La larga pulseada por Las Pirámides

Cuando la Justicia bajó el martillo confirmando la condena a un año de prisión condicional contra Próspero Marcelo Sosa por desobedecer una orden de un juez, quedó una imagen extraña. El condenado, Sosa, salió sonriendo. Los acusadores –tanto el fiscal federal Agustín Chit como el abogado de la UNT, Máximo Castro- dejaron con cara seria la sala de audiencias.

Sosa, encaramado en su tesitura de que por haber vivido siempre en el predio de la zona sur del parque Sierra de San Javier tiene derecho de posesión, dice que irá por más. Ya no pretende 4.600 hectáreas, sino que podría empujar para hacerse de las 14.130 hectáreas del terreno universitario. Del otro lado está la UNT, que tras haber presionado por todas las partes posibles para recuperar esa parte del parque, colonizada por Sosa en el barrio privado Las Pirámides en el km 28 de la ruta 338, ha quedado con la sensación de que el fallo judicial fue una victoria pírrica.

Los ocupantes ilegales del parque

Ese barrio es ya un severo problema para la Universidad. Sosa vive ahí desde siempre. Su familia estaba en esos terrenos que hasta 1948 pertenecieron a la familia Paz Posse y que fueron expropiados por la Nación para entregárselos a la UNT. Esta, en tiempos del ex rector Hocario Descole, comenzó a hacer en el cerro su hoy inconclusa Ciudad Universitaria.

La UNT no expulsó a la gente que ya vivía en distintas partes de esas 18.000 hectáreas expropiadas (con las mediciones actuales quedaron 14.130 ha) sino que les permitió quedarse e incluso muchas gente pasó a trabajar en la Universidad. Así ocurrió con los habitantes del barrio que está junto al CAPs de Horco Molle, con gente en la zona de Tapia y con el mismo Sosa. Pero inició reclamos con quienes no terminaron de entregar los terrenos –hace poco se resolvió el conflicto de siete décadas con la familia Colombres Garmendia en Las Tipas, en Tapia- y les puso trabas legales a quienes pretendían extenderse en los terrenos, como pasó con los hijos y nietos de los residentes del barrio de Horco Molle que querían construir nuevas casas.

En este barrio, para frenar la expansión, se ha puesto una línea de energía comunitaria y se los conminó a que no pretendan tramitar títulos de propiedad de los terrenos que ocupan. En Tapia hay aún una querella contra un ocupante ilegal, Carlos Antonio Torres, que ha intentado hacer negocios con predios del parque. También hay algunos ocupantes que la UNT trataba hace tiempo de identificar.

Según el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, en 2018 se estimaba, a partir de un relevamiento realizado por los guardaparques, que había unas 1.500 personas viviendo en el extenso parque que ocupa una amplia extensión del cerro tucumano, entre Villa Nougués (al sur) Horco Molle -Yerba Buena y Tafí Viejo (al este), La Sala (al oeste) y Raco y Tapia (al noroeste). Había entonces unas 200 casas, contando las 135 de Horco Molle y la estimación de que en Las Pirámides había unas 34 viviendas.

De rebelde a problema

Pero Sosa, que a fines de siglo había dado señales de rebeldía ya entrada la nueva centuria se convirtió en un problema serio. Ya no pretendía que lo dejen vivir ahí con algún acuerdo precario, sino que apuntó a la posesión. En 1998 fue denunciado por la UNT por usurpación pero la causa se cayó 10 años después por falta de seguimiento de la acción penal. Sosa fue sobreseído por el entonces juez federal Raúl Bejas y él comenzó su proyecto de barrio privado, que para 2018 ya tenía las primeras casas. Según dijo su hijo, Marcio Sosa, a LA GACETA en 2019, comenzaron vendiendo 60 terrenos.

La UNT tomó conciencia de lo que pasaba en 2018 cuando hubo un incidente con excursionistas en la zona llamada El salto de la corzuela, que está al oeste del parque junto al río San Javier. Allí hombres armados les dijeron a los visitantes que eso era propiedad privada.

Entonces la Universidad, al tiempo que iniciaba tareas para ordenar su patrimonio, querelló nuevamente a Sosa, por reivindicación, para recuperar el predio, cuando ya había unas 21 casas construidas. Luego lo denunció por seguir con el emprendimiento, talar árboles y depredar el bosque nativo, considerado zona roja ambiental. La justicia concedió un amparo y ordenó a Sosa suspender de inmediato, toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector. Después se probó que las construcciones seguían y eso derivó en el juicio por desobediencia a la orden del juez, por el que esta semana fue condenado a un año de prisión condicional y a pagar $ 30 millones.

Lejos de la civilización

Él no se inmutó. En los dos días de proceso se allanó a la Justicia pero al mismo tiempo le negó potestad para juzgarlo a él, que vive en allá en el cerro semialejado de la civilización, ni tan bueno como el paraíso de “Walden”, ni tan malo como el ambiente de “El corazón de las tinieblas”. Indiferente a las presiones de la UNT, que ya ha logrado que Catastro rechace los pedidos de incorporación de dominio en ese sector y que EDET y la SAT se comprometan a no aportar líneas de energía ni suministro de agua. La gente que vive en Las Pirámides tiene un medidor de luz comunitario y recibe agua de un camión que lleva la comuna de San Javier. Sosa dice que eso ya se va a arreglar, en cuanto baje el conflicto y con eso les pide tranquilidad a las 56 familias que ya viven ahí.

Causas pendientes

“Sabíamos que la pena era baja, un año, pero la UNT aspiraba a las cautelares para el cumplimiento de la condena”, dijo el abogado Castro, refiriéndose al pedido que habían hecho, acompañando al fiscal federal Agustín Chit de que se demoliera las viviendas construidas desde 2018. La justicia rechazó eso. También habían pedido que se pusiera un destacamento de Gendarmería en la entrada. También fue rechazado.

El juez Sebastián Diego Argibay, eso sí, advirtió que si Sosa no cumple con la sentencia se va a revocar lo de condicional y podría ir a prisión de verdad. Pero eso ha de ser un trámite largo. Habrá que probar eso. Para llevar a juicio la desobediencia anterior pasaron seis años. Sosa lo tiene claro: “Todo ese terreno, las 14.000 hectáreas son mías, y van a ser mías diga quien diga lo contrario. Voy a denunciar a todos. A los jueces, a la Corte, al gobernador y hasta al Papa, que también tiene responsabilidad en todo esto”, dijo.

Por otro lado está la causa civil de reivindicación –que se tramita en el juzgado del juez federal José Manuel Díaz Vélez- y la investigación penal que está llevando a cabo el fiscal Chit por nueva supuesta usurpación y la alteración del medio ambiente.

¿Cómo se resolverá la pulseada? Difícil saberlo. La UNT dice que está decidida a avanzar y ya ha logrado trabar por varios flancos al emprendedor. Pero Sosa, que a las 70 casas que ya tiene construidas podría agregarles muchas más, como dice el abogado Castro, “es un incumplidor serial”.