Hace 8 Hs
La paz de la mañana de El Mollar volvió a destruirse con la presencia de una gran cantidad de policías acompañando a funcionarios del Gobierno. Su presencia se debía a una sola razón: notificarlos por última vez de que debían abandonar las tierras que ocuparon ilegalmente. Pero los agentes del Estado se llevaron una sorpresa: pese a que una medida cautelar, muchos no sólo no abandonaron las tierras fiscales, sino que además desoyeron la orden de suspender todas las construcciones y modificaciones que alteraron la zona.
A fines de octubre, funcionarios de distintas reparticiones descubrieron que desconocidos se estaban apropiando de una parte de la Reserva Natural de la Angostura. Los terrenos ocupados no sólo eran para construir viviendas y realizar loteos ilegales, sino que también se detectaron emprendimientos comerciales.
La Policía realizó varios operativos en los que eliminó postes y alambrados y también derrumbó casas de materiales y paredes que se estaban edificando.
La cacique Margarita Mamaní acusó al Gobierno de querer apoderarse de lo que legalmente le pertenecía a la comunidad. “Son nuestras por derechos ancestrales”, dijo en más de una oportunidad.
También se detectó que un particular, que había conseguido una autorización para pastoreo de animales, había decidido vender parcelas de ese lugar. Como si eso no fuera poco, se confirmó que delegados comunales habían otorgado autorización para que los habitantes de la zona construyeran allí sus viviendas.
La fiscala de Estado Gilda Pedicone de Valls presentó un reclamo ante la Justicia para que ordenara el desalojo de esas tierras. Entre otras pruebas, presentó los mapas de la reserva en la que claramente se observaban que los señalados se estaban instalando o utilizaban las tierras fiscales sin ninguna autorización. También enviaron documentación aportada por la Dirección General de Catastro en la que señalaba que las tierras en pugna no pertenecían a la comunidad indígena porque eran propiedad del Superior Gobierno de la Provincia.
“Con los elementos de juicio aportados hasta aquí y con la provisoriedad propia de esta etapa inicial del proceso, considero que en este caso concurren los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora con intensidad suficiente para suscitar una intervención cautelar dirigida a conseguir el objetivo primordial de proteger el medio ambiente que se alega comprometido”, explicó la jueza María Felicitas Masaguer, vocal presidente de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa.
La medida que se concretó ayer consistía en realizar la tercera notificación a los ocupantes. Con este trámite, según los plazos legales, una vez que termine la feria judicial de enero, la Justicia estaría en condiciones de solicitar el desalojo de los ocupantes ilegales. Entonces habría novedades a partir del 1 de febrero.
Pero al haberse descubierto que había personas que estaban avanzando en las edificaciones, decidieron denunciarlas penalmente por desobediencia judicial. Esto significa que habrá un nuevo expediente por estas usurpaciones.
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