considerar que este será un año electoral y que habrá más tensiones entre espacios políticos. Allí pueden profundizarse las diferencias y eso impactará en la negociación por las partidas.
En términos institucionales, hay que decir que la falta de sanción de la denominada “Ley de Leyes” es una debilidad para nuestro país. No hay una hoja de ruta del rumbo económico, al menos no una explícita, y eso suma incertidumbre. También se profundizan las dificultades para controlar la forma en la que administran los recursos del Estado porque el Gobierno tiene más potestades para disponer de partidas.
Voces de diputados
Pablo Yedlin, Unión por la Patria
La no sanción del presupuesto nacional favorece la discrecionalidad y es, claramente, lo que buscó el Gobierno. En Tucumán, hay quienes podrán decir que esto favorece a la Provincia por las buenas relaciones que se mantienen con el presidente, pero esto es relativo. Lo más grave es que no hay posibilidades de controlar lo que hace el Poder Ejecutivo, con el agravante de que 2025 será un año electoral.
En el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, y que no llegó a ser tratado, no estaban previstas obras de envergadura para nuestra provincia. La postergada autopista Tucumán - Termas de Río Hondo, por ejemplo, no había sido contemplada aún en la iniciativa que querían aprobar a libro cerrado. Tampoco había mención a obras hídricas o de saneamiento.
Hay sectores cuya situación no solo no mejorará, sino que podría empeorar. Jubilados y universidades van a seguir con recortes. En Salud, no están previstas partidas para vacunas que deberían incorporarse al calendario nacional.
Roberto Sánchez, UCR
El Presupuesto es una herramienta fundamental para la gestión de la cosa pública. No es solo una declaración de principios, en su definición contiene la hoja de ruta del gobierno y es también una herramienta para monitorear la marcha de la administración. No es bueno para la República que sigamos sin esa norma por segundo año consecutivo.
Claramente, Tucumán pierde mucho con la falta de la denominada “Ley de Leyes”. Hay proyectos largamente postergados que seguirán sin financiamiento. Nosotros hemos planteado nuestros reparos sobre la parálisis total de las obras públicas. Esto debe revertirse con planificación. Las rutas nacionales, por ejemplo, necesitan mantenimiento y mejoras urgentes. De eso depende, la producción y la economía de todo el interior.
Nuestra intención es acompañar el equilibrio fiscal, pero sobre reglas claras y que no dejen afuera a los sectores más vulnerables. El Estado debe contemplar a los jubilados y no desfinanciar a las universidades públicas.
Mariano Campero, UCR
No tener un presupuesto sancionado no es lo mejor, pero es una alternativa razonable para un gobierno que ha fijado metas muy claras para el rumbo del país. En el Congreso, hay sectores que buscan sumarles golpe al presidente Javier Milei.
Claramente, en el debate parlamentario se iba a buscar una derrota política del gobierno. Históricamente, la negociación del Poder Ejecutivo con los gobernadores implicaba un impacto en las cuentas públicas equivalente a casi 4 puntos del PBI. Cuando el objetivo es equilibrar las cuentas y sostener la baja de la inflación, ese camino es inviable.
La gestión de Javier Milei tiene en su hoja de ruta el crecimiento del país. El Presupuesto que envió al Congreso refleja esa idea. Se garantiza el financiamiento para jubilados y pensiones, también para las universidades. Pero la obra pública queda condicionada a las mejoras en la economía que ya se están dando. Otra meta es bajar impuestos, hacia eso vamos.
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