25 Diciembre 2024
La crisis de pobreza e indigencia en Argentina: "la baja de la inflación no es suficiente"
En su último informe, la organización TECHO destacó la reducción de los indicadores oficiales, pero advirtió que "las condiciones de vida precarias" inciden en el núcleo estructural. El desfinanciamiento de Nación.
LOS MÁS VULNERABLES. Pobreza estructural en el país. ARCHIVO
Los alarmantes niveles de pobreza e indigencia que afectan a Argentina continúan siendo una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al primer semestre de 2024, más de la mitad de la población vivía en situación de pobreza, y el 18,1% enfrentaba condiciones de indigencia. La situación ha sido aún más grave para los niños y niñas menores de 14 años: dos de cada tres han crecido en hogares que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano nacional para el tercer trimestre de 2024 prevén que el nivel de pobreza por ingresos alcanzará un 38,9%, mientras que la indigencia se mantendrá en un 8,6%. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, estos números son casi idénticos a los registrados en el mismo período de 2023, lo que refleja una persistente crisis estructural.
En su último informe "Mirada sobre panorama social y desafíos estructurales", la organización Techo Argentina señaló que la desaceleración de "la inflación ha tenido un impacto positivo en la capacidad de compra de los sectores más vulnerables". En particular, de acuerdo con el análisis, "la inflación en alimentos, que es crucial para las canastas de pobreza e indigencia, fue menor que la inflación general, y las transferencias sociales, como la Asignación Universal por Hijo, contribuyeron a mitigar los efectos de la crisis".
"Sin embargo, estos avances no son suficientes por sí solos. Es imprescindible que se acompañen con una inversión significativa en infraestructura social y comunitaria para lograr una reducción real y sostenida de la pobreza", advirtió.
Una crisis estructural
Techo hizo hincapié en que, en los últimos 30 años, la tasa de pobreza en Argentina nunca ha sido inferior al 25%. Este dato no sólo es alarmante por las dificultades económicas que genera, sino también por el núcleo estructural de personas que permanecen atrapadas en ese segmento. "La medición tradicional de la pobreza por ingresos sólo refleja una parte del problema, que se extiende a una serie de condiciones de vida precarias y excluyentes", aclaró.
En el país existen 6.467 barrios populares, donde habitan alrededor de 1 millón de familias que carecen de acceso a servicios básicos, como agua potable, gas o cloacas. Además, el 70% de estos barrios se encuentra cerca de focos de riesgo ambiental, como basurales y cuerpos de agua contaminados, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad.
Esta situación requiere una respuesta integral que considere la planificación urbana, la provisión de servicios básicos y la generación de empleo de calidad. La igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible demandan políticas públicas a largo plazo que trasciendan las soluciones momentáneas, consignó.
El desfinanciamiento
La falta de financiamiento para la política de integración social y urbana en 2024 presentó un panorama aún más crítico. Por primera vez desde su creación, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) sufrió un recorte significativo. A través del Decreto 193/2024, el gobierno de Javier Milei redujo la asignación de fondos provenientes del Impuesto PAIS, del 30% al 0,3%, lo que afectó directamente a los barrios populares. Esta herramienta, reconocida internacionalmente, había sido pionera en la región y clave para la implementación de la Ley 27.453.
El desfinanciamiento del FISU ha paralizado más de 1.000 obras de integración socio-urbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y dejando a miles de familias sin acceso a garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad.
"La falta de inversión abre la puerta a actores ilícitos como el narcotráfico, que aprovechan la situación para ganar terreno en los sectores más vulnerables. Además, la interrupción de estas obras retrasa la mejora de las condiciones de vida en los barrios populares, no solo a nivel material, sino también social, al frenar la creación de empleo local y el fortalecimiento del tejido comunitario", consideró el informe.
Desafíos
Techo destacó que abordar la pobreza en Argentina de manera efectiva requiere una estrategia que combine estabilidad macroeconómica con una política de integración socio-urbana sostenible. Esta debe ser una política de Estado, que no dependa de los cambios de gestión y que priorice la inversión pública en los territorios donde los mecanismos de mercado no aseguran el acceso a derechos fundamentales.
Como alternativa, planteó que es esencial fortalecer la cooperación entre municipios, provincias y la Nación, con un enfoque tanto local como federal.
"La inversión en los barrios populares no sólo atiende una emergencia habitacional, sino que representa una oportunidad para generar desarrollo y equidad. Para que la libertad sea posible y real, es fundamental garantizar un piso mínimo de necesidades satisfechas: un lugar digno para vivir, agua potable, calles por donde transitar y acceso a servicios esenciales. Construir este piso básico no es solo una tarea urgente, sino una responsabilidad colectiva que el país debe asumir con la mayor celeridad", finalizó el análisis.
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