La ruta y el negocio del cannabis se modificó al transformarse el NOA en centro de producción

El tráfico de marihuana se volvió un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Tucumán, al igual que toda la región, se transformó en un centro de producción de cannabis y, de esa manera, modificó la ruta narco. En lo que va del año, en los caminos del NOA se secuestraron más de 1.600 kilos de cannabis; casi tres veces más que lo incautado de los alrededor de 600 decomisados el año pasado.

Pero las cifras son más importantes si se tiene en cuenta la cantidad de marihuana incautada por la Policía de Tucumán. En 2023 fueron poco más de 170 kilos mientras este año supera los 245 kilos. A esa cifra se le debe sumar los 52 kilos que secuestró Gendarmería Nacional en estas tierras, de las cuales, 50 kilos tenían como destino nuestra provincia.

Los especialistas reconocen que el negocio cambia permanentemente y que el “faso” no es la excepción. Hablan de un modelo similar al origen de la cocaína y aseguran que es un método casi artesanal. Los bagayeros son los encargados de ingresarlo al país caminando o en moto y luego se la transporta a los puntos finales en auto, encomienda y micro. Gendarmería no informó en todo 2024 haber encontrado cannabis en tours de compras, cuando sí decomisaron 305 kilos de cocaína. Ese dato surge en un año en el que quedó al descubierto que los integrantes de la fuerza habrían recibido soborno por parte de los organizadores de viajes para evitar ser controlados.

“Somos conscientes de lo que sucede en el NOA y por eso se está fortaleciendo el Operativo Lapacho. Con este plan se evitó la llegada de más de 130 kilos de marihuana a la provincia”, aseguró el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib. “En 2025 vamos incrementarlo con controles en caminos alternativos”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Advertencia

Después de la pandemia, los organismos internacionales habían advertido sobre la presencia de cárteles colombianos y mexicanos en Perú y Bolivia. No sólo informaron el notable crecimiento de las zonas dedicadas al cultivo de la coca (materia prima de la cocaína), sino que informaron sobre la producción de otros estupefacientes, como la marihuana y las drogas sintéticas.

Muy pocos escucharon esa advertencia. Hoy los números dejan al descubierto cómo es la ruta del cannabis en la región. De los más de 1.400 kilos decomisados en 2024, unos 700 partieron de Bolivia, otros 300 de distintas localidades de Salta y casi 400 de Orán, que es el “shopping” de estupefacientes del NOA. En total, más del 80% del envío de “faso” descubierto durante este año tuvo origen en esos tres puntos.

Históricamente los narcos trasladaban desde las provincias del litoral la marihuana que provenía de Paraguay, principal productor de Sudamérica. Pero esta tendencia está modificándose. Fueron tres los procedimientos importantes que hizo la Policía de marihuana en lo que va del año que demuestran cómo están cambiando las cosas.

En un tour de compras que provenía de Orán, los policías descubrieron 61 kilos de marihuana; después 30 kilos que eran transportados por una mujer desde la capital salteña y, por último, 10 kilos que estaban ocultos en una casa. Esta última es la única que parecía haber sido traída del NEA. Es decir, más del 80% provenía del NOA.

Línea gris

El Registro de Productores de Cannabis nació como una herramienta para facilitar y controlar la producción de marihuana. Pero terminó transformándose en un dolor de cabeza para el Estado.

A saber, cualquier persona que justifique una enfermedad, puede cultivar cannabis. La norma autoriza a tener hasta nueve plantas florecidas y transportar hasta 40 gramos o seis goteros de 30 mililitros cada uno. También se puede conseguir la autorización para que un tercero o una fundación realice el cultivo a su nombre.

Esta ley entró en vigencia supuestamente para evitar confusiones y problemas, pero eso no ocurrió. El Estado no tiene la capacidad para firmar las autorizaciones o renovar las ya otorgadas. Esta falla no hizo otra cosa más que alimentar la ilegalidad.

Por un lado, aumentaron los cultivadores que siguen produciendo para no interrumpir el tratamiento. “Tengo un hijo con autismo y el aceite que le producimos le cambió la vida a él y a toda la familia. ¿Cómo voy a dejar de hacerlo porque el Estado no cumple?”, explicó Juan, padre de un adolescente. Julio, padece de un reuma crónico y cuando los dolores se hacen insoportables, fuma cannabis. “Nunca encontré mejor calmante que ese. Necesito poder llevar una vida sin sufrimiento. ¿Qué culpa tengo yo de la burocracia estatal?”, explicó.

“No hay ninguna persecución contra los productores. Nuestra obligación es controlar. Sólo se les secuestra las plantas a las personas que no están autorizadas o que exceden lo estipulado por la norma”, agregó Dib.

A principios de este mes, en un domicilio de Las Talitas, personal de la Didrop Norte encontró en una casa 600 plantas de marihuana. Cuando la fuerza descubre una plantación de estas características, los cultivadores presentan los permisos correspondientes ante la Justicia Federal, que definirá si son legales o no.

En este caso nada de eso ocurrió y las autoridades siguen investigando de quién eran esos ejemplares. Los especialistas sostienen que con cada planta se pueden obtener hasta dos kilos de flores de marihuana. Entonces, con lo decomisado, los propietarios de este emprendimiento podrían haber lanzado a la calle 1.200 kilos.

En lo que va del año, según fuentes oficiales, unas 2.630 plantas en diferentes procedimientos, lo que representa un incremento de casi el 50% con respecto al año pasado. Las organizaciones y defensores de la cultura cannábica sostienen que se debe a una mayor persecución policial contra los productores autorizados. Los funcionarios realizan dos lecturas. La primera, hay una mayor demanda por los problemas que tiene el Reprocann para otorgar las licencias. La segunda, los transas se dieron cuenta que pueden obtener más dinero vendiendo un gramo de flor de marihuana que de cocaína, sin contar que es mucho más fácil producirla en el fondo de la casa que transportarla de otra provincia. Hay otro dato no menor: según las estadísticas de Gendarmería, en 2023 decomisaron cuatro kilos de cannabis que habían partido desde Tucumán, y este año fueron 17 kilos; es decir que tuvo un incrementó del 400%.

El valor del gramo de flor se cotiza entre los $4.500 y $8.500, según la calidad. Los 25 gramos de prensado paraguayo no superan los $30.000. El negocio es redondo. Sólo para entender: los casi 270 kilos secuestrados en Tucumán, en la calle tiene un valor promedio de $1.755 millones.