La jueza María Carolina Ballesteros formuló planteos y recusaciones ante el Jury

La jueza María Carolina Ballesteros, a través de su abogado Gustavo Morales, formalizó una batería de planteos en su contestación ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que lleva adelante el proceso de remoción iniciado a partir de la presentación del abogado Mario Leiva Haro.

Entre otros puntos, la magistrada objetó la conformación del Jury; cuestionó la incorporación de cargos al trámite; y anticipó su decisión de solicitar la citación como testigos de altos funcionarios del Poder Judicial de Tucumán.

Los escritos estuvieron dirigidos a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Eleonora Rodríguez Campos, cuya participación en este expediente también fue discutida por Ballesteros.

En un primer texto, de 187 páginas, la defensa de Ballesteros recalcó que está en trámite la acción declarativa de constitucionalidad planteada ante el máximo tribunal provincial para objetar distintos aspectos del Jury, incluyendo la suspensión del proceso de remoción. Además, aseguró que la propia ley de conformación del tribunal -compuesto por representantes de distintos poderes y estamentos- es contraria a normativas superiores y afecta “de modo grave y sustancial los principios republicanos de legalidad y división de poderes”, dado que -entre otros puntos- “existe una hegemonía total y absoluta del estamento político” por la participación mayoritaria de legisladores de un cuerpo colegiado unicameral. A la vez, reprochó la presencia de un representante del Poder Ejecutivo y la ausencia de una voz por parte de los magistrados. “El sector político cuenta con un dominio hegemónico porque cuenta con quórum propio y de las mayorías necesarias para adoptar cualquier decisión del Jurado de Enjuiciamiento (...), sin recurrir a consenso con los otros estamentos para decidir un eventual remoción, lo que contradice la manda constitucional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó.

En otro punto, requirió la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de integración del Jury por la participación de Rodríguez Campos y de otros tres miembros, Javier Morof (secretario de Planeamiento del PE), del legislador Tomás Cobos y de la abogada Silvia Ana Peyracchia. En cuanto a la vocal de la CSJT, señaló “el grado de consanguinidad con el ministro fiscal Edmundo Jesús Jiménez, ya que es hija de la hermana” del titular del Ministerio Público Fiscal. “Jiménez no sólo tiene un interés directo en el resultado de este proceso por ser denunciante en el segundo cargo, sino que ha exteriorizado públicamente una enemistad manifiesta hacia Ballesteros desde 2019, cuando fue la jueza a cargo de la investigación del ministro fiscal por el delito de asociación ilícita”, argumentó Morales.

En un apartado posterior, el abogado remarcó que “varios legisladores que integran la comisión de Juicio Político, hoy constituida en comisión acusadora, cuentan con causas en trámites por delitos sumamente graves”. Entre ellos, mencionó al peronista José Fernando Orellana, y recordó que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidió rechazar un recurso que había presentado su defensa en la causa sobre abuso sexual. “Resulta alarmante la cantidad de legisladores en franca infracción a una prohibición legal”, indicó Morales. Por ello, insistió con que se declare la nulidad de todo el proceso tramitado contra Ballesteros.

En otro escrito, de 34 páginas, la magistrada requirió a través de su defensa la citación a declaración testimonial de los fiscales José Augusto Zapata e Ignacio López Bustos, por considerar que la normativa no incluye a los representantes del MPF entre los funcionarios con la prerrogativa de testificar “en sus públicos despachos”. Y anticipó que también se va a solicitar esto “respecto del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y del ministro fiscal, Edmundo Jesús Jiménez”, a los fines de que “se garantice el derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos de cargo”.

En paralelo, la magistrada planteó la excepción de inconstitucionalidad del artículo 34 de la ley 8.734, que regula el Jury, para objetar la posibilidad de producir pruebas de oficio, por interpretar que esto afecta “el principio de igualdad de armas”.

En una tercera nota, de 10 páginas, la jueza cuestionó específicamente la participación del legislador Orellana en el trámite, en su carácter de miembro de la comisión de Juicio Político, debido a “la pena de inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos” dictada en contra del oficialista en la causa de abuso sexual. “Se advierte un vicio absoluto e insubsanable - no susceptible de convalidación- en la integración del órgano acusador”, indicó Morales, quien incluyó en todos los casos la reserva de caso federal.