La nueva cárcel de Benjamín Paz

La definición de la política criminal desde el Estado es una prioridad indiscutible, más en tiempos cuando una de las principales preocupaciones de los ciudadanos está relacionada con la seguridad. Y dentro de un universo de acciones, lo referido a lo carcelario es fundamental y, al mismo tiempo, un campo extremadamente delicado que los gobiernos suelen evitar abordar.

La reciente inauguración del complejo penitenciario en la comuna de Benjamín Paz, en una propiedad del Gobierno de Tucumán a 54 kilómetros de la capital, significa un cambio notable a lo que venia sustanciándose. Desde el Poder Ejecutivo se la anunció como “la mayor obra carcelaria realizada en Tucumán en los últimos 100 años”, y se destacó que su construcción “respeta los nuevos paradigmas del diseño penitenciario abierto tipo campus”. El predio ocupa unas 130 hectáreas, con 18.000 m2 edificados en las que se invirtieron más de $25.000 millones. Aparte de las celdas, hay espacios de trabajo, áreas recreativas y de culto, deportivas, educativas y biblioteca. Aún resta levantar más del 30% del proyecto original, según trascendió.

A poco de andar, los familiares de los detenidos en ese penal se quejaron sobre la calidad de la comida, la falta de medios para higienizarse y descansar, y las restricciones para las visitas; temas relacionados con el cumplimiento del precepto constitucional de que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. La respuesta institucional no tardó en llegar, desde el gobernador Osvaldo Jaldo (abrió la posibilidad para traslados al sur del país) hasta el secretario de Seguridad de Tucumán, Gustavo Vizcarra, quien aseveró que en el penal   de máxima seguridad se sirven “cuatro comidas diarias, hay servicios médicos y las comodidades necesarias”.

Bienvenida la idea de descomprimir la sobresaturada población en comisarías, donde no debería haber ningún detenido por más de unos cuantos días hasta su traslado a una cárcel. Liberar esos espacios no debe ser para llenarlos con nuevos ocupantes sino para darles otro destino. Menos que menos mantener los sitios en las condiciones actuales de deterioro que se confirman frecuentemente ante cada recorrida que se hace desde autoridades judiciales o administrativas. Al contrario, la adecuación de esos lugares permitirá darles el destino correcto; y que las celdas cumplan con las condiciones mínimas de alojamiento transitorio para las que fueron pensadas originalmente.

Asimismo, reasignar a los policías afectados a la custodia de quienes estaban ubicados allí, debe repercutir en más presencia en las calles para las tareas en las que están especializados. La formación del personal penitenciario tiene aspectos específicos, que los difieren de los agentes de seguridad, reconoció el comisario general (retirado) Antonio Quinteros,  Director General del Servicio Penitenciario Provincial. “Indudablemente, la Policía no está preparada para realizar el tratamiento penitenciario que los internos necesita. Al alojar a los detenidos en este penal, estamos liberando personal policial cuya misión fundamental es la prevención del delito y brindar la tranquilidad en el orden público. Es una forma de hacer prevención”, sostuvo en el acto de inauguración del complejo. El año que se inicia en breve será una prueba de fuego para comprobar si todo lo diseñado se cumple.