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Manuel Adorni, vocero presidencial. CAPTURA DE VIDEO
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este martes que el gobierno de Javier Milei ha dado de baja más de 2.400 contrataciones irregulares que se mantenían desde hace décadas a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Además, la administración libertaria resolvió eliminar 1.796 pensiones por invalidez otorgadas en la provincia de Chaco. Según la versión oficial, no cumplían con los requisitos establecidos o eran fraudulentas, de acuerdo con una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En su conferencia habitual en la Casa Rosada, Adorni explicó que los contratos gestionados por Acara habían sido mantenidos fuera de los mecanismos establecidos por el sistema nacional de empleo público durante años. Estos contratos fueron finalmente rescindidos por el Ministerio de Justicia nacional.
El funcionario también destacó que se suprimieron los pagos de incentivos al personal del Ministerio de Justicia, los cuales, inicialmente pensados para capacitar a los empleados, se convirtieron en una parte fija de los salarios sin justificar una contraprestación. Este gasto, que alcanzaba los $15.600 millones anuales, también fue eliminado como parte de la optimización de recursos, consignó el sitio de noticias "Ámbito".
En otro anuncio significativo, Adorni detalló que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, puso fin al desembolso desde 2019 de más de $11.000 millones anuales por las capacitaciones obligatorias para obtener la licencia de conductor profesional, que estaban a cargo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ahora quedará abierta a otras entidades.
Respecto de las pensiones por invalidez, Adorni fundamentó que una auditoría realizada por Andis en la provincia de Chaco detectó irregularidades en el 70% de los casos. De un total de 2.344 beneficiarios, solo 365 cumplían con los requisitos para acceder a las pensiones, lo que implica que siete de cada 10 pensiones no cumplían con los criterios establecidos o eran fraudulentas.
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